Aunque su mandato expiraba en agosto, el Tribunal Supremo presidido por Estanislao Duffei, entregó su renuncia ante el Consejo Nacional para que los nuevos miembros electos ayer se constituyan desde ya como el nuevo Tribunal Supremo del Partido Por la Democracia.
Los consejeros nacionales agradecieron el gesto y aplaudieron la gestión realizada por el Tribunal Supremo en momentos difíciles para el PPD.
Seis mujeres y siete hombres fueron elegidos ayer:
-Fernando Ayala, Embajador, actual Director de Protocolo de la Cancillería.
-Beatriz State, Arquitecta, Secretaria General del Tribunal Supremo hasta ayer.
-Alicia Barrera, Abogada, ex Secretaria General del PPD 2003-2006
-Adolfo Galindo, Joven Abogado, integrante del Tribunal hasta ayer.
-Paulina Correa, Abogada, Magíster en Ciencia Política.
-Pedro Mattar, Abogado, fue Fiscal Nacional Económico, ex Presidente del TS.
-René Canales, Abogado de Valparaíso, Jefe de Asesores Bancada de Diputados.
-Marilú Silva, Socióloga, ex Seremi de Educación en la Región de Valparaíso.
-Héctor Echeverría, Joven Abogado, negociador agrícola en TLC con otros países.
-Jimena Jara, Joven Abogada, hija del fallecido diputado PPD Octavio Jara.
-Paulina Brito, Abogada, Directora Jurídica de la Municipalidad de Lo Prado.
-Mario Verdugo, Abogado, ex miembro del Tribunal Constitucional.
-Martín Manterola, Abogado, ex diputado y ex subsecretario de Previsión Social.
jueves, 10 de mayo de 2007
REFORMAS APROBADAS POR EL XXVII CONSEJO GENERAL DEL PARTIDO POR LA DEMOCRACIA
I.- CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DE LAS INSTANCIAS
A.- Mesa Directiva
1.- La Mesa Directiva se incorpora al Estatuto como instancia formal de dirección política del Partido.
2.- La Mesa Directiva estará integrada por el (o la) Presidente(a), Secretario(a) General, Tesorero(a), seis Vicepresidentes(as) y el (o la) Presidente(a) de la Juventud del Partido. Adicionalmente, formará parte de la Mesa Directiva como Séptimo(a) Vicepresidente, el (o la) candidato(a) a Presidente que no resultando electo(a) haya recibido más del 35% de los votos válidamente emitidos.
3.- El equipo ejecutivo de la Mesa Directiva, conformado por Presidente(a), Secretario(a) General y Tesorero(a) se deben presentar a la competencia electoral y ser votados por la militancia como parte de una fórmula o ticket, donde cada militante dispone de un solo voto y debe optar por una de las fórmulas colectivas propuestas.
Para que la inscripción de un ticket o fórmula presidencial sea aceptada, debe incluir representantes de ambos géneros.
Esta fórmula o ticket integrada por Presidente(a), Secretario(a) General y Tesorero(a), puede ser parte de una lista que presenta candidatos a vicepresidentes y a la Directiva Nacional o estar asociada a más de una de ellas.
4.- Se dará por electa a aquella fórmula o ticket presidencial que supere el 50% de los votos o bien esté sobre el 40% y tenga una ventaja de más 10 puntos porcentuales sobre la que llega en segundo lugar.
De no concurrir ninguna de las condiciones anteriores, se realizará una Segunda Vuelta el domingo subsiguiente para dirimir por votación universal entre las fórmulas o tickets que ocuparon los dos primeros lugares en la elección.
5.- Para elegir los(as) 6 vicepresidentes(as), las listas podrán presentar desde un mínimo de 2 a un máximo de 6 candidatos(as), no pudiendo ser inscrita una lista si un género está representado en ella en más del 60%. En caso de llevar 5 o 6 candidatos, la lista deberá llevar al menos uno(a) de ellos(as) que pueda acreditar legalmente pertenencia a nuestros pueblos originarios e incluir a lo menos dos candidatos(as) de regiones distintas a la Metropolitana.
6.- Podrán presentarse también candidaturas independientes para ocupar vicepresidencias. Para efectos de la elección, los votos personales de cada candidatura independiente serán considerados como si fueran la votación total de su lista.
7.- El número de Vicepresidentes que le corresponderá a cada lista se asignará proporcionalmente aplicando el coeficiente d’Hondt, es decir, dividiendo los votos de cada lista por 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y ordenando luego, de todas las listas, los 6 números más altos que resultan de esa división. Los Vicepresidencias se ordenarán desde la Primera a la Sexta entre las listas según la aplicación de este Coeficiente.
8.- Dentro de cada lista, serán electas las personas que hayan obtenido las más altas votaciones hasta completar el número de vicepresidentes que le corresponden. Los mecanismos de acción positiva se aplicarán al interior de cada lista según el criterio vigente, es decir, que el candidato(a) beneficiado(a) por el mecanismo debe haber obtenido al menos la mitad más uno de los votos que tiene el candidato o candidata que no será electa, a pesar de haber recibido mayor votación. Esto significa que, si se satisface el requerimiento de votos descrito, a lo menos una vicepresidencia deberá recaer en un(a) candidato(a) de los pueblos originarios, que ningún género podrá estar representado en menos de 2 ni en más de 4 vicepresidencias, y que debe haber a lo menos dos vicepresidencias ocupadas por militantes de regiones distintas de la Metropolitana.
9.- Los mecanismos de acción positiva se aplicarán al interior de cada lista sólo hasta completar las cuotas mínimas requeridas. Se beneficiarán del mecanismo, aquellos(as) candidatos(as) que tengan menor distancia del candidato(a) que les antecede en su respectiva lista, ello en términos de proporción de votos al interior de su lista.
10.- La Mesa Directiva deberá, al constituirse luego de cada elección, asignar responsabilidades temáticas y de áreas de trabajo a cada una de las vicepresidencias. Esta asignación debe incluir al menos la responsabilidad de una Vicepresidencia de la Mujer, teniendo prioridad para esa nominación la Vicepresidenta con mayor votación.
B.- Comisión Política
11.- La Comisión Política estará integrada por derecho propio por los miembros de la Mesa Directiva, el Jefe de Bancada de Senadores, el Jefe y Subjefe de Bancada de Diputados, el Presidente de la Bancada de Alcaldes, el Presidente de la Bancada de Concejales, el Presidente de la Bancada de Dirigentes Sindicales del Partido y el Presidente de la Bancada de Consejeros Regionales, cuando éstos sean electos directamente por la ciudadanía. La Directiva Nacional elegirá, además, a 12 de sus miembros para integrar la Comisión Política.
12.- Los 12 miembros electos por la Directiva Nacional se elegirán en listas que deberán cumplir con los requisitos de género, etnia y regiones, porque al determinar los electos se aplicarán los mecanismos de acción positiva. Esto significa que, de cumplirse los requisitos de votación conocidos, ningún género podrá tener menos de 5 ni más de 7 representantes, al menos uno(a) de sus miembros habrá acreditado pertenencia a los pueblos originarios y a lo menos cuatro deben militar en regiones distintas de la Metropolitana.
C. Directiva Nacional
13.- Integrarán por derecho propio la Directiva Nacional, los miembros de la Mesa Directiva, los Presidentes Regionales, los Jefes de Bancada de Senadores y de Diputados, el Subjefe de Bancada de Diputados, el Presidente de la Bancada de Alcaldes, el Presidente de la Bancada de Concejales. el Presidente de la Bancada de Dirigentes Sindicales del Partido y el Presidente de la Bancada de Consejeros Regionales, cuando éstos sean electos directamente por la ciudadanía.
También formará parte de la Directiva Nacional un representante de los dirigentes estudiantiles del Partido Por la Democracia, elegido por todos los miembros directivos de federaciones estudiantiles.
14.- Serán miembros adicionales de la Directiva Nacional los candidatos a Presidente y Secretario General de toda fórmula o ticket que supere el 25% en la elección y no hayan resultado electos.
15.- Se elegirán nacionalmente 100 vocales, para lo cual podrán presentarse listas de candidatos y también candidaturas independientes.
16.- Las listas podrán presentar un mínimo de 10 candidatos(as) y un máximo de 100.
17.- Para que sea aceptada su inscripción, toda lista debe satisfacer los requerimientos de acción positiva (40% de género y 10% de pueblos originarios).
18.- Para inscribirse, toda lista deberá también satisfacer un requerimiento adicional de adecuada distribución territorial de sus candidatos: ninguna región puede estar representada en la lista con más de 40% de los(as) candidatos(as) y debe tener al menos candidatos(as) de 8 regiones del país. Para estos efectos, se considerará como militante de una región sólo a aquel o aquella que registra inscripción ante el Servicio Electoral en alguna comuna de dicho territorio al momento del cierre del padrón utilizado en las elecciones internas.
19.- Cada lista elegirá el número de vocales que le corresponda según su proporción de votos, mediante aplicación del coeficiente d´Hont.
20.- Serán electos en cada lista las primeras mayorías hasta completar la cuota que le corresponde según votación. Los mecanismos de acción positiva se aplicarán al interior de cada lista con el criterio vigente, es decir, que el candidato(a) beneficiado(a) obtenga al menos la mitad más uno de los votos que tiene el candidato que no será elegido, a pesar de tener mayor votación.
21.- Los requerimientos de distribución territorial exigidos a toda lista a la Directiva Nacional, operarán del mismo modo que los mecanismos de acción positiva, aplicándose al interior de cada lista con el criterio de votos requeridos para beneficiarse.
22.- Los mecanismos de acción positiva (género, etnia, número de regiones representadas y no más de 40% de una región), se aplicarán al interior de cada lista sólo hasta completar las cuotas mínimas requeridas. En caso de duda respecto a qué lista le corresponde completar la satisfacción de alguna de las cuotas requeridas, operará del mismo modo en que está descrito para las vicepresidencias, es decir, escogiendo a la lista donde el eventual candidato(a) beneficiado(a) tiene menor distancia, en porcentaje de votos de su lista, respecto del candidato que le antecede en ella.
23.- Los candidatos a Presidente y Secretario General de una fórmula o ticket que supera el 5% de los votos y cuya lista elige tres o más vocales en la Directiva Nacional, ocuparán los dos primeros lugares atribuidos a su lista.
24.- Toda lista de candidatos a la Directiva Nacional debe tener también un correlato de candidatos a las vicepresidencias y una fórmula Presidente(a)-Secretario(a) General-Tesorero(a).
D.- Directivas Regionales
25.- Se establece la existencia formal de la Mesa Directiva de cada Región, integrada por el(o la) Presidente(a), Secretario(a) General, Tesorero(a), 5 Vicepresidentes(as) y el Presidente(a) de la Juventud del Partido en la Región.
Adicionalmente, se incorporará como Sexto Vicepresidente al candidato a Presidente Regional que haya arribado en segundo lugar, siempre que haya obtenido más del 25% de los votos. Lo mismo con el (o la) candidato(a) a Presidente Regional que arribe en tercer lugar con más del 25% de los votos, que pasará a ser el (o la) Séptimo(a) Vicepresidente Regional.
26.- Se elegirá al (o la) Presidente(a), Secretario(a) General y Tesorero(a) en una fórmula o ticket que es votado en conjunto, con un solo voto, resultando electos(as) los(as) tres candidatos(as) de la fórmula que obtiene la mayoría simple de votos.
La fórmula o ticket debe obligatoriamente incluir representantes de ambos géneros.
27.- Los(as) candidatos(as) a Vicepresidentes(as) se presentarán en listas de un mínimo de 2 y un máximo de 5 candidatos, debiendo cumplir los requisitos de género en todos los casos, y de etnia, en la eventualidad de presentar 5 candidatos.
El mecanismo de acción positiva se aplicará en todas las regiones del país pero la exigencia obligatoria a las listas de presentar candidatos de pueblos originarios se aplicará sólo en las regiones donde el Ministro de Fe establezca que el padrón militante tiene más de 5% de personas de pueblos originarios.
A la hora de establecer los(as) vicepresidentes(as) electos(as), deberá estar representada más de una de las provincias que conforman la región. Este requisito operará bajo las mismas condiciones y requerimientos de los mecanismos de acción positiva.
28.- El número de candidatos que le corresponde a cada lista, la elección de las personas electas al interior de ellas, así como la aplicación de los mecanismos de acción positiva, seguirán el mismo procedimiento descrito para la elección en las Vicepresidencias Nacionales.
29.- La Directiva Regional estará constituida por los integrantes de la Mesa Directiva, por los Presidentes provinciales o distritales correspondientes, por los parlamentarios de la Región, por el Presidente de la Bancada Regional de Alcaldes, el Presidente de la Bancada Regional de Concejales y el Presidente de la Bancada de Consejeros Regionales.
E.- Directivas Provinciales/Distritales
30.- Se establece estatutariamente la existencia formal de la Mesa Directiva de la Provincia o Distrito, conformada por Presidente(a), Secretario(a) General y Tesorero(a), Presidente de la Juventud y, como Primer Vicepresidente, el candidato que ha arribado en segundo lugar obteniendo más del 25% de los votos y, eventualmente, como Segundo Vicepresidente, el candidato que arribando tercero, también haya superado el 25% de la votación.
31.- Se elegirá al Presidente(a), Secretario(a) General y Tesorero(a) en una fórmula o ticket que es votado en conjunto, siendo electos los candidatos de la fórmula que obtiene la mayoría simple de votos.
32.- La Directiva Provincial o Distrital estará conformada por la Mesa Directiva, por los presidentes comunales del territorio, los Alcaldes y Concejales de las comunas que incluye, los Consejeros Regionales elegidos en representación de ese territorio que militen en el Partido, así como los Consejeros Nacionales que militen en la provincia o distrito referido.
F.- Directivas Comunales
33.- Se elegirá Presidente(a), Secretario(a) General y Tesorero(a) en una fórmula o ticket que es votado y elegido en conjunto. Serán electos los candidatos de la fórmula que obtenga mayoría simple en la elección. A ellos se agregará el Presidente de la Juventud en la comuna.
34.- Se integrará como Primer Vicepresidente, el candidato(a) a Presidente que arribe en segundo lugar, siempre que su fórmula haya recibido más del 25% de los votos. Asumirá como Segundo Vicepresidente el candidato a Presidente cuya fórmula haya arribado en tercer lugar, si ha superado el 25% de los votos.
35.- Se elegirán, además, 6 vocales comunales. Los candidatos se presentarán en listas o candidaturas independientes y se distribuirán proporcionalmente según la votación, de acuerdo a los mismos procedimientos descritos para elegir Vicepresidentes regionales y nacionales.
36.- Para los casos en que comuna y distrito corresponden exactamente al mismo territorio (Santiago, La Florida), se elegirá Mesa Distrital y 6 vocales de la Directiva Comunal, sin el ticket o fórmula presidencial, conformando así una sola Directiva. Con estatus distrital y características comunales.
37.- Concejales y Alcaldes que militen en el Partido integrarán por derecho propio sus directivas comunales respectivas.
G.- Consejo Nacional
39.- El Consejo Nacional del Partido se conformará de la siguiente manera:
a) Por derecho propio, todos los miembros de la Directiva Nacional, todos los integrantes de las Mesas Directivas regionales y la Mesa Directiva de la Juventud del Partido.
b) Por derecho propio, además de los Parlamentarios, integrarán el Consejo Nacional 150 representantes del poder local del PPD: todos los Alcaldes, los 50 Concejales más votados y los mayores porcentajes de votos de Concejales hasta completar 150 ediles; también se integrará al Consejo a los militantes que resultaren electos Presidentes(as) de federaciones estudiantiles secundarias o universitarias, así como sindicales y gremiales. Los Consejeros de los Gobiernos Regionales que militen en el PPD serán incluidos por derecho propio como Consejeros Nacionales cuando sean electos directamente por la ciudadanía bajo cualquier modalidad de elección democrática.
c) Cada distrito o provincia elegirá un consejero nacional y uno más cada 100 militantes o fracción superior a 50 que hayan participado en la elección nacional precedente del Partido.
H.- Consejos Regionales
40.- Serán miembros de los Consejos Regionales las directivas regionales y provinciales/distritales completas, los presidentes comunales, los alcaldes y concejales, los consejeros del Gobierno Regional, los parlamentarios y los miembros electos al Consejo Nacional por la Región.
II.- CAMBIOS EN EL SISTEMA ELECTORAL INTERNO
41.- Los candidatos y candidatas se presentarán en listas y cada una de ellas elegirá el número de cargos que le corresponda según la proporción de votos que obtenga, para lo cual se aplicará el Coeficiente d´Hondt.
42.- Cada lista deberá inscribirse con una denominación y un programa, que el Partido deberá difundir a la militancia por todos sus medios regulares.
43.- Para que la inscripción de una lista sea aceptada, debe satisfacer los requerimientos de acción positiva (género, etnias y territoriales), para que cada una haga un aporte equivalente al cumplimiento de las cuotas globales de representación en las distintas instancias.
44.- Cada lista, cualquiera sea la instancia y nivel territorial de la competencia, tendrá derecho a definir ella misma, a la hora de inscribirse, el orden en que desea que aparezcan sus candidatos en la papeleta.
45.- También podrán inscribirse candidaturas independientes, que serán consideradas como una lista en sí mismas a la hora de determinar los(as) electos(as).
46.- El (o la) militante dispondrá de un solo voto para cada instancia y deberá marcar su preferencia por un(a) candidato(a) dentro de una lista o por una candidatura independiente, salvo para el caso de Presidente(a), Secretario(a) General y Tesorero(a), que serán elegidos en una fórmula, donde la preferencia irá al conjunto de los candidatos.
No existe ninguna restricción para que los(as) militantes marquen preferencia por distintas listas en cada una de las instancias que corresponda elegir.
47.- A los (o las) candidatos(as) a Presidente a cualquier instancia, se les exigirá completar un ticket o fórmula que incluya Secretario(a) General y Tesorero(a), además de contar con el apoyo de al menos una lista de candidatos a las demás instancias, pudiendo también ser más de una.
48.- En las distintas instancias, la asignación de cargos dentro de cada lista se hará primero en orden de votación personal obtenida y luego se aplicarán los mecanismos de acción positiva, previa satisfacción de la mínima votación exigida al beneficiario de alguno de esos mecanismos, cual es que obtenga más de la mitad de los votos que la candidatura que vendría a reemplazar.
III. OTRAS PROPOSICIONES DE CAMBIO
Respecto del Padrón Militante
49.- El padrón oficial para las elecciones internas será el padrón vigente ante el Servicio Electoral y todo militante votará en las elecciones internas en la comuna donde está inscrito ante el Servicio Electoral para votar en las elecciones nacionales. Todo cambio de domicilio comunal de la militancia, sólo será registrado como tal por el Partido cuando ha sido modificado el domicilio comunal de votación en las elecciones del país en los plazos que determina el Estatuto para el cierre del padrón que se utiliza en la elección interna.
Respecto de la militancia comunal
50.- Se propone establecer como norma estatutaria, que todo dirigente del Partido, cualquiera sea su rango, debe participar al menos en un tercio de las asambleas comunales allí donde está registrada su militancia.
Respecto de incompatibilidades
51.- Se establece la incompatibilidad con el ejercicio de algún cargo dirigente –salvo el de Consejero Nacional- para todos aquellos militantes que participen del Gobierno en calidad de Ministros, Subsecretarios, Directores Nacionales de Servicio, Intendentes, Gobernadores, Seremis o Directores Regionales o Provinciales de Servicio. El que ostente alguna de estas condiciones no podrá postular a ningún otro cargo interno que no sea el de Consejero Nacional y, en caso de que su designación sea posterior a su elección en algún cargo interno, deberá renunciar a éste.
Respecto de remociones por inasistencia
52.- Se incorpora al Estatuto la inasistencia reiterada –aun cuando sea precedida de excusas- a las instancias de las que se forma parte, como causal automática de remoción de los cargos.
- Los Consejeros Nacionales perderán su cargo si no asisten al 50% de las reuniones del Consejo durante el año.
- Los miembros de la Mesa Directiva, Comisión Política, Directiva Nacional, Directivas Regionales, Directivas Provinciales/Distritales y Directivas Comunales que asistan a menos de la mitad de las reuniones ordinarias que realicen sus respectivas instancias durante un semestre, perderán su cargo.
Respecto de reemplazos
53.- El sistema de reemplazo general para todas las instancias colectivas, incluyendo las vicepresidencias nacionales, en el caso de renuncia o pérdida del cargo, se realizará al interior de la lista a la que pertenece la persona saliente, y reemplazará al saliente aquel militante que siguiere al último electo en número de votos, y aplicándose los mecanismos de acción positiva si correspondiere. De no haber reemplazantes en su lista, ocupará el cargo vacante el (la) candidato(a) que hubiere obtenido más votos sin haber sido electo, cualquiera sea la lista de la que forme parte.
54.- En caso de renuncia o de vacancia en la Presidencia, Secretaría General o Tesorería en el nivel Comunal o Provincial/Distrital, será la directiva respectiva en pleno la que definirá por mayoría simple al (o a la) reemplazante, pudiendo ser un miembro de ella o cualquier militante de la comuna.
55.- En caso de renuncia o de vacancia en la Presidencia, Secretaría General o Tesorería en el nivel Regional, será el Consejo Regional respectivo quien definirá por mayoría simple el (o la) reemplazante, pudiendo ser un miembro de la directiva o cualquier militante de la Región.
A.- Mesa Directiva
1.- La Mesa Directiva se incorpora al Estatuto como instancia formal de dirección política del Partido.
2.- La Mesa Directiva estará integrada por el (o la) Presidente(a), Secretario(a) General, Tesorero(a), seis Vicepresidentes(as) y el (o la) Presidente(a) de la Juventud del Partido. Adicionalmente, formará parte de la Mesa Directiva como Séptimo(a) Vicepresidente, el (o la) candidato(a) a Presidente que no resultando electo(a) haya recibido más del 35% de los votos válidamente emitidos.
3.- El equipo ejecutivo de la Mesa Directiva, conformado por Presidente(a), Secretario(a) General y Tesorero(a) se deben presentar a la competencia electoral y ser votados por la militancia como parte de una fórmula o ticket, donde cada militante dispone de un solo voto y debe optar por una de las fórmulas colectivas propuestas.
Para que la inscripción de un ticket o fórmula presidencial sea aceptada, debe incluir representantes de ambos géneros.
Esta fórmula o ticket integrada por Presidente(a), Secretario(a) General y Tesorero(a), puede ser parte de una lista que presenta candidatos a vicepresidentes y a la Directiva Nacional o estar asociada a más de una de ellas.
4.- Se dará por electa a aquella fórmula o ticket presidencial que supere el 50% de los votos o bien esté sobre el 40% y tenga una ventaja de más 10 puntos porcentuales sobre la que llega en segundo lugar.
De no concurrir ninguna de las condiciones anteriores, se realizará una Segunda Vuelta el domingo subsiguiente para dirimir por votación universal entre las fórmulas o tickets que ocuparon los dos primeros lugares en la elección.
5.- Para elegir los(as) 6 vicepresidentes(as), las listas podrán presentar desde un mínimo de 2 a un máximo de 6 candidatos(as), no pudiendo ser inscrita una lista si un género está representado en ella en más del 60%. En caso de llevar 5 o 6 candidatos, la lista deberá llevar al menos uno(a) de ellos(as) que pueda acreditar legalmente pertenencia a nuestros pueblos originarios e incluir a lo menos dos candidatos(as) de regiones distintas a la Metropolitana.
6.- Podrán presentarse también candidaturas independientes para ocupar vicepresidencias. Para efectos de la elección, los votos personales de cada candidatura independiente serán considerados como si fueran la votación total de su lista.
7.- El número de Vicepresidentes que le corresponderá a cada lista se asignará proporcionalmente aplicando el coeficiente d’Hondt, es decir, dividiendo los votos de cada lista por 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y ordenando luego, de todas las listas, los 6 números más altos que resultan de esa división. Los Vicepresidencias se ordenarán desde la Primera a la Sexta entre las listas según la aplicación de este Coeficiente.
8.- Dentro de cada lista, serán electas las personas que hayan obtenido las más altas votaciones hasta completar el número de vicepresidentes que le corresponden. Los mecanismos de acción positiva se aplicarán al interior de cada lista según el criterio vigente, es decir, que el candidato(a) beneficiado(a) por el mecanismo debe haber obtenido al menos la mitad más uno de los votos que tiene el candidato o candidata que no será electa, a pesar de haber recibido mayor votación. Esto significa que, si se satisface el requerimiento de votos descrito, a lo menos una vicepresidencia deberá recaer en un(a) candidato(a) de los pueblos originarios, que ningún género podrá estar representado en menos de 2 ni en más de 4 vicepresidencias, y que debe haber a lo menos dos vicepresidencias ocupadas por militantes de regiones distintas de la Metropolitana.
9.- Los mecanismos de acción positiva se aplicarán al interior de cada lista sólo hasta completar las cuotas mínimas requeridas. Se beneficiarán del mecanismo, aquellos(as) candidatos(as) que tengan menor distancia del candidato(a) que les antecede en su respectiva lista, ello en términos de proporción de votos al interior de su lista.
10.- La Mesa Directiva deberá, al constituirse luego de cada elección, asignar responsabilidades temáticas y de áreas de trabajo a cada una de las vicepresidencias. Esta asignación debe incluir al menos la responsabilidad de una Vicepresidencia de la Mujer, teniendo prioridad para esa nominación la Vicepresidenta con mayor votación.
B.- Comisión Política
11.- La Comisión Política estará integrada por derecho propio por los miembros de la Mesa Directiva, el Jefe de Bancada de Senadores, el Jefe y Subjefe de Bancada de Diputados, el Presidente de la Bancada de Alcaldes, el Presidente de la Bancada de Concejales, el Presidente de la Bancada de Dirigentes Sindicales del Partido y el Presidente de la Bancada de Consejeros Regionales, cuando éstos sean electos directamente por la ciudadanía. La Directiva Nacional elegirá, además, a 12 de sus miembros para integrar la Comisión Política.
12.- Los 12 miembros electos por la Directiva Nacional se elegirán en listas que deberán cumplir con los requisitos de género, etnia y regiones, porque al determinar los electos se aplicarán los mecanismos de acción positiva. Esto significa que, de cumplirse los requisitos de votación conocidos, ningún género podrá tener menos de 5 ni más de 7 representantes, al menos uno(a) de sus miembros habrá acreditado pertenencia a los pueblos originarios y a lo menos cuatro deben militar en regiones distintas de la Metropolitana.
C. Directiva Nacional
13.- Integrarán por derecho propio la Directiva Nacional, los miembros de la Mesa Directiva, los Presidentes Regionales, los Jefes de Bancada de Senadores y de Diputados, el Subjefe de Bancada de Diputados, el Presidente de la Bancada de Alcaldes, el Presidente de la Bancada de Concejales. el Presidente de la Bancada de Dirigentes Sindicales del Partido y el Presidente de la Bancada de Consejeros Regionales, cuando éstos sean electos directamente por la ciudadanía.
También formará parte de la Directiva Nacional un representante de los dirigentes estudiantiles del Partido Por la Democracia, elegido por todos los miembros directivos de federaciones estudiantiles.
14.- Serán miembros adicionales de la Directiva Nacional los candidatos a Presidente y Secretario General de toda fórmula o ticket que supere el 25% en la elección y no hayan resultado electos.
15.- Se elegirán nacionalmente 100 vocales, para lo cual podrán presentarse listas de candidatos y también candidaturas independientes.
16.- Las listas podrán presentar un mínimo de 10 candidatos(as) y un máximo de 100.
17.- Para que sea aceptada su inscripción, toda lista debe satisfacer los requerimientos de acción positiva (40% de género y 10% de pueblos originarios).
18.- Para inscribirse, toda lista deberá también satisfacer un requerimiento adicional de adecuada distribución territorial de sus candidatos: ninguna región puede estar representada en la lista con más de 40% de los(as) candidatos(as) y debe tener al menos candidatos(as) de 8 regiones del país. Para estos efectos, se considerará como militante de una región sólo a aquel o aquella que registra inscripción ante el Servicio Electoral en alguna comuna de dicho territorio al momento del cierre del padrón utilizado en las elecciones internas.
19.- Cada lista elegirá el número de vocales que le corresponda según su proporción de votos, mediante aplicación del coeficiente d´Hont.
20.- Serán electos en cada lista las primeras mayorías hasta completar la cuota que le corresponde según votación. Los mecanismos de acción positiva se aplicarán al interior de cada lista con el criterio vigente, es decir, que el candidato(a) beneficiado(a) obtenga al menos la mitad más uno de los votos que tiene el candidato que no será elegido, a pesar de tener mayor votación.
21.- Los requerimientos de distribución territorial exigidos a toda lista a la Directiva Nacional, operarán del mismo modo que los mecanismos de acción positiva, aplicándose al interior de cada lista con el criterio de votos requeridos para beneficiarse.
22.- Los mecanismos de acción positiva (género, etnia, número de regiones representadas y no más de 40% de una región), se aplicarán al interior de cada lista sólo hasta completar las cuotas mínimas requeridas. En caso de duda respecto a qué lista le corresponde completar la satisfacción de alguna de las cuotas requeridas, operará del mismo modo en que está descrito para las vicepresidencias, es decir, escogiendo a la lista donde el eventual candidato(a) beneficiado(a) tiene menor distancia, en porcentaje de votos de su lista, respecto del candidato que le antecede en ella.
23.- Los candidatos a Presidente y Secretario General de una fórmula o ticket que supera el 5% de los votos y cuya lista elige tres o más vocales en la Directiva Nacional, ocuparán los dos primeros lugares atribuidos a su lista.
24.- Toda lista de candidatos a la Directiva Nacional debe tener también un correlato de candidatos a las vicepresidencias y una fórmula Presidente(a)-Secretario(a) General-Tesorero(a).
D.- Directivas Regionales
25.- Se establece la existencia formal de la Mesa Directiva de cada Región, integrada por el(o la) Presidente(a), Secretario(a) General, Tesorero(a), 5 Vicepresidentes(as) y el Presidente(a) de la Juventud del Partido en la Región.
Adicionalmente, se incorporará como Sexto Vicepresidente al candidato a Presidente Regional que haya arribado en segundo lugar, siempre que haya obtenido más del 25% de los votos. Lo mismo con el (o la) candidato(a) a Presidente Regional que arribe en tercer lugar con más del 25% de los votos, que pasará a ser el (o la) Séptimo(a) Vicepresidente Regional.
26.- Se elegirá al (o la) Presidente(a), Secretario(a) General y Tesorero(a) en una fórmula o ticket que es votado en conjunto, con un solo voto, resultando electos(as) los(as) tres candidatos(as) de la fórmula que obtiene la mayoría simple de votos.
La fórmula o ticket debe obligatoriamente incluir representantes de ambos géneros.
27.- Los(as) candidatos(as) a Vicepresidentes(as) se presentarán en listas de un mínimo de 2 y un máximo de 5 candidatos, debiendo cumplir los requisitos de género en todos los casos, y de etnia, en la eventualidad de presentar 5 candidatos.
El mecanismo de acción positiva se aplicará en todas las regiones del país pero la exigencia obligatoria a las listas de presentar candidatos de pueblos originarios se aplicará sólo en las regiones donde el Ministro de Fe establezca que el padrón militante tiene más de 5% de personas de pueblos originarios.
A la hora de establecer los(as) vicepresidentes(as) electos(as), deberá estar representada más de una de las provincias que conforman la región. Este requisito operará bajo las mismas condiciones y requerimientos de los mecanismos de acción positiva.
28.- El número de candidatos que le corresponde a cada lista, la elección de las personas electas al interior de ellas, así como la aplicación de los mecanismos de acción positiva, seguirán el mismo procedimiento descrito para la elección en las Vicepresidencias Nacionales.
29.- La Directiva Regional estará constituida por los integrantes de la Mesa Directiva, por los Presidentes provinciales o distritales correspondientes, por los parlamentarios de la Región, por el Presidente de la Bancada Regional de Alcaldes, el Presidente de la Bancada Regional de Concejales y el Presidente de la Bancada de Consejeros Regionales.
E.- Directivas Provinciales/Distritales
30.- Se establece estatutariamente la existencia formal de la Mesa Directiva de la Provincia o Distrito, conformada por Presidente(a), Secretario(a) General y Tesorero(a), Presidente de la Juventud y, como Primer Vicepresidente, el candidato que ha arribado en segundo lugar obteniendo más del 25% de los votos y, eventualmente, como Segundo Vicepresidente, el candidato que arribando tercero, también haya superado el 25% de la votación.
31.- Se elegirá al Presidente(a), Secretario(a) General y Tesorero(a) en una fórmula o ticket que es votado en conjunto, siendo electos los candidatos de la fórmula que obtiene la mayoría simple de votos.
32.- La Directiva Provincial o Distrital estará conformada por la Mesa Directiva, por los presidentes comunales del territorio, los Alcaldes y Concejales de las comunas que incluye, los Consejeros Regionales elegidos en representación de ese territorio que militen en el Partido, así como los Consejeros Nacionales que militen en la provincia o distrito referido.
F.- Directivas Comunales
33.- Se elegirá Presidente(a), Secretario(a) General y Tesorero(a) en una fórmula o ticket que es votado y elegido en conjunto. Serán electos los candidatos de la fórmula que obtenga mayoría simple en la elección. A ellos se agregará el Presidente de la Juventud en la comuna.
34.- Se integrará como Primer Vicepresidente, el candidato(a) a Presidente que arribe en segundo lugar, siempre que su fórmula haya recibido más del 25% de los votos. Asumirá como Segundo Vicepresidente el candidato a Presidente cuya fórmula haya arribado en tercer lugar, si ha superado el 25% de los votos.
35.- Se elegirán, además, 6 vocales comunales. Los candidatos se presentarán en listas o candidaturas independientes y se distribuirán proporcionalmente según la votación, de acuerdo a los mismos procedimientos descritos para elegir Vicepresidentes regionales y nacionales.
36.- Para los casos en que comuna y distrito corresponden exactamente al mismo territorio (Santiago, La Florida), se elegirá Mesa Distrital y 6 vocales de la Directiva Comunal, sin el ticket o fórmula presidencial, conformando así una sola Directiva. Con estatus distrital y características comunales.
37.- Concejales y Alcaldes que militen en el Partido integrarán por derecho propio sus directivas comunales respectivas.
G.- Consejo Nacional
39.- El Consejo Nacional del Partido se conformará de la siguiente manera:
a) Por derecho propio, todos los miembros de la Directiva Nacional, todos los integrantes de las Mesas Directivas regionales y la Mesa Directiva de la Juventud del Partido.
b) Por derecho propio, además de los Parlamentarios, integrarán el Consejo Nacional 150 representantes del poder local del PPD: todos los Alcaldes, los 50 Concejales más votados y los mayores porcentajes de votos de Concejales hasta completar 150 ediles; también se integrará al Consejo a los militantes que resultaren electos Presidentes(as) de federaciones estudiantiles secundarias o universitarias, así como sindicales y gremiales. Los Consejeros de los Gobiernos Regionales que militen en el PPD serán incluidos por derecho propio como Consejeros Nacionales cuando sean electos directamente por la ciudadanía bajo cualquier modalidad de elección democrática.
c) Cada distrito o provincia elegirá un consejero nacional y uno más cada 100 militantes o fracción superior a 50 que hayan participado en la elección nacional precedente del Partido.
H.- Consejos Regionales
40.- Serán miembros de los Consejos Regionales las directivas regionales y provinciales/distritales completas, los presidentes comunales, los alcaldes y concejales, los consejeros del Gobierno Regional, los parlamentarios y los miembros electos al Consejo Nacional por la Región.
II.- CAMBIOS EN EL SISTEMA ELECTORAL INTERNO
41.- Los candidatos y candidatas se presentarán en listas y cada una de ellas elegirá el número de cargos que le corresponda según la proporción de votos que obtenga, para lo cual se aplicará el Coeficiente d´Hondt.
42.- Cada lista deberá inscribirse con una denominación y un programa, que el Partido deberá difundir a la militancia por todos sus medios regulares.
43.- Para que la inscripción de una lista sea aceptada, debe satisfacer los requerimientos de acción positiva (género, etnias y territoriales), para que cada una haga un aporte equivalente al cumplimiento de las cuotas globales de representación en las distintas instancias.
44.- Cada lista, cualquiera sea la instancia y nivel territorial de la competencia, tendrá derecho a definir ella misma, a la hora de inscribirse, el orden en que desea que aparezcan sus candidatos en la papeleta.
45.- También podrán inscribirse candidaturas independientes, que serán consideradas como una lista en sí mismas a la hora de determinar los(as) electos(as).
46.- El (o la) militante dispondrá de un solo voto para cada instancia y deberá marcar su preferencia por un(a) candidato(a) dentro de una lista o por una candidatura independiente, salvo para el caso de Presidente(a), Secretario(a) General y Tesorero(a), que serán elegidos en una fórmula, donde la preferencia irá al conjunto de los candidatos.
No existe ninguna restricción para que los(as) militantes marquen preferencia por distintas listas en cada una de las instancias que corresponda elegir.
47.- A los (o las) candidatos(as) a Presidente a cualquier instancia, se les exigirá completar un ticket o fórmula que incluya Secretario(a) General y Tesorero(a), además de contar con el apoyo de al menos una lista de candidatos a las demás instancias, pudiendo también ser más de una.
48.- En las distintas instancias, la asignación de cargos dentro de cada lista se hará primero en orden de votación personal obtenida y luego se aplicarán los mecanismos de acción positiva, previa satisfacción de la mínima votación exigida al beneficiario de alguno de esos mecanismos, cual es que obtenga más de la mitad de los votos que la candidatura que vendría a reemplazar.
III. OTRAS PROPOSICIONES DE CAMBIO
Respecto del Padrón Militante
49.- El padrón oficial para las elecciones internas será el padrón vigente ante el Servicio Electoral y todo militante votará en las elecciones internas en la comuna donde está inscrito ante el Servicio Electoral para votar en las elecciones nacionales. Todo cambio de domicilio comunal de la militancia, sólo será registrado como tal por el Partido cuando ha sido modificado el domicilio comunal de votación en las elecciones del país en los plazos que determina el Estatuto para el cierre del padrón que se utiliza en la elección interna.
Respecto de la militancia comunal
50.- Se propone establecer como norma estatutaria, que todo dirigente del Partido, cualquiera sea su rango, debe participar al menos en un tercio de las asambleas comunales allí donde está registrada su militancia.
Respecto de incompatibilidades
51.- Se establece la incompatibilidad con el ejercicio de algún cargo dirigente –salvo el de Consejero Nacional- para todos aquellos militantes que participen del Gobierno en calidad de Ministros, Subsecretarios, Directores Nacionales de Servicio, Intendentes, Gobernadores, Seremis o Directores Regionales o Provinciales de Servicio. El que ostente alguna de estas condiciones no podrá postular a ningún otro cargo interno que no sea el de Consejero Nacional y, en caso de que su designación sea posterior a su elección en algún cargo interno, deberá renunciar a éste.
Respecto de remociones por inasistencia
52.- Se incorpora al Estatuto la inasistencia reiterada –aun cuando sea precedida de excusas- a las instancias de las que se forma parte, como causal automática de remoción de los cargos.
- Los Consejeros Nacionales perderán su cargo si no asisten al 50% de las reuniones del Consejo durante el año.
- Los miembros de la Mesa Directiva, Comisión Política, Directiva Nacional, Directivas Regionales, Directivas Provinciales/Distritales y Directivas Comunales que asistan a menos de la mitad de las reuniones ordinarias que realicen sus respectivas instancias durante un semestre, perderán su cargo.
Respecto de reemplazos
53.- El sistema de reemplazo general para todas las instancias colectivas, incluyendo las vicepresidencias nacionales, en el caso de renuncia o pérdida del cargo, se realizará al interior de la lista a la que pertenece la persona saliente, y reemplazará al saliente aquel militante que siguiere al último electo en número de votos, y aplicándose los mecanismos de acción positiva si correspondiere. De no haber reemplazantes en su lista, ocupará el cargo vacante el (la) candidato(a) que hubiere obtenido más votos sin haber sido electo, cualquiera sea la lista de la que forme parte.
54.- En caso de renuncia o de vacancia en la Presidencia, Secretaría General o Tesorería en el nivel Comunal o Provincial/Distrital, será la directiva respectiva en pleno la que definirá por mayoría simple al (o a la) reemplazante, pudiendo ser un miembro de ella o cualquier militante de la comuna.
55.- En caso de renuncia o de vacancia en la Presidencia, Secretaría General o Tesorería en el nivel Regional, será el Consejo Regional respectivo quien definirá por mayoría simple el (o la) reemplazante, pudiendo ser un miembro de la directiva o cualquier militante de la Región.
martes, 8 de mayo de 2007
LA DISYUNTIVA, Una concertación conservadora o una concertación al servicio de la mayoría
I. Un diagnóstico necesario
Lo que revela el Transantiago
No basta con declararse consternado y decir, como se ha hecho prácticamente un lugar común, que la situación creada con la puesta en práctica del Transantiago es el momento más crítico por el que ha atravesado la Concertación en sus 17 años de gobierno. Es preciso explicar porqué se ha llegado a esta situación, identificando con rigor las razones que le confieren tanta gravedad a una situación que ha concentrado de manera prácticamente exclusiva la atención de la opinión pública.
La revolucionaria idea de cambiar radicalmente el pésimo transporte público con que contaba la capital por uno de calidad, seguro y menos contaminante, que se impuso durante la administración anterior, no estuvo exenta de polémicas y controversias, básicamente por los riesgos que implicaba reemplazar el desgastado y contaminante sistema de transporte capitalino de manera integral y radical, a través una suerte de Big Bang, como proponían sus impulsores.
Una primera decisión, que está en el origen de muchos de los problemas que ha debido enfrentar el Transantiago en su debut, dice relación con el financiamiento del transporte público en la capital, que en la mayoría de los países recibe un subsidio fiscal y que en nuestro país se ha optado por financiar exclusivamente a través de tarifas a los usuarios. Claramente eso limita el parque de buses, cuya necesidad muchos calculan por sobre los 6.000, y cuyo funcionamiento la actual tarifa no alcanza a financiar.
El diseño de recorridos, más que responder a las necesidades y demandas de los usuarios, debió ajustarse a limitaciones de orden financiero. Inicialmente contemplaba 4.600 buses, posteriormente se elevó a 5 100 (noviembre 2006) y luego a 5.600 buses (febrero 2007). Sin embargo, en sus mejores días, el Transantiago no habría logrado movilizar más de 4.400 buses, con claras dificultades y limitaciones de frecuenta y recorridos, con el agravante que faltaron los dispositivos tecnológicos que permitieran controlar su funcionamiento y las inversiones en infraestructura urbana que agilizaran el transporte colectivo de superficie.
Asociado a lo anterior, está el problema de los operadores privados, muchos de los cuales son los responsables por la mala calidad de transporte que existía en la capital. Mucho se discutió en el gobierno anterior acerca de la conveniencia de trabajar con nuevos operadores del transporte, con la exigencia de renovar íntegramente el parque de autobuses, que garantizaran confiabilidad y buen servicio pero, al final, pudo más el inmenso poder de presión de los antiguos operadores para mantenerse en el rubro, refaccionando su antiguo parque y renovando sólo los buses troncales.
Frente a las dificultades técnicas e incumplimiento del administrador financiero para hacer operativo el sistema de cobros y control de recorridos, el gobierno garantizó un retorno fijo para los operadores hasta el 10 de mayo, aunque no estaba en condiciones de fiscalizarlos, introduciendo un incentivo perverso a la operación de la flota comprometida.
Una segunda decisión estuvo asociada a los considerables costos en infraestructura vial (paraderos, estaciones de transbordos y vías segregadas) que se requería para implementar eficientemente esta verdadera revolución urbana, en donde no sólo el Ministerio de Hacienda carga con la pesada responsabilidad de no haber aportado oportunamente los recursos necesarios, sino que también el ministerio de Obras Públicas y las autoridades de Vivienda comparten diversos grados de responsabilidad por el evidente atraso en la ejecución de las obras.
El principal error político que comparten las autoridades de Hacienda y de Transporte y del cual el gobierno es solidariamente responsable, fue decidir, por razones básicamente financieras, la implementación del plan de transporte en una fecha en que era evidente que no estaban dadas las condiciones mínimas para controlar las frecuencias, ni construidas las vías segregadas, las estaciones de transbordos, los lugares de prepago y los paraderos techados, mientras aún existía un debate acerca de la cantidad de buses que se requería para su correcto funcionamiento.
Ha quedado así de manifiesto una insuficiencia mucho más de fondo, un pecado de origen, cuya comisión es particularmente grave para una coalición como la Concertación y un gobierno como el que encabeza Michelle Bachelet. Se trata de la debilidad manifestada en la defensa del concepto de servicio público, con la consecuente indefensión en que quedaron cientos miles de habitantes de la Región Metropolitana, todos pertenecientes a las capas menos favorecidas de la sociedad. En este sentido, el episodio no tiene precedentes y pone en cuestión un elemento central de la política chilena desde 1990: el vínculo privilegiado de la Concertación y sus partidos con los sectores populares. Los errores del Transantiago, sin duda, no sólo pasarán a engrosar manuales internacionales de estudios de caso de políticas públicas fallidas sino que debieran constituirse en un punto de inflexión en la manera de resolver los asuntos relativos a la provisión de bienes públicos por medio del recurso indiscriminado a los operadores privados en relaciones contractuales débiles y asimétricas.
Resulta en verdad imperdonable que se haya puesto en práctica una reforma que toca un aspecto tan sensible de la vida cotidiana de las personas como es el transporte, sin consulta con los interesados y a través de un sistema cuyos requerimientos pusieron por delante el negocio, la caja fiscal y la rentabilidad de los privados y no las necesidades de los usuarios.
A la Concertación la gente le ha perdonado muchas cosas, pero no este abandono de los sectores populares. Se requerirán muchas explicaciones, muchas disculpas y, sobre todo, muchas acciones prácticas para que esta herida pueda cicatrizar convenientemente.
Este reconocimiento no pone en cuestión lo logrado por los gobiernos de la Concertación en este tiempo, y que es algo de lo que podemos sentir legitimo orgullo. Si bien ésta se inició como un proyecto de reconstrucción democrática desde una dictadura, ha ido avanzando hacia un horizonte de consolidación democrática, con ampliación de las libertades, modernización económica con justicia social y lucha contra las discriminaciones. Es con la Concertación que, durante estos años, se ha avanzado además en la disminución de la pobreza, el reconocimiento y promoción de los derechos para las religiones minoritarias, para los hijos nacidos fuera del matrimonio y para los pueblos originarios. Sin embargo, sigue como una deuda pendiente avanzar en una acción más efectiva en materia de redistribución del ingreso y de consolidación de servicios públicos eficaces y dignos para atender las necesidades de las mayorías.
La impronta de la protección social y la paridad
La crisis provocada por la puesta en práctica del Transantiago se hizo más virulenta por la acción de otros elementos. No es trivial que ella haya tenido lugar bajo un gobierno que se fundamenta en una medida decisiva en su empatía y cercanía con la gente, que ha explícitamente declarado que su impronta será la protección social y que cuenta con unos excedentes presupuestarios sin precedentes en la historia económica nacional.
A fin de cuentas, es la credibilidad del salto en materia de protección social como la gran tarea de este gobierno la que ha quedado en tela de juicio. El que esto ocurra es en extremo delicado. El período de la presidenta Bachelet se inició cargado de grandes expectativas: gobierno ciudadano, paridad y fin a la histórica discriminación de las mujeres, combate a fondo a las desigualdades, cambio cultural, recambio generacional y sustitución de las antiguas elites; en fin, reinserción de Chile en América Latina.
La idea de cambio cultural aparece asociada de manera evidente al primer gobierno presidido por una mujer en Chile que, además, alentó muchas expectativas en las mujeres. El hecho de ser una mujer representa y simboliza el ingreso de los excluidos secularmente en la administración de los asuntos políticos. Por otra parte, los temas relativos a los derechos de las mujeres han sido crecientemente polémicos en el Chile postdictadura. Muy pocos dudaban que, durante el gobierno de la Presidenta Bachelet, se produciría una expansión de los derechos civiles y, sin duda, serían las mujeres las principales beneficiarias. Hoy, reina el escepticismo frente a esta posibilidad. Además de la dificultad para hacerse cargo de nuevos conflictos y problemas que emergen en la sociedad, debe tenerse en cuenta la erosión de legitimidad que representa no posibilitar la discusión de estos temas.
Al cabo de un año, el gobierno puede exhibir en materia de igualdad de género el lanzamiento de la Guía de Buenas Prácticas Laborales sobre no Discriminación en la Empresa y el instructivo presidencial sobre Código de Buenas Prácticas Laborales sobre no Discriminación en el Estado. Para ser el primer gobierno paritario de la región y el segundo del mundo, no es un récord ambicioso. Mientras tanto, la promesa de impulsar una ley de cuotas para las mujeres sigue esperando, aunque la Presidenta Bachelet ha insistido que quiere normas que promuevan la participación política de las mujeres.
Asimismo, en el plano internacional las complejidades de las situaciones nacionales vecinales han tornado más difícil la opción de buscar una inserción estrecha en una América del Sur más integrada. Las dificultades de abastecimiento de gas desde Argentina, el conflicto entre Argentina y Uruguay, las tensiones internas de Bolivia y Ecuador, el hiper protagonismo venezolano, una cierta debilidad del liderazgo regional brasileño, la fuerza de las presiones nacionalistas en Perú, son otros tantos obstáculos que han hecho, hasta ahora, que el proyecto de la Comunidad Sudamericana de Naciones siga siendo una tarea ampliamente pendiente.
A un año de gobierno resulta evidente que la agenda efectiva se ha decantado a través de una reducción de las expectativas iniciales. Fue un gran mérito de la Presidenta y de los sectores mas avanzados de la coalición, presentes transversalmente en todos los partidos de la Concertación, haber sido capaces de definir el salto en protección social como el sello histórico del gobierno. Para un periodo corto de cuatro años, por poco que se avanzara en los otros ámbitos, producto en muchos casos de circunstancias internas imprevisibles y ajenas a la voluntad gubernamental, el establecimiento de bases sólidas para la construcción de un sistema de protección social desde la infancia hasta la vejez le permitiría a Michelle Bachelet hacer un gobierno con proyección histórica.
Esto es lo que aparece hoy día puesto en cuestión, con un escenario de un gobierno que es llevado a limitar progresivamente sus aspiraciones para concentrarse en una administración más preocupada de evitar los conflictos que de impulsar grandes transformaciones. Esta es la disyuntiva que enfrenta en la actualidad el gobierno de la Presidenta Bachelet: mejorar sus gestión corriente reduciendo al máximo los riesgos involucrados en todo proceso de transformación o producir un golpe de timón en las formas de la conducción política y las orientaciones de su política económica de modo de darle consistencia a su compromiso con la lucha contra las desigualdades y a favor de la protección social.
Los riesgos que amenazan a este gobierno no son propiamente catastróficos. No hay abiertos ni tampoco se abrirán escenarios de desestabilización que pongan en entredicho el mandato constitucional como algunos lo hicieron en los momentos mas difíciles del gobierno del Presidente Lagos. El peligro es otro. Se puede denominar de muchas maneras: renuncia, decepción, frustración, intrascendencia, resignación.
La situación actual no se puede reducir a la condición de un simple episodio, grave pero finalmente puntual. Antes bien, se trata de una situación que pone de manifiesto una tensión que no es nueva al interior de la Concertación. Una tensión que se ha arrastrado y que ha atravesado transversalmente a las administraciones concertacionistas, entre sus sectores tecnocráticos y neoliberales, que en esta oportunidad se manifestaron con particular virulencia, y los sectores políticos que sostienen el gobierno, que se reconocen en una matriz social demócrata y social cristiana, comprometidos con un proyecto de transformación del país en busca de una sociedad más justa, igualitaria e innovadora.
Dos son las cuestiones de fondo que deben ser objeto de un examen especialmente severo. Por una parte, la coherencia entre las prioridades de la agenda pública y la política económica, en particular en su dimensión fiscal. En segundo lugar, los modos de decisión y gestión política.
La fuerza del neoliberalismo
Aunque en retroceso en el mundo, el enfoque neoliberal mantiene en Chile y al interior de la Concertación una innegable influencia. No se trata por cierto de poner en tela de juicio la necesidad del rigor económico y la importancia de mantener equilibrios macroeconómicos sólidos. Eso esta completamente fuera de duda. El país tiene activos reconocidos en este campo y ha rendido satisfactoriamente múltiples exámenes. Lo propio del neoliberalismo es otra cosa: la primacía de una racionalidad puramente tecnocrática, que desconfía profundamente de lo público, que cree incluso en las soluciones únicas cuyos grandes protagonistas son el mercado y los actores privados. En este enfoque, la satisfacción de las necesidades de las personas es un resultado ex-post y no el punto de partida de las políticas públicas.
Esta es la concepción que mostró todas sus limitaciones en el caso del Transantiago.
Mientras esta lógica siga predominando, será imposible cumplir el ambicioso programa de gobierno de Michelle Bachelet; introducir rectificaciones al actual modelo de desarrollo, enfrentar las desigualdades y avanzar en la construcción de un sistema integral de protección social como el que ha propuesto la Presidenta. El escenario que de esta forma se dibuja es uno en el cual predominan las inercias, se mantienen o incluso se agravan las desigualdades y la acción política democrática, desprovista de sustancia, continúa su camino de deslegitimización, distanciamiento y descrédito ciudadano. Es un escenario gris, lejos de las catástrofes que anuncian e incluso muchos desean en la oposición, en el cual se habrá, sin embargo, despreciado la enorme oportunidad histórica que la mayoría de los chilenos visualizó al elegir a Michelle Bachelet Presidenta de Chile.
Lo acontecido en el 2006 es en este plano revelador. Difícilmente el país conocerá otro año tan favorable en cuanto a condiciones internacionales y términos del intercambio. En vez de abrir paso a una política audaz e inteligente de inversión productiva en capital físico y capacidades humanas de los cuantiosos excedentes, se privilegió un enfoque conservador que condujo a una cuantiosa acumulación de recursos más allá de lo necesario para enfrentar prudentemente los vaivenes del ciclo económico y del precio del cobre, postergando una vez más la resolución de enormes carencias sociales y productivas.
En efecto, el gobierno generó un superávit global de US$ 11.285 millones equivalente a 7,9% del PIB. No hay registros que indiquen que algún gobierno haya tenido alguna vez un superávit semejante. Debe recordarse, además, que el superávit en 2005 ya fue de US$ 5.402 millones, equivalentes a un 4,8% del PIB. Esto ha llevado al Gobierno a disminuir sus deudas en unos US$ 1.350 millones y a crear reservas financieras que alcanzan cerca de US$ 18.000 millones, después de distribuir del orden de US$ 600 millones al Banco Central para recapitalizarlo, hacer aportes al Fondo de Reserva de Pensiones por US$ 605 millones, y amortizar bonos de reconocimiento por US$ 984 millones.
Sin embargo, el notable aumento de los ingresos se debe única y exclusivamente a factores ajenos a la actividad productiva nacional. El aumento de la recaudación tributaria se debe fundamentalmente al inusitado precio del cobre y el gran salto de las importaciones, principalmente de bienes de consumo. Es así como el ingreso fiscal proveniente de la minería, principalmente del cobre, aumentó en 3,7 puntos del PIB, mientras la recaudación tributaria no minera cayó en casi 2 puntos del PIB, de los cuales el IVA explica 0,6 puntos porcentuales.
El resultado final del 2006 fue un magro crecimiento del 4%, claramente mediocre en comparación con los estándares internacionales e incluso latinoamericanos, mientras continuaron acumulándose los graves problemas de calidad de la educación, la salud, la vivienda, protección del ambiente, desfinanciamiento municipal, precariedad laboral, incluso en la administración pública, y falta de una política más agresiva hacia la pequeña y mediana empresa.
La gran reforma comprometida por este gobierno es la relativa al sistema previsional. Ella ocupa un lugar estelar en la agenda de Protección Social. El proyecto propuesto a consideración del Parlamento, no pone en cuestión la idea esencial de la reforma de 1981, cual es la capitalización individual. Asumiendo, no sin cierto realismo, la dificultad de reponer un sistema de reparto como existe en la casi totalidad de países del mundo, la gran novedad del proyecto es la construcción de un pilar solidario. En este ámbito, el proyecto establece una tal gradualidad que se prolonga hasta el…2017 en la puesta en practica del pilar solidario, es decir siete años después de haber terminado su gobierno. La reforma pierde así una parte importante de su impacto social y resulte por debajo de las posibilidades del país. Todo esto en virtud de consideraciones fiscales sin fundamento, en un país en donde existe la enorme acumulación de excedentes descrita. Los desembolsos presupuestarios a titulo de la previsión tenderán a disminuir fuertemente en el mediano plazo. Y mientras tanto, se insiste en mantener una regla de superávit fiscal de un 1% que a todas luces ha perdido su fundamento inicial.
Los problemas de la conducción política
Con la excepción del primer gobierno de la transición encabezado por el Presidente Aylwin, el tema de la conducción política ha sido siempre objeto de controversia. Lo fue de un modo muy acuciante al inicio del gobierno del Presidente Frei y estos déficit de conducción política acompañaron también a un periodo largo del gobierno del Presidente Lagos. A juicio de muchos, las insuficiencias de conducción política han sido, hasta el momento, la tónica del gobierno de la Presidenta Bachelet. Los sucesivos cambios de gabinete son una demostración de las dificultades que se han presentado en este plano. Sería, sin embargo, una extrema simplificación reducir el problema a una mala selección de elencos. La cuestión planteada es de una envergadura mucho mayor y tiene que ver con las formas generales del régimen político, por una parte, y con las distorsiones que en su funcionamiento se producen como consecuencia de las influencias de corte neoliberal, por la otra.
En las condiciones del actual régimen político, a la Presidenta le corresponde desempeñar, simultáneamente, tres grandes funciones: la representación del Estado con la definición de sus grandes orientaciones, la conducción contingente del gobierno y el liderazgo de la Concertación. La experiencia de los tres gobiernos anteriores muestra que ninguno de los tres presidentes ejerció simultáneamente las tres funciones. Aylwin, desde un primer momento se concentró en las grandes tareas de Estado y el liderazgo de la Concertación, delegando a sus equipos político y económico la conducción gubernamental contingente. El gobierno de Frei, luego de un inicio problemático que condujo a un rápido cambio de gabinete, optó por instalar al frente de la conducción gubernamental a un poderoso círculo de colaboradores que claramente actuaba con el respaldo presidencial. Luego de un inicio también complejo, el Presidente Lagos, que en muchos sentidos ejerció al mismo tiempo las tres funciones, asumió las dificultades de hacerlo. La entronización del ministro Insulza como un indiscutido jefe de gabinete fue la solución lógica que permitió una mejoría sustancial en la marcha del gobierno. Se hizo ahí la demostración de que es posible compatibilizar rigor económico y conducción política a la altura de las múltiples contingencias que todo gobierno debe enfrentar.
La cuestión de la conducción y el ejercicio de las tres funciones descritas no han encontrado un modo de resolución adecuado durante la actual administración. Nadie duda del talento y la prestancia con que la Presidenta ejerce en Chile y en el exterior su condición de Jefa del Estado. El debate se plantea en relación con la conducción gubernamental y el liderazgo de la Concertación.
Si la evidencia indica que ninguno de los tres presidentes anteriores pudo ejercer simultáneamente esas tres responsabilidades, no hay ninguna razón para exigir a Michelle Bachelet que ella si pueda hacerlo. Esta afirmación no tiene absolutamente nada que ver con algún tipo de prejuicio machista de los que objetivamente ha sido víctima la Presidenta. Se trata, por el contrario, de una constatación de índole estructural aplicable a cualquier presidente, independientemente de su género.
Esta observación remite a un cuestionamiento del presidencialismo excesivo que existe en Chile. En principio, si no media una delegación nítida de facultades, es la figura presidencial la que termina asumiendo muy rápida y directamente las consecuencias de todas las determinaciones que se adopten en la vasta máquina de la administración gubernamental. La reciente crisis provocada por el mal funcionamiento del Transantiago es un ejemplo de esto.
En las condiciones del siglo 21, sociedades crecientemente complejas enfrentadas a procesos de cambio tecnológico acelerado difícilmente pueden ser bien gobernadas mediante un sistema que concentra en la cabeza del Estado un cúmulo de responsabilidades que resulta agobiante, y a la postre imposible, atender adecuadamente.
Así se ha entendido, por ejemplo, en las grandes empresas en donde desde hace décadas se ha ido abandonando el esquema de dirección basado en un liderazgo individual sustituyéndolo por estructuras de dirección mas impersonales y horizontales. Así también ocurre en la abrumadora mayoría de las grandes democracias modernas. Incluso en los Estados Unidos, citado como paradigma del presidencialismo, existe un sistema con un sinnúmero de grandes contrapesos que emanan de las facultades del Congreso, la Corte Suprema y los Estados federados.
El hiperpresidencialismo chileno es un sistema arcaico y poco eficiente, cuyos fundamentos tienen mucho más que ver con los traumas del pasado que con las exigencias del presente y el futuro. Este era un diagnostico ampliamente compartido por la gran mayoría de los lideres de la Concertación hacia finales de los 80. Es perfectamente comprensible que el debate en vista a su puesta en práctica haya sido postergado mientras el General Pinochet continuaba desempeñando un rol político relevante a la cabeza de la comandancia en jefe del ejército. En las nuevas condiciones del país, todo aconseja abrir el debate sobre el régimen político e intentar rescatar los consensos que hacia finales de los 80 apuntaban a la necesidad de establecer un régimen semipresidencial.
Más allá de la voluntad de los presidentes, el presidencialismo ha jugado un papel muy negativo en el desarrollo institucional del país. El Congreso Nacional y los partidos políticos, las instituciones por excelencia de la democracia, han sido sus principales victimas.
En realidad, es imposible pensar en un mejoramiento sustantivo de la calidad de la política sin una interrogación a fondo sobre los condicionamientos estructurales que han producido su deterioro. Y a su vez, es difícil imaginar que el país pueda enfrentar con éxito las exigencias del desarrollo en un cuadro en donde las instituciones democráticas de degradan, el debate pierde espesor, priman las descalificaciones y se reducen al mínimo las posibilidades de acuerdo.
En nuestro sistema de presidencialismo exacerbado se producen, sin embargo, contrapesos de hecho. Estos no resultan de ninguna definición institucional ni responden a delegaciones de poder por parte de la autoridad presidencial. Simplemente se constituyen de facto. Allí donde, en teoría, el poder presidencial es prácticamente omnímodo es, en la práctica, la conducción económica, por la fuerza de las capacidad de presión del gran empresariado y del peso ideológico desproporcionado e injustificado adquirido por el neoliberalismo en la profesión económica en Chile, la que termina concentrando un poder incontrarrestable. El control presupuestario se trasforma en el instrumento principal de jerarquización de las decisiones. Es en esa instancia en donde, sin debates, pero a través del ejercicio de un fuerte poder de hecho, terminan adoptándose buena parte de las decisiones públicas, con el pretexto de su impacto financiero, en circunstancias que la mayoría de las políticas públicas tiene consecuencias presupuestarias.
El Ministerio de Hacienda no solo establece un marco presupuestario al resto de las instituciones, lo que es evidentemente imprescindible, sino que interviene prácticamente en todas las definiciones sustantivas. En no pocos casos, la opinión de un sectorialista de Presupuesto ha primado respecto de la opinión de un Ministro.
El gran poder que radica en Hacienda y Presupuesto no siempre es sinónimo de eficiencia. Así como programas innovadores que pueden ser generadores de un gran valor agregado pueden esperar años antes de ser considerados, una vez que un determinado programa entra al sistema tiene una gran posibilidad de mantenerse indefinidamente independientemente de su desempeño. La aversión al riesgo no es un mal del cual estén exentas las autoridades económicas.
En las condiciones institucionales de Chile, surge así el Ministerio de Hacienda como una institución aparte, instancia técnica destinada a ponerle limite a los “excesos de la política”, interlocutor privilegiado del mundo empresarial y la comunidad financiera internacional, que a través de sus analistas de riesgo está permanentemente monitoreando la marcha del país de acuerdo a sus particulares puntos de vistas e intereses.
Las opiniones que emanan de estos ámbitos adquieren una gravitación inusitada. Desde su perspectiva, mucho más importante que la cohesión social de un país es su nivel de acumulación de reservas fiscales, más importante que la inversión productiva es la mantención de fondos en el exterior, que a su vez pueden dar lugar a operaciones financieras altamente rentables para los bancos e instituciones financieras en los que estos analistas se desempeñan.
Este es muy someramente descrito el mecanismo a través del cual el Ministerio de Hacienda se ha transformado en una suerte de poder dentro del poder que termina marcando con su impronta la mayoría de las iniciativas gubernamentales. Esta tendencia que, digámoslo con claridad, se refiere más a la lógica de un modelo que a la persona de un ministro, ha alcanzado su mayor profundidad bajo este gobierno.
La política económica debe estar al servicio de la agenda gubernamental y no a la inversa. Esto no ocurre necesariamente así en nuestro país. Recién parecemos advertir que padecemos de un cierto subdesarrollo político, con déficit de funcionamiento y efectividad de importantes instituciones políticas. Por otra parte, todavía no tomamos conciencia de la precaria calidad de nuestra democracia, aunque The Economist nos acaba de situar al nivel de “democracia imperfecta”, con una menor calificación en los ítems de cultura y participación políticas.
La razón de fondo dice relación con el tremendo desequilibrio social que se ha producido en Chile y fruto del cual son las enormes injusticias y desigualdades. De alguna manera, el sobredimensionamiento del papel de Hacienda es expresivo de la enorme influencia alcanzada por el mundo empresarial.
Que los empresarios hagan grandes negocios y acumulen riquezas es propio de la economía de mercado y la globalización. Nada podría ser más poco realista que limitarse a establecer una condena ética al respecto. Pero una cosa es que sean ricos y otra bien distinta es que se transformen en todopoderosos. Es incluso comprensible que en un país como Chile, que debió enfrentar precozmente profundas reformas económicas que obligaron a una intensa competencia, el empresariado sienta que es un protagonista fundamental del proceso de desarrollo. Pero le corresponde a la sociedad, a la política, al gobierno, al Parlamento, recordarle permanentemente que no es el único actor de la vida colectiva, que sus intereses deben ser puestos en concordancia con los de otros, que junto a la utilidad privada existe también la rentabilidad social, que los países que aseguran dinamismo en el largo plazo son aquellos capaces de generar grados crecientes de integración y cohesión social.Este proceso de compatibilización de intereses es el que requiere de importantes definiciones. La puesta en práctica de una agenda de Protección Social apunta en la dirección correcta.
Decisiones importantes que se han adoptado recientemente siembran, sin embargo, dudas respecto de la consistencia de la política económica con las grandes prioridades de la agenda gubernamental.
El privilegio acordado a la acumulación financiera de excedentes invertidos en el exterior con bajas tasas de retorno, la mantención de una regla fiscal que ha perdido todo fundamento y que prácticamente ningún economista defiende, la excesiva postergación en el tiempo de los beneficios asociados a la Pensión Básica Solidaria y al Aporte Solidario en el proyecto de reforma previsional, la terminante negativa a la participación del Banco del Estado en un negocio previsional ampliamente dominado por un oligopolio que ha eliminado la competencia y la generosa franquicia tributaria que principalmente para las grandes empresas representa el proyecto sobre depreciación acelerada, dan cuenta de un cierto patrón de compartimiento, de una determinada política, que fundamenta estas aprensiones sobre la falta de congruencia de la política gubernamental entre los dichos y los hechos.
Una solución progresiva de la disyuntiva planteada requiere de rectificaciones y decisiones presidenciales trascendentes.
II. Nuestra contribución: propuestas para un nuevo impulso
Coherencia con el programa de gobierno y la naturaleza de centro izquierda de la coalición
La oposición ha entrado a una fase de confrontación aguda en todos los frentes, usando un estilo de descalificación sistemática. Su uso de los medios de comunicación afines le ha permitido crear un clima de confrontación artificial y de crítica acerba, del cual la Presidenta ha sido victima preferente. Pero la oposición equivoca el camino, porque los chilenos rechazan la lógica de la confrontación y la derecha no es creíble como alternativa para enfrentar las deficiencias que hemos reseñado, pues sigue representando a todas luces los intereses de los privilegiados y es expresión de un pasado autoritario y de una lógica social y culturalmente excluyente.
El principal desafío del gobierno es el de enfrentar a la derecha ordenando su propia coalición tras una lógica política coherente con su programa y con el proyecto de centro izquierda que encarna. Más que la apelación a la disciplina y a la lealtad de la coalición al gobierno que contribuyó a elegir, este ordenamiento y cohesión debe apoyarse en contenidos sustantivos, referidos no sólo a mecanismos eficientes de coordinación sino a espacios de deliberación política entre el gobierno, los partidos de su coalición, las bancadas parlamentarias y también el mundo social, que permitan construir consensos reales y sólidos para unir a la Concertación tras una agenda de realizaciones y contrastar a la oposición, buscando acuerdos y regulando los disensos.
Lejos de agotarse en la coyuntura o inmiscuirse en las funciones propias de la administración, estos espacios de deliberación política no deben perder de vista el mediano plazo y el proyecto político en donde tanto el programa de gobierno como las medidas para implementarlo adquieren su verdadera consistencia y coherencia. La Concertación de Partidos por la Democracia es una alianza política exitosa que no sólo ha recuperado la democracia sino que ha transformado al país en un sentido de mayor progreso y justicia social.
La elección de Michelle Bachelet inauguró un nuevo ciclo, que requiere de un nuevo pacto político, no sólo para sostener el actual gobierno y asegurar su pleno éxito sino que para proyectar a futuro a la coalición.
El actual gobierno tiene las ideas, capacidades y condiciones para cumplir el programa ofrecido al país. De lo que verdaderamente se trata es de reponer una lógica política coherente con su programa de gobierno y el proyecto político que le da sentido a su coalición. Para ello es fundamental fortalecer un equipo político dotado de un mandato claro y de todas las facultades necesarias para cumplirlo.
El programa de la candidata Michelle Bachelet fue aprobado por la Concertación y sigue constituyendo la referencia y compromiso de acción entre nosotros, así como lo son la gran mayoría de las iniciativas de su gobierno. En este contexto, parece ahora necesario visibilizar mejor y darle coherencia de conjunto a las iniciativas centrales en curso: las reformas electoral, al sistema de pensiones, a la educación y la infancia, y a favor de la probidad, entre otras.
Es necesario articular la iniciativa política más cercanamente a la idea fundacional de la Concertación: la normalización democrática es un valor en sí misma, pero se debe poner al servicio de la justicia social, de la necesidad de crecer y de avanzar hacia más participación e inclusión. Este criterio se debe expresar en el próximo período en tareas que aborden el mejoramiento de nuestra democracia, el desafío estructural del crecimiento (empleo, energía, educación y desarrollo tecnológico) y el fortalecimiento sustancial de la protección social (infancia, pensiones, salud y calidad de vida).
Una rectificación que viabilice las prioridades de la agenda del gobierno y la coalición
Ese es nuestro modelo, no el neoliberal ni su teoría del chorreo libremercadista. A estas tareas debe aplicarse prioritariamente el financiamiento adicional. Este no debe diluirse en desgravaciones tributarias que no benefician el desarrollo de Chile o, peor aún, sólo benefician a los más ricos con el pretexto de promover la inversión y que terminan en manos de la gran empresa. La inversión debe ser en promover las capacidades de la gente que vive de su trabajo remunerado o de su pequeña empresa. A ellos nos debemos, no a los grandes empresarios, que encuentran en la estabilidad jurídica y macroeconómica condiciones más que suficientes para su desenvolvimiento.
Nuestra tarea es para las grandes mayorías, no para las minorías privilegiadas de siempre. Proponemos definir las siguientes prioridades.
1. Empleo y Pymes
La situación del empleo mejora, pero no es suficiente el funcionamiento espontáneo del llamado mercado de trabajo. Chile no puede desperdiciar la capacidad productiva de sus jóvenes, por lo que debe iniciarse un programa de creación de 100 mil empleos juveniles de inserción, mediante la formación y el servicio a la comunidad, sustituyendo el actual subsidio que no crea empleos. Proponemos hacer de las Pymes el gran motor de la creación de empleo y tomar medidas audaces en su apoyo, haciendo más expedito para ellas el uso de la franquicia de capacitación, renegociando sus deudas tributarias, ampliando sustancialmente su acceso al crédito en condiciones favorables para la expansión de su actividad, viabilizando su incorporación de nuevas tecnologías, apoyando con decisión su acceso preferente a las compras públicas, promoviendo con más energía su inserción en los mercados externos, favoreciendo su asociatividad, defendiéndolas de la monopolización de sus canales de comercialización.
A su vez, la enorme inestabilidad de los contratos de trabajo debe al menos compensarse con un fuerte mejoramiento del seguro de desempleo, con menos requisitos de cotización previa y extensión del período de cobertura a 8 meses, seguido de derecho a planes de inserción y capacitación para los desempleados de larga duración. Chile debe y puede avanzar a plazos breves al pleno empleo promoviendo un desarrollo inclusivo.
2. Energía
La situación energética del país es precaria. Es necesario asegurar su abastecimiento pensando en el largo plazo. Se requiere reforzar sustancialmente los mecanismos de ahorro de energía, con beneficios tributarios al equipamiento de vivienda antigua y nueva, edificios autovalentes y promoción de los cambios de los sistemas de iluminación pública y privada). Debe asimismo promoverse, pues la ley presentada es un avance pero no es suficiente al abarcar solo la gran generación, el uso de fuentes renovables no tradicionales (energía eólica y solar, centrales de paso, biocombustibles), junto al desarrollo del gas natural licuado en los sistemas interconectados del norte y el centro-sur. Chile tiene mucho que ganar pasando de los megaproyectos económica y ecológicamente costosos al ahorro de energía en gran escala y el uso de tecnologías que nos permitan dar un salto sustancial en la sustentabilidad del crecimiento. Es urgente fortalecer, para acometer esta tarea, los órganos de planificación de largo plazo de nuestra matriz productiva y energétiica.
3. Educación y desarrollo tecnológico
Apoyamos los proyectos de subvención preferencial y general de educación para establecer que la educación sea una tarea que debe ser abordada con espíritu de equidad y no sólo de supuesta eficiencia que conduce a una desigualdad de acceso abismante. Es del todo evidente que los recursos públicos no deben usarse para el lucro privado a costa tanto de la pérdida de valores cívicos en la sociedad como también de la propia calidad de la educación mediante instituciones cuyo fin no es educar sino obtener una rentabilidad. Se equivocan los que sostienen que el problema de la educación chilena no es de mercantilización sino de calidad; es la mercantilización, entre otros factores, la que ha llevado a la pérdida de calidad.
Es urgente corregir la desigualdad de la educación públicamente financiada. La subvención pareja aplicada a situaciones desiguales no es equitativa, como tampoco lo son los cobros a los padres en régimen de financiamiento compartido que se autorizaron en 1993 por presión de la derecha, ni los aportes municipales que se realizan según la mayor o menor riqueza de los municipios. Todo este esquema neoliberal es el que debe ser corregido de raíz, pues ha conducido a una descomunal desigualdad educacional y a una enorme ineficiencia. Apoyamos la subvención preferencial para los más pobres y la prohibición de selección en los establecimientos preescolares y escolares con financiamiento público, con algunas excepciones de liceos de excelencia en media, en los que los alumnos con mayor rendimiento puedan beneficiarse de una educación más avanzada.
La lógica futura debe ser la de nivelar la calidad hacia arriba, con más recursos para los liceos con alumnos con más dificultades y con un incremento general del nivel de exigencia. Para hacerlo posible, se debe transitar a una gestión supracomunal (mediante nuevas entidades de derecho público) de la educación pública, con una extensión de la autonomía de los proyectos educativos y simultáneamente la facultad de la nueva autoridad de educación de intervenir los establecimientos con mala gestión. Este proceso debe acompañarse de una inmediata universalización del equipamiento en banda ancha en Internet en todos los establecimientos educacionales de Chile.
A su vez, se debe crear nuevos Institutos Tecnológicos Universitarios en cada región para invertir la pirámide de recursos humanos que no forma suficientes profesionales intermedios de nivel técnico.
Este mayor esfuerzo educativo debe hacerse en consonancia con la puesta en práctica de los nuevos programas de innovación y desarrollo tecnológico. Chile tiene el inmenso desafío de usar los recursos del royalty con imaginación, articulando mejor universidades y empresas en la conglomeración de actividades innovadoras complementarias en las diversas partes de nuestro territorio en lo que esto es posible. Los programas de formación en el exterior deben acelerarse, así como el estímulo al aprendizaje de idiomas extranjeros.
4. Protección social
Las personas de bajos ingresos, inferiores al 60% del ingreso mediano, son en Chile un 26% de la población y más de cuatro millones de personas, de acuerdo a la encuesta CASEN 2003. Del orden de 230 mil hogares, con más de un millón de personas, pueden considerarse en situación de exclusión severa, con ingresos per cápita menores al 30% del ingreso mediano, es decir un 7% de la población.
Reducido a este segmento viene operando en Chile desde los años posteriores a 1973 y como parte del enfoque neoliberal de focalización extrema, el sistema de asignación familiar, de subsidio único familiar, de subsidio al agua potable y de pensión asistencial. Más recientemente, se estableció el programa Chile Solidario, concebido para que las familias con menores niveles de ingresos puedan “construir un puente hacia sus derechos” de un modo directo en su relación con el Estado, con un sistema de monitoreo de las situaciones familiares y de sus progresos, con flexibilidad en los instrumentos y prioridad en el acceso a los sistemas de apoyo social. Sin embargo, el bono de protección familiar que las beneficia está limitado a 24 meses y es decreciente y de escaso monto.
Una ampliación sustancial de los mecanismos de protección social que mejore la situación de los sectores mencionados probablemente supondría una simplificación de la actual gama de mecanismos de transferencia de ingresos a los más pobres y definir una política de ingreso básico garantizado con dos mecanismos fundamentales, como suele ocurrir en los países con sistemas avanzados de protección: el primero concentrado en los niños (sobre la base de una prioridad valórica, con además alta rentabilidad social) y el segundo orientado a las personas de más de 65 años para
asegurarles una vejez con un mínimo de dignidad.
El primer mecanismo debiera consistir en otorgar a cada hijo de las familias de menos ingresos un subsidio a la infancia hasta que se complete la educación media, a ser percibido por la madre y con la condición de asistir a la escuela, y ser de un monto sustancialmente mayor al actual Subsidio Único Familiar, que se propone sea sustituido por este mecanismo, junto al sustancial esfuerzo en curso de incremento del sistema de cuidado infantil y educación pre-escolar, así como de la alimentación complementaria infantil. Un subsidio a la infancia de 30 mil pesos mensuales para 1,4 millón de niños de familias en situación de bajos ingresos tendría un costo anual del orden de 0,7% del producto de 2006 y constituiría un incremento de ingresos significativo para las familias con niños más carenciadas.
Un segundo criterio de homologación a las democracias sociales avanzadas debiera ser el de otorgar a los adultos mayores una pensión básica garantizada. Esto es parte sustancial de la reforma propuesta por el gobierno a fines de 2006, que ha considerado pertinente sostener la necesidad de la adopción de un sistema de pensión básica (no contributiva y financiada con impuestos, aplicable a todos los residentes en el país durante el ciclo de vida activa exceptuando a los de más altos ingresos) como primer pilar solidario del sistema de pensiones, combinado con un sistema contributivo de capitalización individual reformado en tanto segundo pilar y con el sistema de complemento de ahorro voluntario con descuento tributario a la renta (cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos con empleadores, depósitos de Ahorro Previsional Voluntario) en tanto tercer pilar.
Creemos que el esfuerzo para financiar la pensión básica debiera ser mayor a lo propuesto y ponerse en práctica antes. ¿Cuántos recursos está dispuesto a comprometer el país para entregar un ingreso básico a las personas que no pudieron ahorrar para obtener una pensión digna? No hay ninguna razón para decidir que tales recursos no lleguen al menos al 1,5 % del PIB cuando el sistema esté funcionando en régimen. Se propone elevar los beneficios del sistema de pensiones solidarias (SPS) en la siguiente forma:
- establecer la pensión básica solidaria (PBS), en julio de 2008, en un monto equivalente a un 80% del ingreso mínimo líquido vigente en ese momento (entre $90.000 y $95.000: nótese que los $ 75.000 propuestos por el Consejo Asesor Presidencial julio de 2006 equivalen, en términos reales, a $ 79.600 de julio de 2008 y $ 82.000 de julio de 2009);
- fijar la pensión máxima con aporte solidario (PMAS), en julio de 2009, en un monto equivalente a 2,7 veces la PBS (mantiene la proporción entre estos dos montos propuestos por el Consejo Asesor Presidencial);
- otorgar acceso a los beneficios del sistema de pensiones solidarias (SPS), en julio de 2009, al 60% de la población de menores ingresos; y al cuarto quintil, en julio de 2013.
- integrar la bonificación por hijo a las mujeres y el subsidio a los trabajadores jóvenes a los mecanismos de la SPS. La primera debiera alcanzar un monto equivalente al 10% de la PBS y pagado junto con ésta o con el APS. El subsidio a los jóvenes debiera pagárseles en una modalidad similar a los bonos de reconocimiento.
- establecer una misma edad de jubilación para las mujeres, sean estas capaces de financiar con sus ahorros previsionales íntegramente su pensión, o así requieran de un aporte fiscal a través del sistema de pensiones solidarias. Es injusto establecer requisitos de edad distintos a las mujeres (60 años en un caso y 65 años en el otro) para adquirir derecho a pensionarse. Se puede pensar en subir a 62 años el requisito a pensionarse de todas las mujeres, pero no establecer una discriminación en perjuicio de las mujeres más pobres.
En relación al sistema contributivo de AFP, se plantean los siguientes puntos para disminuir costos, elevar tasas de reemplazo, trasparentar prácticas y aumentar cobertura:
- separar la gestión de inversiones y la administración de fondos de los otros servicios que proporcionan las AFP.
- establecer una cotización de 2% de la remuneración imponible por parte de los empleadores que iría la cuenta de cada trabajador.
- vincular la rentabilidad de los fondos de los trabajadores con las ganancias de las AFP como empresas.
- regular la designación de directores de empresas por parte de las AFP.
- asegurar la participación del BancoEstado en el sistema.
- establecer un límite máximo al cobro de comisiones por administración que cobran las AFP actualmente. Hoy las AFP cobran por este concepto aproximadamente un 22% de la cotización mensual del trabajador, y se debe limitar este cobro a un 10%.
5. Salud
El sistema de salud se encuentra en curso de reforma. Las patologías incorporadas progresivamente al Plan Auge cubren ya una proporción alta de los problemas más graves de la población (56 y van a llegar a ser 80 a fin de este gobierno), es decir garantías crecientes en el marco de un acceso universal. Sin embargo, la reforma debe profundizarse y no perder dinamismo.
El desafío del fondo de compensación de riesgos se mantiene a propósito de la búsqueda de una mayor solidarización de los recursos. El sistema de salud ISAPRE sigue descremando el sistema. El sistema ISAPRE sigue echando a las patologías más caras y a la gente de mayor edad al sistema público. Junto a someterse a un fondo de compensación de riesgos, las ISAPRES deben tener planes de largo plazo y mayores límites en el copago, para de ese modo establecer incentivos apropiados a la realización de medicina preventiva.
Otro pilar indispensable es mantener y ahondar acciones colectivas que vayan a impactar en los factores de riesgo para poder controlar el incremento de la demanda futura, lo que requiere ir fortaleciendo los planes de salud pública, el control sobre el medioambiente, sobre las aguas, sobre los factores condicionantes culturales y sociales que dan lugar a las inequidades en el acceso a la salud y de ese modo asegurar la protección social en salud. La promoción de conductas saludables en las escuelas debe adquirir una prioridad cada vez mayor.
Esto no va a ser posible si no somos capaces de seguir fortaleciendo redes de atención, especialmente la red pública basada en una atención primaria de capacidad resolutiva creciente que asegure en toda la extensión de nuestro país la posibilidad de mejores condiciones de salud. Es necesario enfatizar cada vez más la prioridad de la salud preventiva y el mejoramiento sistemático del nivel primario de salud.
Proponemos mantener un plan reforzado de construcción de consultorios, Sapus y Centros de Referencia, incrementando la capacidad resolutiva de la salud primaria.
Se debe ampliar el per cápita de atención primaria y avanzar a un sistema de atención primaria que dignifique la vida, que tenga un concepto territorial en el que las personas puedan crecientemente resolver sus problemas de salud cerca de su hogar. Hoy día la atención primaria es una medicina para pobres en la mayoría de las comunas pobres. Se debe volver a tener especialistas básicos de atención primaria. y si además los médicos de atención primaria y del sistema hospitalario fueran de la misma carrera, podríamos tener una tremenda mejoría.
La evaluación de desempeño y de calidad de servicio en salud debe hacerla la gente, usando las nuevas tecnologías de la información.
6. Descentralización
Si la acción política ha perdido crecientemente su prestigio, debemos aceptar el desafío de transferir poder desde el nivel central a las regiones y comunas. Apoyamos lo propuesto por la presidenta Bachelet de elegir en octubre del 2008 a los consejeros regionales junto a los alcaldes y concejales. Debemos además crear autoridades metropolitanas en las regiones que lo requieren (al menos la Región Metropolitana, la 5a y la 8ª) y transferirles las facultades de transportes (con capacidad de crear sistemas de transporte de operación pública) y urbanismo al nivel regional y comunal. Esto supondrá incrementar el FNDR y el FCM y su capacidad redistributiva de recursos.
7. Finanzas públicas al servicio del desarrollo
Pasar a una regla de balance estructural debe ser definido a partir del presupuesto 2008, así como proponer terminar con las exenciones en el IVA y el impuesto a la renta para una mayor suficiencia fiscal, con eficiencia y equidad tributaria.
Es preferible en esta materia la franqueza: esto significa un Estado más grande que el que hoy en día tenemos. Debemos avanzar progresivamente a un tamaño del Estado equivalente, en proporción a la economía, al de EE.UU o Japón, es decir del orden de un 30% del PIB (recordemos que en Suecia, Alemania o Francia es del orden del 50% del PIB), para hacer viable las tareas públicas de promoción del crecimiento y el empleo, de protección social y de cuidado del ambiente. Esto requiere financiarse sin penalizar a los más débiles ni detener el crecimiento.
En Chile la desigualdad de ingresos antes de impuestos es grande. Luego de aplicar
los impuestos, la desigualdad crece y los gastos totales del Estado, necesarios por lo demás, no se concentran en los más pobres sino en algunas áreas, por lo que hasta hoy no corrigen suficientemente las desigualdades.
Por eso no es un capricho mejorar sustancialmente la tributación al uso de nuestros recursos naturales. La actividad minera en 2005 y 2006, dado el muy alto precio del cobre y el molibdeno, ha tenido utilidades superiores a la suma de la inversión privada desde que esta se reautorizó en Chile después de la nacionalización. Los chilenos estamos regalando a transnacionales del área inmensos dividendos que provienen de un recurso natural cuyo precio pasa por un ciclo alto. El royalty que se aprobó con dificultad sólo revertirá sobre los chilenos una mínima parte de esta bonanza, que irá a parar a los bolsillos de los accionistas de las transnacionales mineras. El royalty a aplicar en Chile debe incrementar su tasa progresivamente en función de los precios que obtenga el metal.
Otra fuente de ingresos para financiar un Estado social significativo en Chile es aumentar la capacidad de lucha contra la evasión tributaria y la eliminación de franquicias en el impuesto a la renta, que es un impuesto progresivo, franquicias que sólo en pocos casos tienen justificación. Con fines recaudatorios y asignativos, se debe establecer además que las empresas tributen una parte de sus utilidades, lo que hoy día no ocurre, habida cuenta de la renta tecnológica colectiva que estas se apropian, y que legítimamente debe ser revertida a un uso socialmente establecido. Es necesario desvincular progresivamente el impuesto a las utilidades de las empresas del impuesto a la renta (como es el caso en EE.UU., por ejemplo), manteniendo un mecanismo de descuento de los gastos en capacitación laboral, en investigación y desarrollo tecnológico y en producción limpia, que tendría la virtud de estimular la inversión en estas áreas, que muy pocas empresas realizan hoy en la magnitud necesaria para los nuevos desafíos de incremento de la competitividad que la integración en la economía global hace indispensables.
III. La concertación y el futuro
La Concertación, para continuar existiendo como la fuerza mayoritaria debe asumir que se ha abierto un nuevo ciclo político, enteramente distinto, con nuevos desafíos y nuevas demandas de la ciudadanía. Grandes cambios y transformaciones ha experimentado Chile en estos últimos 17 años. Este es un país que tiene poco que ver con el que recibimos en 1990.
Luego de tres gobiernos concertacionistas Chile es un país más desarrollado que ha más que duplicado su ingreso per cápita y ha mejorado todos y cada uno de sus índices sociales. Y si bien los ricos son más ricos y se ha agudizado un proceso de concentración de la riqueza, los pobres son menos pobres. Pese a estos notables avances en materia de crecimiento y los notables avances sociales, el país enfrenta el tema de una muy desigual distribución del ingreso y los frutos del crecimiento, generando fuertes tensiones sociales que bien pueden agravarse sino se enfrenta resueltamente el problema.
Chile cuenta hoy día con una ciudadanía más informada y demandante. Chile es hoy día un país más liberal en los temas valóricos que lo que expresan los medios de comunicación, en donde el fenómeno de corrupción no es sistémico como en muchos otros países, aunque se debe reforzar la lucha contra este flagelo y apoyar la agenda de probidad de la Presidenta Bachelet, y en donde la seguridad ciudadana se mantiene en niveles razonables.
Este es el nuevo Chile de los albores del siglo 21. Un Chile desafiante y lleno de promesas de futuro. Los partidos, tanto de gobierno como de oposición estamos confrontados a interpretar y conducir este nuevo Chile con sus anhelos de progreso y transformación, de mayor cercanía entre la política y los ciudadanos, con mayores grados de participación a través de nuevos derechos ciudadanos y con mayor protección social mediante un desarrollo verdaderamente inclusivo.
La alianza de centro izquierda que ha gobernado en estos años y que representa a la mayoría del país es el único sector político capaz de asumir estos nuevos desafíos. La derecha aún es prisionera de su pasado y su credo se reduce a la fe casi inconmovible en las virtudes del mercado y de la ley del más fuerte, sin propuestas reales para enfrentar los tremendos desafíos de futuro.
Pero nuestra opción no puede estar simplemente basada en la incompetencia de nuestros oponentes.
La Concertación tiene mucho por hacer si quiere continuar representado a la mayoría nacional. Luego de 17 años de gobierno necesitamos perfilar con más nitidez nuestra opción por el cambio y la transformación estructural. No podemos ser una coalición simplemente administradora de un estado de cosas, que con razón, una gran mayoría percibe como injusto.
Asimismo la Concertación tiene que renovar sus partidos que, reconozcámoslo se nos han ido quedando atrás. Tiene que resolver la paradoja que encierra el hecho de haber creado un nuevo Chile y experimentar al mismo tiempo serias dificultades para continuar representándolo. La Concertación debe abrirse a las nuevas realidades asumiendo la diversidad que existe en la sociedad y que se expresa también en su propio seno. Su diversidad en algunos ámbitos no puede ser un problema. Es, por el contrario, parte de su riqueza. La Concertación no puede ser una camisa de fuerza para ninguno de sus componentes. A estas alturas es claro que una Concertación consumida en la administración del poder, sin ideas nuevas para enfrentar los nuevos desafíos aparece condenada. La Concertación no puede vivir de la nostalgia de los éxitos del pasado ni constituir tampoco una instancia puramente transmisora de las decisiones gubernamentales.
De la misma manera que todo lo que se ha venido realizando durante los últimos 20 años es el producto de un intenso debate y una profunda reflexión que produjo cambios sustantivos en el paisaje político - cultural del país, se requiere en la actualidad, de una acumulación político – intelectual de una intensidad semejante. De ahí la importancia de estimular la discusión, de no coartar los debates, de situarse a la vanguardia de las nuevas inquietudes, de ser intransigentes en la denuncia y la lucha en contra de los abusos y los privilegios.
La Concertación tiene una deuda con el país y con la comunidad internacional que observa con admiración los logros de estos quince años y que lleva a muchos de hablar del “milagro chileno”. No son pocos en nuestro país que buscan presentar la experiencia chilena como la simple administración del legado del régimen militar, intentando ocultar el enorme costo social y la represión política que encierra la “obra” de Augusto Pinochet. Otros pretenden presentar nuestra propia experiencia como “modélica” para ser imitada por otros países y realidades y sin el rigor suficiente para analizar los claroscuros de nuestro propio proceso y el tipo de sociedad que emerge tras estos 16 años.
Como coalición en el poder, que aspira a proyectarse a futuro tenemos el deber de hacer un balance de los inmensos logros de estos años, como también acerca de nuestros errores e insuficiencias, no para reeditar una absurda e intranscendente polémica entre auto complacientes y auto flagelantes, sino para construir un relato comprensivo que le de un sentido a las transformaciones que hemos impulsado desde el poder y nos permita identificar los nuevos desafíos que se le presentan al país de cara al futuro.
Pensar el Chile de los próximas décadas sin cortapisas ni autocensuras es la condición primera que debe cumplir la Concertación si quiere proyectarse como fuerza constructora de futuro y no como simple administradora o reproductora del poder y dique en contra de una derecha, a la que con razones muy poderosas, la ciudadanía no ha querido en los últimos 50 años, confiarle el gobierno de la Nación.
Pero los diques no son eternos, los vetos no son vitalicios. La Concertación no puede contentarse con mantener a la mayoría ciudadana como rehén. En algún momento la ciudadanía, si no tiene argumentos y propuestas de futuro, se rebelará e nstalará a la derecha en el poder. Esto es lo que hoy día se está jugando. Un factor clave, será sin duda, el desempeño del gobierno. Si este logra recomponerse y saca adelante su agenda, hará una contribución sustantiva a la proyección de la Concertación. Si por el contrario, no es capaz de hacer converger su política económica con su agenda global, hará muy difícil, por no decir imposible, la continuidad de la Concertación en el gobierno.
El éxito del gobierno es condición necesaria pero no suficiente. Las elecciones son siempre batallas por el futuro y para ganarlas es preciso contar con buenos argumentos.
Ha llegado la hora de renovar el pacto político fundante de la alianza de centro izquierda que logro recuperar la democracia, rectificar el modelo de desarrollo, avanzar sustantivamente en materia de verdad, justicia y reparación en materia de derechos humanos e implementar activas políticas de inclusión y protección social. Hoy, de lo que se trata es de hacer un balance riguroso no sólo de los avances, errores e insuficiencias en materia económica o social, también en el plano de las libertades y derechos ciudadanos, sino acerca del sentido de estos cambios y los vertiginosos cambios acaecidos en el mundo, sino también y muy principalmente acerca de lo que le proponemos al país como proyecto político de largo aliento, que trasciende los marcos del actual programa y mandato del actual gobierno para reponer una perspectiva de transformaciones que permita terminar con las exclusiones para perfeccionar y profundizar nuestra democracia con mas participación, descentralización y poder para los ciudadanos, en donde la legitimidad de la política tiene una importancia capital; rectificar el actual modelo de desarrollo por un proceso de desarrollo inclusivo, que enfrenta las extremas desigualdades y distribuya de manera más equitativa el poder en la sociedad. Una versión del llamado Estado de bienestar adaptada a nuestra propia realidad, sin los condicionamientos extremos que nos impone la actual carga fiscal, es un desafío insoslayable para una coalición de centro izquierda que busca conjugar la libertad y mayor igualdad.
Este es un debate urgente e indispensable no sólo para suscribir un nuevo pacto político de una coalición que legítimamente aspira a proyectarse en el futuro sino para fijar un norte u orientación en donde cobre su verdadero sentido no sólo el actual programa de gobierno sino el accionar de la propia coalición en el poder.
No existe en el gobierno un organismo que asuma la responsabilidad de pensar el futuro, más allá de los límites de su mandato. Tampoco los partidos políticos el parlamento o los centros de pensamiento vinculados a la Concertación asumen con demasiado rigor, interactividad y espíritu de cooperación esta responsabilidad insoslayable.
Las ideologías, entendidas como sistema completo y acabado de pensamiento han dado paso a visiones muchos más instrumentales y ajustadas a los nuevos tiempos acerca del rol de los partidos políticos en democracia, como portadores de un proyecto político, entendiendo por tal un conjunto de objetivos, propuestas y orientaciones, mediante el cual un partido o una coalición política propone un rumbo por el que pretende conducir al país con el apoyo de la mayoría. Ese es el desafío que enfrenta la actual coalición de centro izquierda si aspira a proyectarse a futuro. Responder al país hacia donde queremos conducirlo en un horizonte temporal que trasciende el gobierno.
En este cuadro debe insertase la definición de los nuevos liderazgos presidenciales. Toda ambición asociada a la elaboración de nuevas propuestas constribuye a abrir nuevos horizontes. Por el contrario, en las condiciones de hoy día una ambición sin ideas, esencialmente continuista, tiene algo de obsceno.
¿Qué hacer hoy día? Proponemos convocar a un debate muy amplio y participativo en el que participen no sólo los partidos políticos, sus bancadas parlamentarias, los centros de estudio y pensamiento o los liderazgos presidenciables sino la propia comunidad organizada, los líderes de opinión, los dirigentes sociales, estudiantes, trabajadores, las llamadas minorías, los grupos ambientalistas, los jóvenes y mujeres, en un proceso sistemático no sólo buscando elaborar un nuevo programa de gobierno sino un nuevo proyecto político para Chile en torno al cual renovar un pacto político que de sentido a la proyección de la Concertación.
Lo que revela el Transantiago
No basta con declararse consternado y decir, como se ha hecho prácticamente un lugar común, que la situación creada con la puesta en práctica del Transantiago es el momento más crítico por el que ha atravesado la Concertación en sus 17 años de gobierno. Es preciso explicar porqué se ha llegado a esta situación, identificando con rigor las razones que le confieren tanta gravedad a una situación que ha concentrado de manera prácticamente exclusiva la atención de la opinión pública.
La revolucionaria idea de cambiar radicalmente el pésimo transporte público con que contaba la capital por uno de calidad, seguro y menos contaminante, que se impuso durante la administración anterior, no estuvo exenta de polémicas y controversias, básicamente por los riesgos que implicaba reemplazar el desgastado y contaminante sistema de transporte capitalino de manera integral y radical, a través una suerte de Big Bang, como proponían sus impulsores.
Una primera decisión, que está en el origen de muchos de los problemas que ha debido enfrentar el Transantiago en su debut, dice relación con el financiamiento del transporte público en la capital, que en la mayoría de los países recibe un subsidio fiscal y que en nuestro país se ha optado por financiar exclusivamente a través de tarifas a los usuarios. Claramente eso limita el parque de buses, cuya necesidad muchos calculan por sobre los 6.000, y cuyo funcionamiento la actual tarifa no alcanza a financiar.
El diseño de recorridos, más que responder a las necesidades y demandas de los usuarios, debió ajustarse a limitaciones de orden financiero. Inicialmente contemplaba 4.600 buses, posteriormente se elevó a 5 100 (noviembre 2006) y luego a 5.600 buses (febrero 2007). Sin embargo, en sus mejores días, el Transantiago no habría logrado movilizar más de 4.400 buses, con claras dificultades y limitaciones de frecuenta y recorridos, con el agravante que faltaron los dispositivos tecnológicos que permitieran controlar su funcionamiento y las inversiones en infraestructura urbana que agilizaran el transporte colectivo de superficie.
Asociado a lo anterior, está el problema de los operadores privados, muchos de los cuales son los responsables por la mala calidad de transporte que existía en la capital. Mucho se discutió en el gobierno anterior acerca de la conveniencia de trabajar con nuevos operadores del transporte, con la exigencia de renovar íntegramente el parque de autobuses, que garantizaran confiabilidad y buen servicio pero, al final, pudo más el inmenso poder de presión de los antiguos operadores para mantenerse en el rubro, refaccionando su antiguo parque y renovando sólo los buses troncales.
Frente a las dificultades técnicas e incumplimiento del administrador financiero para hacer operativo el sistema de cobros y control de recorridos, el gobierno garantizó un retorno fijo para los operadores hasta el 10 de mayo, aunque no estaba en condiciones de fiscalizarlos, introduciendo un incentivo perverso a la operación de la flota comprometida.
Una segunda decisión estuvo asociada a los considerables costos en infraestructura vial (paraderos, estaciones de transbordos y vías segregadas) que se requería para implementar eficientemente esta verdadera revolución urbana, en donde no sólo el Ministerio de Hacienda carga con la pesada responsabilidad de no haber aportado oportunamente los recursos necesarios, sino que también el ministerio de Obras Públicas y las autoridades de Vivienda comparten diversos grados de responsabilidad por el evidente atraso en la ejecución de las obras.
El principal error político que comparten las autoridades de Hacienda y de Transporte y del cual el gobierno es solidariamente responsable, fue decidir, por razones básicamente financieras, la implementación del plan de transporte en una fecha en que era evidente que no estaban dadas las condiciones mínimas para controlar las frecuencias, ni construidas las vías segregadas, las estaciones de transbordos, los lugares de prepago y los paraderos techados, mientras aún existía un debate acerca de la cantidad de buses que se requería para su correcto funcionamiento.
Ha quedado así de manifiesto una insuficiencia mucho más de fondo, un pecado de origen, cuya comisión es particularmente grave para una coalición como la Concertación y un gobierno como el que encabeza Michelle Bachelet. Se trata de la debilidad manifestada en la defensa del concepto de servicio público, con la consecuente indefensión en que quedaron cientos miles de habitantes de la Región Metropolitana, todos pertenecientes a las capas menos favorecidas de la sociedad. En este sentido, el episodio no tiene precedentes y pone en cuestión un elemento central de la política chilena desde 1990: el vínculo privilegiado de la Concertación y sus partidos con los sectores populares. Los errores del Transantiago, sin duda, no sólo pasarán a engrosar manuales internacionales de estudios de caso de políticas públicas fallidas sino que debieran constituirse en un punto de inflexión en la manera de resolver los asuntos relativos a la provisión de bienes públicos por medio del recurso indiscriminado a los operadores privados en relaciones contractuales débiles y asimétricas.
Resulta en verdad imperdonable que se haya puesto en práctica una reforma que toca un aspecto tan sensible de la vida cotidiana de las personas como es el transporte, sin consulta con los interesados y a través de un sistema cuyos requerimientos pusieron por delante el negocio, la caja fiscal y la rentabilidad de los privados y no las necesidades de los usuarios.
A la Concertación la gente le ha perdonado muchas cosas, pero no este abandono de los sectores populares. Se requerirán muchas explicaciones, muchas disculpas y, sobre todo, muchas acciones prácticas para que esta herida pueda cicatrizar convenientemente.
Este reconocimiento no pone en cuestión lo logrado por los gobiernos de la Concertación en este tiempo, y que es algo de lo que podemos sentir legitimo orgullo. Si bien ésta se inició como un proyecto de reconstrucción democrática desde una dictadura, ha ido avanzando hacia un horizonte de consolidación democrática, con ampliación de las libertades, modernización económica con justicia social y lucha contra las discriminaciones. Es con la Concertación que, durante estos años, se ha avanzado además en la disminución de la pobreza, el reconocimiento y promoción de los derechos para las religiones minoritarias, para los hijos nacidos fuera del matrimonio y para los pueblos originarios. Sin embargo, sigue como una deuda pendiente avanzar en una acción más efectiva en materia de redistribución del ingreso y de consolidación de servicios públicos eficaces y dignos para atender las necesidades de las mayorías.
La impronta de la protección social y la paridad
La crisis provocada por la puesta en práctica del Transantiago se hizo más virulenta por la acción de otros elementos. No es trivial que ella haya tenido lugar bajo un gobierno que se fundamenta en una medida decisiva en su empatía y cercanía con la gente, que ha explícitamente declarado que su impronta será la protección social y que cuenta con unos excedentes presupuestarios sin precedentes en la historia económica nacional.
A fin de cuentas, es la credibilidad del salto en materia de protección social como la gran tarea de este gobierno la que ha quedado en tela de juicio. El que esto ocurra es en extremo delicado. El período de la presidenta Bachelet se inició cargado de grandes expectativas: gobierno ciudadano, paridad y fin a la histórica discriminación de las mujeres, combate a fondo a las desigualdades, cambio cultural, recambio generacional y sustitución de las antiguas elites; en fin, reinserción de Chile en América Latina.
La idea de cambio cultural aparece asociada de manera evidente al primer gobierno presidido por una mujer en Chile que, además, alentó muchas expectativas en las mujeres. El hecho de ser una mujer representa y simboliza el ingreso de los excluidos secularmente en la administración de los asuntos políticos. Por otra parte, los temas relativos a los derechos de las mujeres han sido crecientemente polémicos en el Chile postdictadura. Muy pocos dudaban que, durante el gobierno de la Presidenta Bachelet, se produciría una expansión de los derechos civiles y, sin duda, serían las mujeres las principales beneficiarias. Hoy, reina el escepticismo frente a esta posibilidad. Además de la dificultad para hacerse cargo de nuevos conflictos y problemas que emergen en la sociedad, debe tenerse en cuenta la erosión de legitimidad que representa no posibilitar la discusión de estos temas.
Al cabo de un año, el gobierno puede exhibir en materia de igualdad de género el lanzamiento de la Guía de Buenas Prácticas Laborales sobre no Discriminación en la Empresa y el instructivo presidencial sobre Código de Buenas Prácticas Laborales sobre no Discriminación en el Estado. Para ser el primer gobierno paritario de la región y el segundo del mundo, no es un récord ambicioso. Mientras tanto, la promesa de impulsar una ley de cuotas para las mujeres sigue esperando, aunque la Presidenta Bachelet ha insistido que quiere normas que promuevan la participación política de las mujeres.
Asimismo, en el plano internacional las complejidades de las situaciones nacionales vecinales han tornado más difícil la opción de buscar una inserción estrecha en una América del Sur más integrada. Las dificultades de abastecimiento de gas desde Argentina, el conflicto entre Argentina y Uruguay, las tensiones internas de Bolivia y Ecuador, el hiper protagonismo venezolano, una cierta debilidad del liderazgo regional brasileño, la fuerza de las presiones nacionalistas en Perú, son otros tantos obstáculos que han hecho, hasta ahora, que el proyecto de la Comunidad Sudamericana de Naciones siga siendo una tarea ampliamente pendiente.
A un año de gobierno resulta evidente que la agenda efectiva se ha decantado a través de una reducción de las expectativas iniciales. Fue un gran mérito de la Presidenta y de los sectores mas avanzados de la coalición, presentes transversalmente en todos los partidos de la Concertación, haber sido capaces de definir el salto en protección social como el sello histórico del gobierno. Para un periodo corto de cuatro años, por poco que se avanzara en los otros ámbitos, producto en muchos casos de circunstancias internas imprevisibles y ajenas a la voluntad gubernamental, el establecimiento de bases sólidas para la construcción de un sistema de protección social desde la infancia hasta la vejez le permitiría a Michelle Bachelet hacer un gobierno con proyección histórica.
Esto es lo que aparece hoy día puesto en cuestión, con un escenario de un gobierno que es llevado a limitar progresivamente sus aspiraciones para concentrarse en una administración más preocupada de evitar los conflictos que de impulsar grandes transformaciones. Esta es la disyuntiva que enfrenta en la actualidad el gobierno de la Presidenta Bachelet: mejorar sus gestión corriente reduciendo al máximo los riesgos involucrados en todo proceso de transformación o producir un golpe de timón en las formas de la conducción política y las orientaciones de su política económica de modo de darle consistencia a su compromiso con la lucha contra las desigualdades y a favor de la protección social.
Los riesgos que amenazan a este gobierno no son propiamente catastróficos. No hay abiertos ni tampoco se abrirán escenarios de desestabilización que pongan en entredicho el mandato constitucional como algunos lo hicieron en los momentos mas difíciles del gobierno del Presidente Lagos. El peligro es otro. Se puede denominar de muchas maneras: renuncia, decepción, frustración, intrascendencia, resignación.
La situación actual no se puede reducir a la condición de un simple episodio, grave pero finalmente puntual. Antes bien, se trata de una situación que pone de manifiesto una tensión que no es nueva al interior de la Concertación. Una tensión que se ha arrastrado y que ha atravesado transversalmente a las administraciones concertacionistas, entre sus sectores tecnocráticos y neoliberales, que en esta oportunidad se manifestaron con particular virulencia, y los sectores políticos que sostienen el gobierno, que se reconocen en una matriz social demócrata y social cristiana, comprometidos con un proyecto de transformación del país en busca de una sociedad más justa, igualitaria e innovadora.
Dos son las cuestiones de fondo que deben ser objeto de un examen especialmente severo. Por una parte, la coherencia entre las prioridades de la agenda pública y la política económica, en particular en su dimensión fiscal. En segundo lugar, los modos de decisión y gestión política.
La fuerza del neoliberalismo
Aunque en retroceso en el mundo, el enfoque neoliberal mantiene en Chile y al interior de la Concertación una innegable influencia. No se trata por cierto de poner en tela de juicio la necesidad del rigor económico y la importancia de mantener equilibrios macroeconómicos sólidos. Eso esta completamente fuera de duda. El país tiene activos reconocidos en este campo y ha rendido satisfactoriamente múltiples exámenes. Lo propio del neoliberalismo es otra cosa: la primacía de una racionalidad puramente tecnocrática, que desconfía profundamente de lo público, que cree incluso en las soluciones únicas cuyos grandes protagonistas son el mercado y los actores privados. En este enfoque, la satisfacción de las necesidades de las personas es un resultado ex-post y no el punto de partida de las políticas públicas.
Esta es la concepción que mostró todas sus limitaciones en el caso del Transantiago.
Mientras esta lógica siga predominando, será imposible cumplir el ambicioso programa de gobierno de Michelle Bachelet; introducir rectificaciones al actual modelo de desarrollo, enfrentar las desigualdades y avanzar en la construcción de un sistema integral de protección social como el que ha propuesto la Presidenta. El escenario que de esta forma se dibuja es uno en el cual predominan las inercias, se mantienen o incluso se agravan las desigualdades y la acción política democrática, desprovista de sustancia, continúa su camino de deslegitimización, distanciamiento y descrédito ciudadano. Es un escenario gris, lejos de las catástrofes que anuncian e incluso muchos desean en la oposición, en el cual se habrá, sin embargo, despreciado la enorme oportunidad histórica que la mayoría de los chilenos visualizó al elegir a Michelle Bachelet Presidenta de Chile.
Lo acontecido en el 2006 es en este plano revelador. Difícilmente el país conocerá otro año tan favorable en cuanto a condiciones internacionales y términos del intercambio. En vez de abrir paso a una política audaz e inteligente de inversión productiva en capital físico y capacidades humanas de los cuantiosos excedentes, se privilegió un enfoque conservador que condujo a una cuantiosa acumulación de recursos más allá de lo necesario para enfrentar prudentemente los vaivenes del ciclo económico y del precio del cobre, postergando una vez más la resolución de enormes carencias sociales y productivas.
En efecto, el gobierno generó un superávit global de US$ 11.285 millones equivalente a 7,9% del PIB. No hay registros que indiquen que algún gobierno haya tenido alguna vez un superávit semejante. Debe recordarse, además, que el superávit en 2005 ya fue de US$ 5.402 millones, equivalentes a un 4,8% del PIB. Esto ha llevado al Gobierno a disminuir sus deudas en unos US$ 1.350 millones y a crear reservas financieras que alcanzan cerca de US$ 18.000 millones, después de distribuir del orden de US$ 600 millones al Banco Central para recapitalizarlo, hacer aportes al Fondo de Reserva de Pensiones por US$ 605 millones, y amortizar bonos de reconocimiento por US$ 984 millones.
Sin embargo, el notable aumento de los ingresos se debe única y exclusivamente a factores ajenos a la actividad productiva nacional. El aumento de la recaudación tributaria se debe fundamentalmente al inusitado precio del cobre y el gran salto de las importaciones, principalmente de bienes de consumo. Es así como el ingreso fiscal proveniente de la minería, principalmente del cobre, aumentó en 3,7 puntos del PIB, mientras la recaudación tributaria no minera cayó en casi 2 puntos del PIB, de los cuales el IVA explica 0,6 puntos porcentuales.
El resultado final del 2006 fue un magro crecimiento del 4%, claramente mediocre en comparación con los estándares internacionales e incluso latinoamericanos, mientras continuaron acumulándose los graves problemas de calidad de la educación, la salud, la vivienda, protección del ambiente, desfinanciamiento municipal, precariedad laboral, incluso en la administración pública, y falta de una política más agresiva hacia la pequeña y mediana empresa.
La gran reforma comprometida por este gobierno es la relativa al sistema previsional. Ella ocupa un lugar estelar en la agenda de Protección Social. El proyecto propuesto a consideración del Parlamento, no pone en cuestión la idea esencial de la reforma de 1981, cual es la capitalización individual. Asumiendo, no sin cierto realismo, la dificultad de reponer un sistema de reparto como existe en la casi totalidad de países del mundo, la gran novedad del proyecto es la construcción de un pilar solidario. En este ámbito, el proyecto establece una tal gradualidad que se prolonga hasta el…2017 en la puesta en practica del pilar solidario, es decir siete años después de haber terminado su gobierno. La reforma pierde así una parte importante de su impacto social y resulte por debajo de las posibilidades del país. Todo esto en virtud de consideraciones fiscales sin fundamento, en un país en donde existe la enorme acumulación de excedentes descrita. Los desembolsos presupuestarios a titulo de la previsión tenderán a disminuir fuertemente en el mediano plazo. Y mientras tanto, se insiste en mantener una regla de superávit fiscal de un 1% que a todas luces ha perdido su fundamento inicial.
Los problemas de la conducción política
Con la excepción del primer gobierno de la transición encabezado por el Presidente Aylwin, el tema de la conducción política ha sido siempre objeto de controversia. Lo fue de un modo muy acuciante al inicio del gobierno del Presidente Frei y estos déficit de conducción política acompañaron también a un periodo largo del gobierno del Presidente Lagos. A juicio de muchos, las insuficiencias de conducción política han sido, hasta el momento, la tónica del gobierno de la Presidenta Bachelet. Los sucesivos cambios de gabinete son una demostración de las dificultades que se han presentado en este plano. Sería, sin embargo, una extrema simplificación reducir el problema a una mala selección de elencos. La cuestión planteada es de una envergadura mucho mayor y tiene que ver con las formas generales del régimen político, por una parte, y con las distorsiones que en su funcionamiento se producen como consecuencia de las influencias de corte neoliberal, por la otra.
En las condiciones del actual régimen político, a la Presidenta le corresponde desempeñar, simultáneamente, tres grandes funciones: la representación del Estado con la definición de sus grandes orientaciones, la conducción contingente del gobierno y el liderazgo de la Concertación. La experiencia de los tres gobiernos anteriores muestra que ninguno de los tres presidentes ejerció simultáneamente las tres funciones. Aylwin, desde un primer momento se concentró en las grandes tareas de Estado y el liderazgo de la Concertación, delegando a sus equipos político y económico la conducción gubernamental contingente. El gobierno de Frei, luego de un inicio problemático que condujo a un rápido cambio de gabinete, optó por instalar al frente de la conducción gubernamental a un poderoso círculo de colaboradores que claramente actuaba con el respaldo presidencial. Luego de un inicio también complejo, el Presidente Lagos, que en muchos sentidos ejerció al mismo tiempo las tres funciones, asumió las dificultades de hacerlo. La entronización del ministro Insulza como un indiscutido jefe de gabinete fue la solución lógica que permitió una mejoría sustancial en la marcha del gobierno. Se hizo ahí la demostración de que es posible compatibilizar rigor económico y conducción política a la altura de las múltiples contingencias que todo gobierno debe enfrentar.
La cuestión de la conducción y el ejercicio de las tres funciones descritas no han encontrado un modo de resolución adecuado durante la actual administración. Nadie duda del talento y la prestancia con que la Presidenta ejerce en Chile y en el exterior su condición de Jefa del Estado. El debate se plantea en relación con la conducción gubernamental y el liderazgo de la Concertación.
Si la evidencia indica que ninguno de los tres presidentes anteriores pudo ejercer simultáneamente esas tres responsabilidades, no hay ninguna razón para exigir a Michelle Bachelet que ella si pueda hacerlo. Esta afirmación no tiene absolutamente nada que ver con algún tipo de prejuicio machista de los que objetivamente ha sido víctima la Presidenta. Se trata, por el contrario, de una constatación de índole estructural aplicable a cualquier presidente, independientemente de su género.
Esta observación remite a un cuestionamiento del presidencialismo excesivo que existe en Chile. En principio, si no media una delegación nítida de facultades, es la figura presidencial la que termina asumiendo muy rápida y directamente las consecuencias de todas las determinaciones que se adopten en la vasta máquina de la administración gubernamental. La reciente crisis provocada por el mal funcionamiento del Transantiago es un ejemplo de esto.
En las condiciones del siglo 21, sociedades crecientemente complejas enfrentadas a procesos de cambio tecnológico acelerado difícilmente pueden ser bien gobernadas mediante un sistema que concentra en la cabeza del Estado un cúmulo de responsabilidades que resulta agobiante, y a la postre imposible, atender adecuadamente.
Así se ha entendido, por ejemplo, en las grandes empresas en donde desde hace décadas se ha ido abandonando el esquema de dirección basado en un liderazgo individual sustituyéndolo por estructuras de dirección mas impersonales y horizontales. Así también ocurre en la abrumadora mayoría de las grandes democracias modernas. Incluso en los Estados Unidos, citado como paradigma del presidencialismo, existe un sistema con un sinnúmero de grandes contrapesos que emanan de las facultades del Congreso, la Corte Suprema y los Estados federados.
El hiperpresidencialismo chileno es un sistema arcaico y poco eficiente, cuyos fundamentos tienen mucho más que ver con los traumas del pasado que con las exigencias del presente y el futuro. Este era un diagnostico ampliamente compartido por la gran mayoría de los lideres de la Concertación hacia finales de los 80. Es perfectamente comprensible que el debate en vista a su puesta en práctica haya sido postergado mientras el General Pinochet continuaba desempeñando un rol político relevante a la cabeza de la comandancia en jefe del ejército. En las nuevas condiciones del país, todo aconseja abrir el debate sobre el régimen político e intentar rescatar los consensos que hacia finales de los 80 apuntaban a la necesidad de establecer un régimen semipresidencial.
Más allá de la voluntad de los presidentes, el presidencialismo ha jugado un papel muy negativo en el desarrollo institucional del país. El Congreso Nacional y los partidos políticos, las instituciones por excelencia de la democracia, han sido sus principales victimas.
En realidad, es imposible pensar en un mejoramiento sustantivo de la calidad de la política sin una interrogación a fondo sobre los condicionamientos estructurales que han producido su deterioro. Y a su vez, es difícil imaginar que el país pueda enfrentar con éxito las exigencias del desarrollo en un cuadro en donde las instituciones democráticas de degradan, el debate pierde espesor, priman las descalificaciones y se reducen al mínimo las posibilidades de acuerdo.
En nuestro sistema de presidencialismo exacerbado se producen, sin embargo, contrapesos de hecho. Estos no resultan de ninguna definición institucional ni responden a delegaciones de poder por parte de la autoridad presidencial. Simplemente se constituyen de facto. Allí donde, en teoría, el poder presidencial es prácticamente omnímodo es, en la práctica, la conducción económica, por la fuerza de las capacidad de presión del gran empresariado y del peso ideológico desproporcionado e injustificado adquirido por el neoliberalismo en la profesión económica en Chile, la que termina concentrando un poder incontrarrestable. El control presupuestario se trasforma en el instrumento principal de jerarquización de las decisiones. Es en esa instancia en donde, sin debates, pero a través del ejercicio de un fuerte poder de hecho, terminan adoptándose buena parte de las decisiones públicas, con el pretexto de su impacto financiero, en circunstancias que la mayoría de las políticas públicas tiene consecuencias presupuestarias.
El Ministerio de Hacienda no solo establece un marco presupuestario al resto de las instituciones, lo que es evidentemente imprescindible, sino que interviene prácticamente en todas las definiciones sustantivas. En no pocos casos, la opinión de un sectorialista de Presupuesto ha primado respecto de la opinión de un Ministro.
El gran poder que radica en Hacienda y Presupuesto no siempre es sinónimo de eficiencia. Así como programas innovadores que pueden ser generadores de un gran valor agregado pueden esperar años antes de ser considerados, una vez que un determinado programa entra al sistema tiene una gran posibilidad de mantenerse indefinidamente independientemente de su desempeño. La aversión al riesgo no es un mal del cual estén exentas las autoridades económicas.
En las condiciones institucionales de Chile, surge así el Ministerio de Hacienda como una institución aparte, instancia técnica destinada a ponerle limite a los “excesos de la política”, interlocutor privilegiado del mundo empresarial y la comunidad financiera internacional, que a través de sus analistas de riesgo está permanentemente monitoreando la marcha del país de acuerdo a sus particulares puntos de vistas e intereses.
Las opiniones que emanan de estos ámbitos adquieren una gravitación inusitada. Desde su perspectiva, mucho más importante que la cohesión social de un país es su nivel de acumulación de reservas fiscales, más importante que la inversión productiva es la mantención de fondos en el exterior, que a su vez pueden dar lugar a operaciones financieras altamente rentables para los bancos e instituciones financieras en los que estos analistas se desempeñan.
Este es muy someramente descrito el mecanismo a través del cual el Ministerio de Hacienda se ha transformado en una suerte de poder dentro del poder que termina marcando con su impronta la mayoría de las iniciativas gubernamentales. Esta tendencia que, digámoslo con claridad, se refiere más a la lógica de un modelo que a la persona de un ministro, ha alcanzado su mayor profundidad bajo este gobierno.
La política económica debe estar al servicio de la agenda gubernamental y no a la inversa. Esto no ocurre necesariamente así en nuestro país. Recién parecemos advertir que padecemos de un cierto subdesarrollo político, con déficit de funcionamiento y efectividad de importantes instituciones políticas. Por otra parte, todavía no tomamos conciencia de la precaria calidad de nuestra democracia, aunque The Economist nos acaba de situar al nivel de “democracia imperfecta”, con una menor calificación en los ítems de cultura y participación políticas.
La razón de fondo dice relación con el tremendo desequilibrio social que se ha producido en Chile y fruto del cual son las enormes injusticias y desigualdades. De alguna manera, el sobredimensionamiento del papel de Hacienda es expresivo de la enorme influencia alcanzada por el mundo empresarial.
Que los empresarios hagan grandes negocios y acumulen riquezas es propio de la economía de mercado y la globalización. Nada podría ser más poco realista que limitarse a establecer una condena ética al respecto. Pero una cosa es que sean ricos y otra bien distinta es que se transformen en todopoderosos. Es incluso comprensible que en un país como Chile, que debió enfrentar precozmente profundas reformas económicas que obligaron a una intensa competencia, el empresariado sienta que es un protagonista fundamental del proceso de desarrollo. Pero le corresponde a la sociedad, a la política, al gobierno, al Parlamento, recordarle permanentemente que no es el único actor de la vida colectiva, que sus intereses deben ser puestos en concordancia con los de otros, que junto a la utilidad privada existe también la rentabilidad social, que los países que aseguran dinamismo en el largo plazo son aquellos capaces de generar grados crecientes de integración y cohesión social.Este proceso de compatibilización de intereses es el que requiere de importantes definiciones. La puesta en práctica de una agenda de Protección Social apunta en la dirección correcta.
Decisiones importantes que se han adoptado recientemente siembran, sin embargo, dudas respecto de la consistencia de la política económica con las grandes prioridades de la agenda gubernamental.
El privilegio acordado a la acumulación financiera de excedentes invertidos en el exterior con bajas tasas de retorno, la mantención de una regla fiscal que ha perdido todo fundamento y que prácticamente ningún economista defiende, la excesiva postergación en el tiempo de los beneficios asociados a la Pensión Básica Solidaria y al Aporte Solidario en el proyecto de reforma previsional, la terminante negativa a la participación del Banco del Estado en un negocio previsional ampliamente dominado por un oligopolio que ha eliminado la competencia y la generosa franquicia tributaria que principalmente para las grandes empresas representa el proyecto sobre depreciación acelerada, dan cuenta de un cierto patrón de compartimiento, de una determinada política, que fundamenta estas aprensiones sobre la falta de congruencia de la política gubernamental entre los dichos y los hechos.
Una solución progresiva de la disyuntiva planteada requiere de rectificaciones y decisiones presidenciales trascendentes.
II. Nuestra contribución: propuestas para un nuevo impulso
Coherencia con el programa de gobierno y la naturaleza de centro izquierda de la coalición
La oposición ha entrado a una fase de confrontación aguda en todos los frentes, usando un estilo de descalificación sistemática. Su uso de los medios de comunicación afines le ha permitido crear un clima de confrontación artificial y de crítica acerba, del cual la Presidenta ha sido victima preferente. Pero la oposición equivoca el camino, porque los chilenos rechazan la lógica de la confrontación y la derecha no es creíble como alternativa para enfrentar las deficiencias que hemos reseñado, pues sigue representando a todas luces los intereses de los privilegiados y es expresión de un pasado autoritario y de una lógica social y culturalmente excluyente.
El principal desafío del gobierno es el de enfrentar a la derecha ordenando su propia coalición tras una lógica política coherente con su programa y con el proyecto de centro izquierda que encarna. Más que la apelación a la disciplina y a la lealtad de la coalición al gobierno que contribuyó a elegir, este ordenamiento y cohesión debe apoyarse en contenidos sustantivos, referidos no sólo a mecanismos eficientes de coordinación sino a espacios de deliberación política entre el gobierno, los partidos de su coalición, las bancadas parlamentarias y también el mundo social, que permitan construir consensos reales y sólidos para unir a la Concertación tras una agenda de realizaciones y contrastar a la oposición, buscando acuerdos y regulando los disensos.
Lejos de agotarse en la coyuntura o inmiscuirse en las funciones propias de la administración, estos espacios de deliberación política no deben perder de vista el mediano plazo y el proyecto político en donde tanto el programa de gobierno como las medidas para implementarlo adquieren su verdadera consistencia y coherencia. La Concertación de Partidos por la Democracia es una alianza política exitosa que no sólo ha recuperado la democracia sino que ha transformado al país en un sentido de mayor progreso y justicia social.
La elección de Michelle Bachelet inauguró un nuevo ciclo, que requiere de un nuevo pacto político, no sólo para sostener el actual gobierno y asegurar su pleno éxito sino que para proyectar a futuro a la coalición.
El actual gobierno tiene las ideas, capacidades y condiciones para cumplir el programa ofrecido al país. De lo que verdaderamente se trata es de reponer una lógica política coherente con su programa de gobierno y el proyecto político que le da sentido a su coalición. Para ello es fundamental fortalecer un equipo político dotado de un mandato claro y de todas las facultades necesarias para cumplirlo.
El programa de la candidata Michelle Bachelet fue aprobado por la Concertación y sigue constituyendo la referencia y compromiso de acción entre nosotros, así como lo son la gran mayoría de las iniciativas de su gobierno. En este contexto, parece ahora necesario visibilizar mejor y darle coherencia de conjunto a las iniciativas centrales en curso: las reformas electoral, al sistema de pensiones, a la educación y la infancia, y a favor de la probidad, entre otras.
Es necesario articular la iniciativa política más cercanamente a la idea fundacional de la Concertación: la normalización democrática es un valor en sí misma, pero se debe poner al servicio de la justicia social, de la necesidad de crecer y de avanzar hacia más participación e inclusión. Este criterio se debe expresar en el próximo período en tareas que aborden el mejoramiento de nuestra democracia, el desafío estructural del crecimiento (empleo, energía, educación y desarrollo tecnológico) y el fortalecimiento sustancial de la protección social (infancia, pensiones, salud y calidad de vida).
Una rectificación que viabilice las prioridades de la agenda del gobierno y la coalición
Ese es nuestro modelo, no el neoliberal ni su teoría del chorreo libremercadista. A estas tareas debe aplicarse prioritariamente el financiamiento adicional. Este no debe diluirse en desgravaciones tributarias que no benefician el desarrollo de Chile o, peor aún, sólo benefician a los más ricos con el pretexto de promover la inversión y que terminan en manos de la gran empresa. La inversión debe ser en promover las capacidades de la gente que vive de su trabajo remunerado o de su pequeña empresa. A ellos nos debemos, no a los grandes empresarios, que encuentran en la estabilidad jurídica y macroeconómica condiciones más que suficientes para su desenvolvimiento.
Nuestra tarea es para las grandes mayorías, no para las minorías privilegiadas de siempre. Proponemos definir las siguientes prioridades.
1. Empleo y Pymes
La situación del empleo mejora, pero no es suficiente el funcionamiento espontáneo del llamado mercado de trabajo. Chile no puede desperdiciar la capacidad productiva de sus jóvenes, por lo que debe iniciarse un programa de creación de 100 mil empleos juveniles de inserción, mediante la formación y el servicio a la comunidad, sustituyendo el actual subsidio que no crea empleos. Proponemos hacer de las Pymes el gran motor de la creación de empleo y tomar medidas audaces en su apoyo, haciendo más expedito para ellas el uso de la franquicia de capacitación, renegociando sus deudas tributarias, ampliando sustancialmente su acceso al crédito en condiciones favorables para la expansión de su actividad, viabilizando su incorporación de nuevas tecnologías, apoyando con decisión su acceso preferente a las compras públicas, promoviendo con más energía su inserción en los mercados externos, favoreciendo su asociatividad, defendiéndolas de la monopolización de sus canales de comercialización.
A su vez, la enorme inestabilidad de los contratos de trabajo debe al menos compensarse con un fuerte mejoramiento del seguro de desempleo, con menos requisitos de cotización previa y extensión del período de cobertura a 8 meses, seguido de derecho a planes de inserción y capacitación para los desempleados de larga duración. Chile debe y puede avanzar a plazos breves al pleno empleo promoviendo un desarrollo inclusivo.
2. Energía
La situación energética del país es precaria. Es necesario asegurar su abastecimiento pensando en el largo plazo. Se requiere reforzar sustancialmente los mecanismos de ahorro de energía, con beneficios tributarios al equipamiento de vivienda antigua y nueva, edificios autovalentes y promoción de los cambios de los sistemas de iluminación pública y privada). Debe asimismo promoverse, pues la ley presentada es un avance pero no es suficiente al abarcar solo la gran generación, el uso de fuentes renovables no tradicionales (energía eólica y solar, centrales de paso, biocombustibles), junto al desarrollo del gas natural licuado en los sistemas interconectados del norte y el centro-sur. Chile tiene mucho que ganar pasando de los megaproyectos económica y ecológicamente costosos al ahorro de energía en gran escala y el uso de tecnologías que nos permitan dar un salto sustancial en la sustentabilidad del crecimiento. Es urgente fortalecer, para acometer esta tarea, los órganos de planificación de largo plazo de nuestra matriz productiva y energétiica.
3. Educación y desarrollo tecnológico
Apoyamos los proyectos de subvención preferencial y general de educación para establecer que la educación sea una tarea que debe ser abordada con espíritu de equidad y no sólo de supuesta eficiencia que conduce a una desigualdad de acceso abismante. Es del todo evidente que los recursos públicos no deben usarse para el lucro privado a costa tanto de la pérdida de valores cívicos en la sociedad como también de la propia calidad de la educación mediante instituciones cuyo fin no es educar sino obtener una rentabilidad. Se equivocan los que sostienen que el problema de la educación chilena no es de mercantilización sino de calidad; es la mercantilización, entre otros factores, la que ha llevado a la pérdida de calidad.
Es urgente corregir la desigualdad de la educación públicamente financiada. La subvención pareja aplicada a situaciones desiguales no es equitativa, como tampoco lo son los cobros a los padres en régimen de financiamiento compartido que se autorizaron en 1993 por presión de la derecha, ni los aportes municipales que se realizan según la mayor o menor riqueza de los municipios. Todo este esquema neoliberal es el que debe ser corregido de raíz, pues ha conducido a una descomunal desigualdad educacional y a una enorme ineficiencia. Apoyamos la subvención preferencial para los más pobres y la prohibición de selección en los establecimientos preescolares y escolares con financiamiento público, con algunas excepciones de liceos de excelencia en media, en los que los alumnos con mayor rendimiento puedan beneficiarse de una educación más avanzada.
La lógica futura debe ser la de nivelar la calidad hacia arriba, con más recursos para los liceos con alumnos con más dificultades y con un incremento general del nivel de exigencia. Para hacerlo posible, se debe transitar a una gestión supracomunal (mediante nuevas entidades de derecho público) de la educación pública, con una extensión de la autonomía de los proyectos educativos y simultáneamente la facultad de la nueva autoridad de educación de intervenir los establecimientos con mala gestión. Este proceso debe acompañarse de una inmediata universalización del equipamiento en banda ancha en Internet en todos los establecimientos educacionales de Chile.
A su vez, se debe crear nuevos Institutos Tecnológicos Universitarios en cada región para invertir la pirámide de recursos humanos que no forma suficientes profesionales intermedios de nivel técnico.
Este mayor esfuerzo educativo debe hacerse en consonancia con la puesta en práctica de los nuevos programas de innovación y desarrollo tecnológico. Chile tiene el inmenso desafío de usar los recursos del royalty con imaginación, articulando mejor universidades y empresas en la conglomeración de actividades innovadoras complementarias en las diversas partes de nuestro territorio en lo que esto es posible. Los programas de formación en el exterior deben acelerarse, así como el estímulo al aprendizaje de idiomas extranjeros.
4. Protección social
Las personas de bajos ingresos, inferiores al 60% del ingreso mediano, son en Chile un 26% de la población y más de cuatro millones de personas, de acuerdo a la encuesta CASEN 2003. Del orden de 230 mil hogares, con más de un millón de personas, pueden considerarse en situación de exclusión severa, con ingresos per cápita menores al 30% del ingreso mediano, es decir un 7% de la población.
Reducido a este segmento viene operando en Chile desde los años posteriores a 1973 y como parte del enfoque neoliberal de focalización extrema, el sistema de asignación familiar, de subsidio único familiar, de subsidio al agua potable y de pensión asistencial. Más recientemente, se estableció el programa Chile Solidario, concebido para que las familias con menores niveles de ingresos puedan “construir un puente hacia sus derechos” de un modo directo en su relación con el Estado, con un sistema de monitoreo de las situaciones familiares y de sus progresos, con flexibilidad en los instrumentos y prioridad en el acceso a los sistemas de apoyo social. Sin embargo, el bono de protección familiar que las beneficia está limitado a 24 meses y es decreciente y de escaso monto.
Una ampliación sustancial de los mecanismos de protección social que mejore la situación de los sectores mencionados probablemente supondría una simplificación de la actual gama de mecanismos de transferencia de ingresos a los más pobres y definir una política de ingreso básico garantizado con dos mecanismos fundamentales, como suele ocurrir en los países con sistemas avanzados de protección: el primero concentrado en los niños (sobre la base de una prioridad valórica, con además alta rentabilidad social) y el segundo orientado a las personas de más de 65 años para
asegurarles una vejez con un mínimo de dignidad.
El primer mecanismo debiera consistir en otorgar a cada hijo de las familias de menos ingresos un subsidio a la infancia hasta que se complete la educación media, a ser percibido por la madre y con la condición de asistir a la escuela, y ser de un monto sustancialmente mayor al actual Subsidio Único Familiar, que se propone sea sustituido por este mecanismo, junto al sustancial esfuerzo en curso de incremento del sistema de cuidado infantil y educación pre-escolar, así como de la alimentación complementaria infantil. Un subsidio a la infancia de 30 mil pesos mensuales para 1,4 millón de niños de familias en situación de bajos ingresos tendría un costo anual del orden de 0,7% del producto de 2006 y constituiría un incremento de ingresos significativo para las familias con niños más carenciadas.
Un segundo criterio de homologación a las democracias sociales avanzadas debiera ser el de otorgar a los adultos mayores una pensión básica garantizada. Esto es parte sustancial de la reforma propuesta por el gobierno a fines de 2006, que ha considerado pertinente sostener la necesidad de la adopción de un sistema de pensión básica (no contributiva y financiada con impuestos, aplicable a todos los residentes en el país durante el ciclo de vida activa exceptuando a los de más altos ingresos) como primer pilar solidario del sistema de pensiones, combinado con un sistema contributivo de capitalización individual reformado en tanto segundo pilar y con el sistema de complemento de ahorro voluntario con descuento tributario a la renta (cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos con empleadores, depósitos de Ahorro Previsional Voluntario) en tanto tercer pilar.
Creemos que el esfuerzo para financiar la pensión básica debiera ser mayor a lo propuesto y ponerse en práctica antes. ¿Cuántos recursos está dispuesto a comprometer el país para entregar un ingreso básico a las personas que no pudieron ahorrar para obtener una pensión digna? No hay ninguna razón para decidir que tales recursos no lleguen al menos al 1,5 % del PIB cuando el sistema esté funcionando en régimen. Se propone elevar los beneficios del sistema de pensiones solidarias (SPS) en la siguiente forma:
- establecer la pensión básica solidaria (PBS), en julio de 2008, en un monto equivalente a un 80% del ingreso mínimo líquido vigente en ese momento (entre $90.000 y $95.000: nótese que los $ 75.000 propuestos por el Consejo Asesor Presidencial julio de 2006 equivalen, en términos reales, a $ 79.600 de julio de 2008 y $ 82.000 de julio de 2009);
- fijar la pensión máxima con aporte solidario (PMAS), en julio de 2009, en un monto equivalente a 2,7 veces la PBS (mantiene la proporción entre estos dos montos propuestos por el Consejo Asesor Presidencial);
- otorgar acceso a los beneficios del sistema de pensiones solidarias (SPS), en julio de 2009, al 60% de la población de menores ingresos; y al cuarto quintil, en julio de 2013.
- integrar la bonificación por hijo a las mujeres y el subsidio a los trabajadores jóvenes a los mecanismos de la SPS. La primera debiera alcanzar un monto equivalente al 10% de la PBS y pagado junto con ésta o con el APS. El subsidio a los jóvenes debiera pagárseles en una modalidad similar a los bonos de reconocimiento.
- establecer una misma edad de jubilación para las mujeres, sean estas capaces de financiar con sus ahorros previsionales íntegramente su pensión, o así requieran de un aporte fiscal a través del sistema de pensiones solidarias. Es injusto establecer requisitos de edad distintos a las mujeres (60 años en un caso y 65 años en el otro) para adquirir derecho a pensionarse. Se puede pensar en subir a 62 años el requisito a pensionarse de todas las mujeres, pero no establecer una discriminación en perjuicio de las mujeres más pobres.
En relación al sistema contributivo de AFP, se plantean los siguientes puntos para disminuir costos, elevar tasas de reemplazo, trasparentar prácticas y aumentar cobertura:
- separar la gestión de inversiones y la administración de fondos de los otros servicios que proporcionan las AFP.
- establecer una cotización de 2% de la remuneración imponible por parte de los empleadores que iría la cuenta de cada trabajador.
- vincular la rentabilidad de los fondos de los trabajadores con las ganancias de las AFP como empresas.
- regular la designación de directores de empresas por parte de las AFP.
- asegurar la participación del BancoEstado en el sistema.
- establecer un límite máximo al cobro de comisiones por administración que cobran las AFP actualmente. Hoy las AFP cobran por este concepto aproximadamente un 22% de la cotización mensual del trabajador, y se debe limitar este cobro a un 10%.
5. Salud
El sistema de salud se encuentra en curso de reforma. Las patologías incorporadas progresivamente al Plan Auge cubren ya una proporción alta de los problemas más graves de la población (56 y van a llegar a ser 80 a fin de este gobierno), es decir garantías crecientes en el marco de un acceso universal. Sin embargo, la reforma debe profundizarse y no perder dinamismo.
El desafío del fondo de compensación de riesgos se mantiene a propósito de la búsqueda de una mayor solidarización de los recursos. El sistema de salud ISAPRE sigue descremando el sistema. El sistema ISAPRE sigue echando a las patologías más caras y a la gente de mayor edad al sistema público. Junto a someterse a un fondo de compensación de riesgos, las ISAPRES deben tener planes de largo plazo y mayores límites en el copago, para de ese modo establecer incentivos apropiados a la realización de medicina preventiva.
Otro pilar indispensable es mantener y ahondar acciones colectivas que vayan a impactar en los factores de riesgo para poder controlar el incremento de la demanda futura, lo que requiere ir fortaleciendo los planes de salud pública, el control sobre el medioambiente, sobre las aguas, sobre los factores condicionantes culturales y sociales que dan lugar a las inequidades en el acceso a la salud y de ese modo asegurar la protección social en salud. La promoción de conductas saludables en las escuelas debe adquirir una prioridad cada vez mayor.
Esto no va a ser posible si no somos capaces de seguir fortaleciendo redes de atención, especialmente la red pública basada en una atención primaria de capacidad resolutiva creciente que asegure en toda la extensión de nuestro país la posibilidad de mejores condiciones de salud. Es necesario enfatizar cada vez más la prioridad de la salud preventiva y el mejoramiento sistemático del nivel primario de salud.
Proponemos mantener un plan reforzado de construcción de consultorios, Sapus y Centros de Referencia, incrementando la capacidad resolutiva de la salud primaria.
Se debe ampliar el per cápita de atención primaria y avanzar a un sistema de atención primaria que dignifique la vida, que tenga un concepto territorial en el que las personas puedan crecientemente resolver sus problemas de salud cerca de su hogar. Hoy día la atención primaria es una medicina para pobres en la mayoría de las comunas pobres. Se debe volver a tener especialistas básicos de atención primaria. y si además los médicos de atención primaria y del sistema hospitalario fueran de la misma carrera, podríamos tener una tremenda mejoría.
La evaluación de desempeño y de calidad de servicio en salud debe hacerla la gente, usando las nuevas tecnologías de la información.
6. Descentralización
Si la acción política ha perdido crecientemente su prestigio, debemos aceptar el desafío de transferir poder desde el nivel central a las regiones y comunas. Apoyamos lo propuesto por la presidenta Bachelet de elegir en octubre del 2008 a los consejeros regionales junto a los alcaldes y concejales. Debemos además crear autoridades metropolitanas en las regiones que lo requieren (al menos la Región Metropolitana, la 5a y la 8ª) y transferirles las facultades de transportes (con capacidad de crear sistemas de transporte de operación pública) y urbanismo al nivel regional y comunal. Esto supondrá incrementar el FNDR y el FCM y su capacidad redistributiva de recursos.
7. Finanzas públicas al servicio del desarrollo
Pasar a una regla de balance estructural debe ser definido a partir del presupuesto 2008, así como proponer terminar con las exenciones en el IVA y el impuesto a la renta para una mayor suficiencia fiscal, con eficiencia y equidad tributaria.
Es preferible en esta materia la franqueza: esto significa un Estado más grande que el que hoy en día tenemos. Debemos avanzar progresivamente a un tamaño del Estado equivalente, en proporción a la economía, al de EE.UU o Japón, es decir del orden de un 30% del PIB (recordemos que en Suecia, Alemania o Francia es del orden del 50% del PIB), para hacer viable las tareas públicas de promoción del crecimiento y el empleo, de protección social y de cuidado del ambiente. Esto requiere financiarse sin penalizar a los más débiles ni detener el crecimiento.
En Chile la desigualdad de ingresos antes de impuestos es grande. Luego de aplicar
los impuestos, la desigualdad crece y los gastos totales del Estado, necesarios por lo demás, no se concentran en los más pobres sino en algunas áreas, por lo que hasta hoy no corrigen suficientemente las desigualdades.
Por eso no es un capricho mejorar sustancialmente la tributación al uso de nuestros recursos naturales. La actividad minera en 2005 y 2006, dado el muy alto precio del cobre y el molibdeno, ha tenido utilidades superiores a la suma de la inversión privada desde que esta se reautorizó en Chile después de la nacionalización. Los chilenos estamos regalando a transnacionales del área inmensos dividendos que provienen de un recurso natural cuyo precio pasa por un ciclo alto. El royalty que se aprobó con dificultad sólo revertirá sobre los chilenos una mínima parte de esta bonanza, que irá a parar a los bolsillos de los accionistas de las transnacionales mineras. El royalty a aplicar en Chile debe incrementar su tasa progresivamente en función de los precios que obtenga el metal.
Otra fuente de ingresos para financiar un Estado social significativo en Chile es aumentar la capacidad de lucha contra la evasión tributaria y la eliminación de franquicias en el impuesto a la renta, que es un impuesto progresivo, franquicias que sólo en pocos casos tienen justificación. Con fines recaudatorios y asignativos, se debe establecer además que las empresas tributen una parte de sus utilidades, lo que hoy día no ocurre, habida cuenta de la renta tecnológica colectiva que estas se apropian, y que legítimamente debe ser revertida a un uso socialmente establecido. Es necesario desvincular progresivamente el impuesto a las utilidades de las empresas del impuesto a la renta (como es el caso en EE.UU., por ejemplo), manteniendo un mecanismo de descuento de los gastos en capacitación laboral, en investigación y desarrollo tecnológico y en producción limpia, que tendría la virtud de estimular la inversión en estas áreas, que muy pocas empresas realizan hoy en la magnitud necesaria para los nuevos desafíos de incremento de la competitividad que la integración en la economía global hace indispensables.
III. La concertación y el futuro
La Concertación, para continuar existiendo como la fuerza mayoritaria debe asumir que se ha abierto un nuevo ciclo político, enteramente distinto, con nuevos desafíos y nuevas demandas de la ciudadanía. Grandes cambios y transformaciones ha experimentado Chile en estos últimos 17 años. Este es un país que tiene poco que ver con el que recibimos en 1990.
Luego de tres gobiernos concertacionistas Chile es un país más desarrollado que ha más que duplicado su ingreso per cápita y ha mejorado todos y cada uno de sus índices sociales. Y si bien los ricos son más ricos y se ha agudizado un proceso de concentración de la riqueza, los pobres son menos pobres. Pese a estos notables avances en materia de crecimiento y los notables avances sociales, el país enfrenta el tema de una muy desigual distribución del ingreso y los frutos del crecimiento, generando fuertes tensiones sociales que bien pueden agravarse sino se enfrenta resueltamente el problema.
Chile cuenta hoy día con una ciudadanía más informada y demandante. Chile es hoy día un país más liberal en los temas valóricos que lo que expresan los medios de comunicación, en donde el fenómeno de corrupción no es sistémico como en muchos otros países, aunque se debe reforzar la lucha contra este flagelo y apoyar la agenda de probidad de la Presidenta Bachelet, y en donde la seguridad ciudadana se mantiene en niveles razonables.
Este es el nuevo Chile de los albores del siglo 21. Un Chile desafiante y lleno de promesas de futuro. Los partidos, tanto de gobierno como de oposición estamos confrontados a interpretar y conducir este nuevo Chile con sus anhelos de progreso y transformación, de mayor cercanía entre la política y los ciudadanos, con mayores grados de participación a través de nuevos derechos ciudadanos y con mayor protección social mediante un desarrollo verdaderamente inclusivo.
La alianza de centro izquierda que ha gobernado en estos años y que representa a la mayoría del país es el único sector político capaz de asumir estos nuevos desafíos. La derecha aún es prisionera de su pasado y su credo se reduce a la fe casi inconmovible en las virtudes del mercado y de la ley del más fuerte, sin propuestas reales para enfrentar los tremendos desafíos de futuro.
Pero nuestra opción no puede estar simplemente basada en la incompetencia de nuestros oponentes.
La Concertación tiene mucho por hacer si quiere continuar representado a la mayoría nacional. Luego de 17 años de gobierno necesitamos perfilar con más nitidez nuestra opción por el cambio y la transformación estructural. No podemos ser una coalición simplemente administradora de un estado de cosas, que con razón, una gran mayoría percibe como injusto.
Asimismo la Concertación tiene que renovar sus partidos que, reconozcámoslo se nos han ido quedando atrás. Tiene que resolver la paradoja que encierra el hecho de haber creado un nuevo Chile y experimentar al mismo tiempo serias dificultades para continuar representándolo. La Concertación debe abrirse a las nuevas realidades asumiendo la diversidad que existe en la sociedad y que se expresa también en su propio seno. Su diversidad en algunos ámbitos no puede ser un problema. Es, por el contrario, parte de su riqueza. La Concertación no puede ser una camisa de fuerza para ninguno de sus componentes. A estas alturas es claro que una Concertación consumida en la administración del poder, sin ideas nuevas para enfrentar los nuevos desafíos aparece condenada. La Concertación no puede vivir de la nostalgia de los éxitos del pasado ni constituir tampoco una instancia puramente transmisora de las decisiones gubernamentales.
De la misma manera que todo lo que se ha venido realizando durante los últimos 20 años es el producto de un intenso debate y una profunda reflexión que produjo cambios sustantivos en el paisaje político - cultural del país, se requiere en la actualidad, de una acumulación político – intelectual de una intensidad semejante. De ahí la importancia de estimular la discusión, de no coartar los debates, de situarse a la vanguardia de las nuevas inquietudes, de ser intransigentes en la denuncia y la lucha en contra de los abusos y los privilegios.
La Concertación tiene una deuda con el país y con la comunidad internacional que observa con admiración los logros de estos quince años y que lleva a muchos de hablar del “milagro chileno”. No son pocos en nuestro país que buscan presentar la experiencia chilena como la simple administración del legado del régimen militar, intentando ocultar el enorme costo social y la represión política que encierra la “obra” de Augusto Pinochet. Otros pretenden presentar nuestra propia experiencia como “modélica” para ser imitada por otros países y realidades y sin el rigor suficiente para analizar los claroscuros de nuestro propio proceso y el tipo de sociedad que emerge tras estos 16 años.
Como coalición en el poder, que aspira a proyectarse a futuro tenemos el deber de hacer un balance de los inmensos logros de estos años, como también acerca de nuestros errores e insuficiencias, no para reeditar una absurda e intranscendente polémica entre auto complacientes y auto flagelantes, sino para construir un relato comprensivo que le de un sentido a las transformaciones que hemos impulsado desde el poder y nos permita identificar los nuevos desafíos que se le presentan al país de cara al futuro.
Pensar el Chile de los próximas décadas sin cortapisas ni autocensuras es la condición primera que debe cumplir la Concertación si quiere proyectarse como fuerza constructora de futuro y no como simple administradora o reproductora del poder y dique en contra de una derecha, a la que con razones muy poderosas, la ciudadanía no ha querido en los últimos 50 años, confiarle el gobierno de la Nación.
Pero los diques no son eternos, los vetos no son vitalicios. La Concertación no puede contentarse con mantener a la mayoría ciudadana como rehén. En algún momento la ciudadanía, si no tiene argumentos y propuestas de futuro, se rebelará e nstalará a la derecha en el poder. Esto es lo que hoy día se está jugando. Un factor clave, será sin duda, el desempeño del gobierno. Si este logra recomponerse y saca adelante su agenda, hará una contribución sustantiva a la proyección de la Concertación. Si por el contrario, no es capaz de hacer converger su política económica con su agenda global, hará muy difícil, por no decir imposible, la continuidad de la Concertación en el gobierno.
El éxito del gobierno es condición necesaria pero no suficiente. Las elecciones son siempre batallas por el futuro y para ganarlas es preciso contar con buenos argumentos.
Ha llegado la hora de renovar el pacto político fundante de la alianza de centro izquierda que logro recuperar la democracia, rectificar el modelo de desarrollo, avanzar sustantivamente en materia de verdad, justicia y reparación en materia de derechos humanos e implementar activas políticas de inclusión y protección social. Hoy, de lo que se trata es de hacer un balance riguroso no sólo de los avances, errores e insuficiencias en materia económica o social, también en el plano de las libertades y derechos ciudadanos, sino acerca del sentido de estos cambios y los vertiginosos cambios acaecidos en el mundo, sino también y muy principalmente acerca de lo que le proponemos al país como proyecto político de largo aliento, que trasciende los marcos del actual programa y mandato del actual gobierno para reponer una perspectiva de transformaciones que permita terminar con las exclusiones para perfeccionar y profundizar nuestra democracia con mas participación, descentralización y poder para los ciudadanos, en donde la legitimidad de la política tiene una importancia capital; rectificar el actual modelo de desarrollo por un proceso de desarrollo inclusivo, que enfrenta las extremas desigualdades y distribuya de manera más equitativa el poder en la sociedad. Una versión del llamado Estado de bienestar adaptada a nuestra propia realidad, sin los condicionamientos extremos que nos impone la actual carga fiscal, es un desafío insoslayable para una coalición de centro izquierda que busca conjugar la libertad y mayor igualdad.
Este es un debate urgente e indispensable no sólo para suscribir un nuevo pacto político de una coalición que legítimamente aspira a proyectarse en el futuro sino para fijar un norte u orientación en donde cobre su verdadero sentido no sólo el actual programa de gobierno sino el accionar de la propia coalición en el poder.
No existe en el gobierno un organismo que asuma la responsabilidad de pensar el futuro, más allá de los límites de su mandato. Tampoco los partidos políticos el parlamento o los centros de pensamiento vinculados a la Concertación asumen con demasiado rigor, interactividad y espíritu de cooperación esta responsabilidad insoslayable.
Las ideologías, entendidas como sistema completo y acabado de pensamiento han dado paso a visiones muchos más instrumentales y ajustadas a los nuevos tiempos acerca del rol de los partidos políticos en democracia, como portadores de un proyecto político, entendiendo por tal un conjunto de objetivos, propuestas y orientaciones, mediante el cual un partido o una coalición política propone un rumbo por el que pretende conducir al país con el apoyo de la mayoría. Ese es el desafío que enfrenta la actual coalición de centro izquierda si aspira a proyectarse a futuro. Responder al país hacia donde queremos conducirlo en un horizonte temporal que trasciende el gobierno.
En este cuadro debe insertase la definición de los nuevos liderazgos presidenciales. Toda ambición asociada a la elaboración de nuevas propuestas constribuye a abrir nuevos horizontes. Por el contrario, en las condiciones de hoy día una ambición sin ideas, esencialmente continuista, tiene algo de obsceno.
¿Qué hacer hoy día? Proponemos convocar a un debate muy amplio y participativo en el que participen no sólo los partidos políticos, sus bancadas parlamentarias, los centros de estudio y pensamiento o los liderazgos presidenciables sino la propia comunidad organizada, los líderes de opinión, los dirigentes sociales, estudiantes, trabajadores, las llamadas minorías, los grupos ambientalistas, los jóvenes y mujeres, en un proceso sistemático no sólo buscando elaborar un nuevo programa de gobierno sino un nuevo proyecto político para Chile en torno al cual renovar un pacto político que de sentido a la proyección de la Concertación.
Muerte en Arauco: Alinco pide renuncia de Tohá, Rivas y Vasconcelos
la nacion
07.05.2007
El diputado PPD René Alinco pidió la renuncia inmediata de la intendenta del Bío-Bío, María Soledad Tohá; del gobernador de Arauco, Alvaro Rivas, y del jefe de la Octava Zona de Carabineros, general Jaime Vasconcelos, por la muerte del trabajador forestal, Rodrigo Cisternas.
“Los tiempos de matar en el país ya pasaron, se suponía que eso no iba a pasar mas en un país democrático y por eso alguien debe asumir en este caso las responsabilidades”, dijo Alinco.
El legislador anunció además que este martes presentará junto a otros parlamentarios un proyecto de acuerdo en el que solicitarán, además de la renuncia de las autoridades locales, que la investigación del caso sea asumida por el Ministerio Público.
El diputado señaló que la muerte de Cisternas “no puede pasar al olvido, no hay ninguna razón para que estas cosas sucedan, la muerte de este trabajar no puede ser en vano, alguien debe hacerse responsable porque el fusil no se disparó solo”.
07.05.2007
El diputado PPD René Alinco pidió la renuncia inmediata de la intendenta del Bío-Bío, María Soledad Tohá; del gobernador de Arauco, Alvaro Rivas, y del jefe de la Octava Zona de Carabineros, general Jaime Vasconcelos, por la muerte del trabajador forestal, Rodrigo Cisternas.
“Los tiempos de matar en el país ya pasaron, se suponía que eso no iba a pasar mas en un país democrático y por eso alguien debe asumir en este caso las responsabilidades”, dijo Alinco.
El legislador anunció además que este martes presentará junto a otros parlamentarios un proyecto de acuerdo en el que solicitarán, además de la renuncia de las autoridades locales, que la investigación del caso sea asumida por el Ministerio Público.
El diputado señaló que la muerte de Cisternas “no puede pasar al olvido, no hay ninguna razón para que estas cosas sucedan, la muerte de este trabajar no puede ser en vano, alguien debe hacerse responsable porque el fusil no se disparó solo”.
Dura crítica de Bitar a Blas Tomic
Agencias
07.05.2007
La "labor y responsabilidad de un buen funcionario de Gobierno es resolver los problemas de la gente, y estar allí en las buenas y en las malas", señaló esta mañana el vocero de la Concertación y presidente del Partido Por la Democracia (PPD), Sergio Bitar, en alusión a la renuncia del presidente del directorio del Metro, Blas Tomic.
De este modo, el ex ministro de Educación señaló su respaldo a la medida del Gobierno de traspasar 80 millones de dólares desde el Metro hacia el Transantiago, iniciativa que busca financiar los costos de implementación del nuevo plan de transportes capitalino.
"Respaldamos las medidas de financiamiento que se adopten para garantizar que el sistema siga operando en perfectas condiciones", indicó Bitar destacando que el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, explicó a los presidentes de partidos del bloque de gobierno que "todas las acciones emprendidas para el traspaso de los recursos necesarios para que funcione bien el Transantiago (...) están estrictamente apegadas a la ley".
En ese sentido, ante los cuestionamientos desde la Alianza, indicó que "nos parece altamente inconveniente que la derecha prosiga con una actitud que trata de obstaculizar la solución de los problemas del Transantiago, en lugar de facilitar su solución; a veces nos preguntamos si lo que busca la derecha es el desplome del sistema de transportes de Santiago".
07.05.2007
La "labor y responsabilidad de un buen funcionario de Gobierno es resolver los problemas de la gente, y estar allí en las buenas y en las malas", señaló esta mañana el vocero de la Concertación y presidente del Partido Por la Democracia (PPD), Sergio Bitar, en alusión a la renuncia del presidente del directorio del Metro, Blas Tomic.
De este modo, el ex ministro de Educación señaló su respaldo a la medida del Gobierno de traspasar 80 millones de dólares desde el Metro hacia el Transantiago, iniciativa que busca financiar los costos de implementación del nuevo plan de transportes capitalino.
"Respaldamos las medidas de financiamiento que se adopten para garantizar que el sistema siga operando en perfectas condiciones", indicó Bitar destacando que el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, explicó a los presidentes de partidos del bloque de gobierno que "todas las acciones emprendidas para el traspaso de los recursos necesarios para que funcione bien el Transantiago (...) están estrictamente apegadas a la ley".
En ese sentido, ante los cuestionamientos desde la Alianza, indicó que "nos parece altamente inconveniente que la derecha prosiga con una actitud que trata de obstaculizar la solución de los problemas del Transantiago, en lugar de facilitar su solución; a veces nos preguntamos si lo que busca la derecha es el desplome del sistema de transportes de Santiago".
La jugada del PPD y el presidenciable propio
La Nación
07.05.2007
Ayer el PPD ratificó su decisión de presentar, en diciembre de 2008, un precandidato presidencial para competir al interior de la Concertación por la sucesión de Michelle Bachelet en La Moneda. Así fue acordado durante el consejo general del partido, realizado este fin de semana en el Edificio Diego Portales. La decisión le abre al partido la posibilidad de no “hipotecar” sus apoyos a un muy bajo costo y por otro lado le permite ganar tiempo para ordenar sus propias filas con mira a los comicios que están más cerca.
En dicho voto político se acordó además “desalentar” cualquier iniciativa de lanzar una carrera de este tipo antes de las municipales de octubre del próximo año y jugársela por llegar con un solo candidato a la primera vuelta presidencial. Este último -señalan- será el nombre que mayores posibilidades tenga de derrotar a la derecha, sin vetos a partidos o dirigentes determinados.
De esta forma, el partido pretende no quedarse atrás en una definición que ya comienza dejar en claro las alternativas de las otras tiendas oficialistas: Soledad Alvear y Eduardo Frei, en la DC; y José Miguel Insulza en el PS.
Hoy en el PPD ya hay tres figuras que aspiran el mismo estatus de presidenciable: el timonel de la colectividad, Sergio Bitar, quien este fin de semana no descartó ser ungido si el partido así lo requiere, y dos que se han mantenido en un segundo plano, el ex ministro de Hacienda y miembro del grupo discrepante con la directiva, Nicolás Eyzaguirre, y el mismísimo ex Presidente Ricardo Lagos, quien no ha hecho pública decisión alguna, pero que es recurrentemente mencionado.
De ahí que el estrechamiento de los lazos entre el ex Mandatario y el partido cobre cada vez más importancia y venga a remediar el relativo alejamiento con que operó el año pasado. Un ejemplo de ellos es la carta que envió para excusarse por su inasistencia al cónclave -donde llamó a fortalecer al PPD “para plantearnos las tareas más allá del Bicentenario”- que fue respondida el mismo sábado con la formación de una comisión, encabezada por su amigo personal, el doctor Hernán Sandoval, además del senador Guido Girardi, para asesorarlo en su labor como enviado especial de las Naciones Unidas para el Cambio Climático.
PACTOS Y TRANQUILIDAD
Pese a lo que se auguraba semanas antes del evento, el 27º consejo general de la colectividad se desarrolló tranquilamente y, como en toda cita política, se realizó una serie de gestos de acercamiento para distender las tensiones. Por ejemplo, aunque se colocó a Girardi como uno de los “escuderos” de Lagos en su tarea contra el calentamiento global, hubo una “demarcación de terreno” que no dejó indiferente al parlamentario por Santiago Poniente. El sábado la directiva cruzó la Alameda y almorzó en el Hotel Plaza San Francisco para continuar trazando el desarrollo del cónclave y hacer algunos ajuste al tribunal supremo. Girardi quiso asistir, pero se le solicitó no hacerlo pues, formalmente, ya no es parte de la mesa desde que renunció a raíz del caso Publicam.
El acuerdo de gobernabilidad que logró la mesa encabezada por Bitar fue impulsado por el ex ministro vocero Francisco Vidal, quien fue el promotor de una serie de conversaciones para acercar al grupo de los disidentes -en el que participa el diputado Jorge Insunza y el es secretario general de la colectividad, René Jofré, entre otros- con los criterios defendidos por la mesa. Y aunque estos últimos no vieron con buenos ojos la “disponibilidad” de Bitar a convertirse en la carta presidencial de la tienda, se logró pactar una tregua tendiente a no aparecer divididos.
Al ambiente de tranquilidad también colaboró el cambio de los estatutos que se aprobó en el mismo consejo y donde se definió que el partido sería más “inclusivo” y que se permitiría la participación de las minorías.
Otro elemento que aglutinó a los participantes fue el “fantasma” de ChilePrimero: este movimiento, liderado por el ex diputado Jorge Schaulsohn y el senador Fernando Flores, se abrió a la posibilidad de apoyar a un candidato más allá de la Concertación. LN
07.05.2007
Ayer el PPD ratificó su decisión de presentar, en diciembre de 2008, un precandidato presidencial para competir al interior de la Concertación por la sucesión de Michelle Bachelet en La Moneda. Así fue acordado durante el consejo general del partido, realizado este fin de semana en el Edificio Diego Portales. La decisión le abre al partido la posibilidad de no “hipotecar” sus apoyos a un muy bajo costo y por otro lado le permite ganar tiempo para ordenar sus propias filas con mira a los comicios que están más cerca.
En dicho voto político se acordó además “desalentar” cualquier iniciativa de lanzar una carrera de este tipo antes de las municipales de octubre del próximo año y jugársela por llegar con un solo candidato a la primera vuelta presidencial. Este último -señalan- será el nombre que mayores posibilidades tenga de derrotar a la derecha, sin vetos a partidos o dirigentes determinados.
De esta forma, el partido pretende no quedarse atrás en una definición que ya comienza dejar en claro las alternativas de las otras tiendas oficialistas: Soledad Alvear y Eduardo Frei, en la DC; y José Miguel Insulza en el PS.
Hoy en el PPD ya hay tres figuras que aspiran el mismo estatus de presidenciable: el timonel de la colectividad, Sergio Bitar, quien este fin de semana no descartó ser ungido si el partido así lo requiere, y dos que se han mantenido en un segundo plano, el ex ministro de Hacienda y miembro del grupo discrepante con la directiva, Nicolás Eyzaguirre, y el mismísimo ex Presidente Ricardo Lagos, quien no ha hecho pública decisión alguna, pero que es recurrentemente mencionado.
De ahí que el estrechamiento de los lazos entre el ex Mandatario y el partido cobre cada vez más importancia y venga a remediar el relativo alejamiento con que operó el año pasado. Un ejemplo de ellos es la carta que envió para excusarse por su inasistencia al cónclave -donde llamó a fortalecer al PPD “para plantearnos las tareas más allá del Bicentenario”- que fue respondida el mismo sábado con la formación de una comisión, encabezada por su amigo personal, el doctor Hernán Sandoval, además del senador Guido Girardi, para asesorarlo en su labor como enviado especial de las Naciones Unidas para el Cambio Climático.
PACTOS Y TRANQUILIDAD
Pese a lo que se auguraba semanas antes del evento, el 27º consejo general de la colectividad se desarrolló tranquilamente y, como en toda cita política, se realizó una serie de gestos de acercamiento para distender las tensiones. Por ejemplo, aunque se colocó a Girardi como uno de los “escuderos” de Lagos en su tarea contra el calentamiento global, hubo una “demarcación de terreno” que no dejó indiferente al parlamentario por Santiago Poniente. El sábado la directiva cruzó la Alameda y almorzó en el Hotel Plaza San Francisco para continuar trazando el desarrollo del cónclave y hacer algunos ajuste al tribunal supremo. Girardi quiso asistir, pero se le solicitó no hacerlo pues, formalmente, ya no es parte de la mesa desde que renunció a raíz del caso Publicam.
El acuerdo de gobernabilidad que logró la mesa encabezada por Bitar fue impulsado por el ex ministro vocero Francisco Vidal, quien fue el promotor de una serie de conversaciones para acercar al grupo de los disidentes -en el que participa el diputado Jorge Insunza y el es secretario general de la colectividad, René Jofré, entre otros- con los criterios defendidos por la mesa. Y aunque estos últimos no vieron con buenos ojos la “disponibilidad” de Bitar a convertirse en la carta presidencial de la tienda, se logró pactar una tregua tendiente a no aparecer divididos.
Al ambiente de tranquilidad también colaboró el cambio de los estatutos que se aprobó en el mismo consejo y donde se definió que el partido sería más “inclusivo” y que se permitiría la participación de las minorías.
Otro elemento que aglutinó a los participantes fue el “fantasma” de ChilePrimero: este movimiento, liderado por el ex diputado Jorge Schaulsohn y el senador Fernando Flores, se abrió a la posibilidad de apoyar a un candidato más allá de la Concertación. LN
SERGIO GALILEA Y LA GUERRA SUBTERRÁNEA QUE ACOMPAÑA A LA DIVISIÓN REGIONAL
El Gong
06.05.2007
No descarta estar disponible para lo que sea, pero no por una ´´pega´´. Habla con EL GONG del liderazgo de Rabindranath Quinteros y de los desafíos que esperan al alcalde de un Puerto Montt que se ha ´´santiaguinizado´´.
´´Terrible´´ le parece al ingeniero civil Sergio Galilea Ocón la batalla para la que algunos se están preparando en nuestra zona a propósito de la próxima y definitiva división regional, y en cuyo proceso deberá dirimirse el control de las dos intendencias que surgirán: una que seguirá en Puerto Montt y la otra que nacerá en Valdivia.
De si la nueva Región de Los Lagos seguirá siendo DC o le correspondería al PPD en virtud de que la nueva de Valdivia, se da por descontado, la tomaría la DC de Frei, le parece definitivamente una discusión fuera de lugar porque las intendencias ´´no son cotos de caza de los partidos´´.
Ni siquiera quiere participar del criterio que algún dirigente de la colectividad ha puesto en boga: que es el momento del PPD para tener una intendencia sureña. Más que un PPD, un DC, o del partido que sea, Galilea cree que lo que sí necesita la Región de Los Lagos es un gran intendente, o una gran intendenta, que lidere la región para que esta sea el pivote de la macro región austral que incluye también a Aisén y Magallanes.
Advierte que aún cuando siempre tiene a Puerto Montt en su corazón no se está candidateando a nada. Pero si se diera la eventualidad de hacerse cargo de esta intendencia lo primero que haría sería reponer el proyecto del puente sobre el canal de Chacao. Acérrimo opositor a la división regional dice que por esa razón no habría podido ser el intendente de ese proceso, como se lo dio por hecho al poco tiempo de su derrota en las urnas ante Patricio Vallespín.
No está para nada en busca de una ´´pega´´ , porque ´´pega´´ tiene bastante dirigiendo el proyecto inmobiliario de Cerrillos que lo absorbe gran parte del día –según explica-. Recuerda que durante la era de la Concertación ha ejercido cargos gubernamentales de relevancia nacional –subsecretario de Vivienda, intendente de la Región Metropolitana, director nacional de Vialidad, etc.- y que en lo medular se define como una persona que tiene opinión propia sobre los temas y que está por hacer cosas y no para exhibirse con vista a un proyecto personal electoral.
Con todo, tampoco descarta en absoluto la posibilidad de volver a repostularse a diputado por este distrito sobre todo ahora que han surgido voces –entre otros en el PS local- que están por apoyarlo en una eventual nueva campaña .
SANTIAGUINIZADO
De esta capital regional y recogiendo una reciente encuesta aplicada por Adimark por iniciativa de la Corporación de Desarrollo de Puerto Montt, Galilea habla que ya tiene todos los síntomas de ´´metropolitanización´´ y que la capital regional se ha ´´santiaguinizado´´.
Respecto de ese estudio, Galilea dice coincidir ´´con la conclusión de que Puerto Montt tiene hoy día un nivel de desarrollo, un nivel de actividad, un nivel de sotck de servicios en general; hay internalizado un concepto de progreso que es manifiesto, y que es manifiesto si se le compara con [otras] ciudades. Todo hace ver que Puerto Montt va a ser en 10 años más la ciudad más importante entre Concepción y Punta Arenas. O sea Puerto Montt va a superar a Temuco...´´
Adimark ´´también confirma una cosa que es obvia: el temor, la inseguridad es probablemente la manifestación de problema más verdadera. Y yo sostendría que eso se debe a que Puerto Montt se ha ido metropolitanizando; o sea Puerto Montt se ha ido santiaguinizando desde el punto de vista de su temática, y por tanto las temáticas metropolitanas, entre muchas de las cuales está el temor, ciertos grados significativos de delincuencia, etc., es una ´´manifestación´´ de este desarrollo´´.
EL FENÓMENO QUINTEROS
Que el alcalde Rabindranath Quinteros sea visto como el personaje más importante por el 53 por ciento de la ciudadanía, cuando los que lo siguen tienen 5 o 6 por ciento, en el análisis de Galilea refrenda precisamente la percepción que tiene la gente de que vive en una ciudad que progresa y que su alcalde personifica esa tendencia.
´´Rabindranath Quinteros es el personaje con mayúsculas de Puerto Montt y es probable que lo sea de la región. Las razones pueden ser diversas. Yo creo que hay un escaso perfilamiento de las figuras políticas parlamentarias, no lo digo por haber sido casi parlamentario, no lo digo con rencor. Lo digo como constatación´´.
-¿Es también un rasgo metropolitano tener un líder con esa adhesión?
-No. La gente tiene una gran identidad con quien expresa la idea de progreso. Porque todo lo malo que pudiera tener Puerto Montt, o de las manifestaciones metropolitanas, como la delincuencia, el temor, los problemas de caos urbano, claro son malos. Pero desde el punto de vista de la parte buena , la parte buena es el progreso. Y Rabindranath Quinteros expresa para la gente esa imagen de progreso. Expresa la imagen del que se atreve; expresa la imagen del realizador, del tipo que dice las cosas claramente, del que no rehuye los conflictos; o sea es un personaje raro, un personaje con identidad, con fuerza. Y la gente se siente muy identificada con ese liderazgo.
-¿Ese tipo de liderazgo no representa rasgos patriacarles de la antigua sociedad sureña?, porque hay una suerte de paternalismo en que se asoma la expresión: dejémosle los problemas a este hombre para que los resuelva...
-No...
-Eso no es un rasgo metropolitano que tengamos un líder del cual dependamos absolutamente...
-Hablaré de un símil, para tener una idea. Yo creo que Ravinet en la década del 90, con su modalidad, con su estilo, con su autoridad, con su innovación ejerció un liderazgo de progreso nítido en Santiago. Yo creo que el liderazgo de Quinteros se parece al liderazgo de Ravinet en el bien entendido de que este es el liderazgo de una ciudad que está desarrollándose de algún modo ´´mucho más fuerte que el promedio nacional´´. Es la idea, es la noción del progreso. Ravinet reconstituyó el centro de Santiago y lo reconstituyó en circunstancias difíciles. Yo creo que Quinteros es visto claramente como el constructor principal del progreso de Puerto Montt. Incluso creo que la ciudadanía le demanda a Rabindranath Quinteros que le solucione todos los problemas...
-Es que él está metido en todo.
-Bueno es que acá la gente está convencida que Rabín Quinteros es el Chapulín Colorado.
-El otro día en una emisora local una vecina exigía que por lo menos fuera a limpiar los excusados en un consultorio..
-Lo que pasa es que los liderazgos tan potentes, tan ciudadanos, tan transversales y tan unánimes, tienen naturalmente siempre los riesgos de que la gente transforme ese liderazgo en un mito. Y en el mito que va a resolver como el conjunto de todos y cada uno de los problemas y tiene también la dificultad que sólo se confía en él y se deja de confiar en otros personajes del ámbito público privado que debieran tener un rol, por lo menos, coadyuvante al proceso de desarrollo en Puerto Montt.
POSICIONAMIENTO NACIONAL
-¿Qué podría significar para Quinteros que asuma el liderazgo nacional de los municipios? ¿Es un repotenciamiento? Porque igual podría tocar techo en Puerto Montt.
-Conozco a Quinteros, su trayectoria, y lo he acompañado. El fue un gran intendente, nunca ha habido un intendente como Quinteros. Y no es por decir nada malo respecto a otra gente, lo que pasa es que él brilló con luces propias como intendente. Entonces se da acá el caso de un líder local que también es líder regional; lo que está en discusión es si Quinteros puede ser líder nacional...
-¿Qué cree usted?
-Está en una apuesta. Como presidente de la Asociación se hace cargo de un problema complejo porque los municipios viven problemas sumamente difíciles en todo el país. Y obviamente esto implica que Quinteros tiene que desarrollar dos cosas que ha hecho bien en general, que es relacionarse firme, fuerte y claramente con la autoridad central, lo ha hecho bien cuando era intendente, o siendo alcalde. Quinteros es un tipo que ha conseguido en el nivel central cosas que otros no conseguían en los niveles centrales. Y esto no es juego de favores, sino que es capacidad negociadora, presentación de proyectos inteligentes...
-¿Redes?
-Quinteros es lo menos redes que hay. Yo creo que Quinteros tiene un trabajo bastante solitario, es un líder con equipos relativamente menores, más que buenos amigos tiene relaciones que son potentes. No es que Quinteros llegue a Santiago y tiene siete u ocho embajadores, yo creo que no somos más de dos o tres los que ayudamos a Quinteros en el nivel central, antes, ayer y ahora. O sea las cosas las ha conseguido por pelea y no porque tiene buenos amigos.
-¿Un líder de la talla de él podría convertirse en caudillo, por efecto del envanecimiento?
-La ventaja característica más singular de Quinteros, y este es casi un análisis antropológico, es que ejerce su liderazgo siendo siempre el mismo. Quinteros es más o menos el mismo que yo conocí los años 90, 91 como intendente de la región en términos de estilo. Es lo menos creído que hay, es lo más llano y directo; incluso tiene todos los riesgos de ser una persona directa. Pero esos riesgos te vacunan del contacto ciudadano, él hace del contacto ciudadano una cuestión permanente; o sea, no se le suben los humos. Quinteros es por sobre todo un hombre sencillo, es directo, es peleador, va de frente, es un liderazgo raro, pero es un liderazgo notable.
UNA TAREA DIFÍCIL
Respecto de los desafíos que esperan a Rabindranath Quinteros cuando asuma la presidencia de la Asociación de Municipalidades de Chile, Galilea señala: ´´Yo pienso que él debiera dar dos o tres peleas nacionales a nivel municipal. Creo que el financiamiento municipal es un problema grave, se encuentra claramente focalizado en la educación municipalizada´´.
Aquí resurge una antigua idea de Sergio Galilea: las corporaciones municipales de desarrollo urbano. ´´Actualmente eso implicaría hacer modificaciones constitucionales y legales y me parece también que Quinteros podría liderar con mucha autoridad tareas de ese tipo´´.
Si se convierte en el padre de este tipo de instancias, entre otros desafíos, puede conducir eficazmente la Asociación –dice-; ´´eso no lo convierte en candidato a la Presidencia de la República, pero creo que él puede, siendo claramente de los mejores alcaldes de Chile, darle una conducción fuerte a esta Asociación´´.
-¿A juicio suyo, entonces, lo más aconsejable para Quinteros es que siguiera como alcalde, que no pensara en postularse a una diputación, ni menos al Senado?
-Otra cosa que la gente reconoce fuertemente, incluso hasta la clase política tiene que reconocer, es que Quinteros es alcalde por vocación. El tiene una clara vocación ejecutiva; también podría ser un gran parlamentario pero por su manera de ser, su ejercicio de liderazgo, siempre me he imaginado que en el Senado quizás Quinteros estaría nervioso., encontraría que los tiempos son demasiado lentos, lo que no quita que él tiene un mérito extraordinario: él pudo ser senador y no fue senador. Podría ser perfectamente diputado y él opta por ser alcalde, o sea el no se obnubila por ascender en la carrera política tradicional, porque él tiene una forma de liderazgo que es distinta y eso la gente lo valora.
´´El no ejerce además caudillismos que son complejos. Tenemos el caso de alcaldes muy populares, bastante importantes, que incluso eran más importantes que Quinteros; Pinto en Valparaíso, Velásquez en Coquimbo, Soria, que yo tendería a ubicarlos más en la categoría de caudillos locales, con respeto por ellos naturalmente. Soria trató siempre de ser senador; cuando no se pudiera, diputado, por el partido A, por el partido B, por el partido C; podría haber sido candidato a presidente de la república... termina apoyando a Piñera en la última elección. Son gente que ejerce fuerte liderazgo pero la ventaja es que siendo Quinteros un alcalde y un intendente audaz es un tipo presupuestariamente ordenado; o trabaja con dos o tres personas, yo creo que él es igual un muy buen administrador´´.
PROYECTA SOMBRAS INEVITABLES
-¿Con todas esas cualidades que tiene Quinteros, no está ensombreciendo a otros, frenando la emergencia de nuevos liderazgos para ampliar el capital de líderes locales?
-Bueno eso es innegable. Cuando tú tienes una estrella tan rutilante el resto queda más opacado.
-¿Y eso es bueno para la ciudad?
-No. O sea, para la ciudad sería estupendo que tuviéramos tres Quinteros por ejemplo. Si la ciudad tuviera un Quinteros de derecha sería mejor ciudad porque tendríamos una competencia de liderazgos importantes, pero la lucha electoral acá es entre Blanca Nieves y los siete enanitos...
´´Yo pienso que no hay nadie de derecha en Puerto Montt, ni de la Concertación, que siente que le puede competir a Quinteros –añade-. Quinteros puede no sacar el 68 por ciento, puede sacar 63 por ciento, pero está bien, un alcalde que es elegido con más del 60 por ciento de los votos o con más de las dos terceras partes de los votos es, por decirlo de alguna manera en un juego político abierto, casi ser elegido por unanimidad. Yo creo que él va a volver a ser candidato lo más probable, pero si él decidiera ser diputado sería diputado; y si él decidiera ser senador, sería senador´´.
-Dados los desafíos que tiene la ciudad ¿será conveniente depender de un solo líder?...
-No, tienes toda la razón. Yo pienso que es muy importante que el liderazgo de Quinteros también se vaya expresando en equipos profesionales más permanentes dedicados a ciertos temas. Por eso es que hay ciertos desarrollos institucionales que son muy importantes. Yo pienso que Quinteros va a tener que dedicar un tiempo importante a dirigir la Asociación de Municipios de Chile y eso va a significar, no digo descuidar porque es muy difícil que él lo haga, pero obviamente hay un tema que es vital que es el fortalecimiento del equipo municipal. Lucho Durán que es el administrador municipal, Perotti que trabaja en la cosa educacional municipal, etc., probablemente un afiatamiento del equipo de profesionales es también una condición muy indispensable para seguir funcionando. Y el hecho de que pudieran haber nuevas instituciones que favorezcan el desarrollo de los municipios lo va a hacer mejor. Lo que pasa es que los municipios son tan precarios que dependen mucho del liderazgo del alcalde, entonces creo que hay que ir hacia una construcción institucional municipal. Cuando yo hablo de que haya corporaciones de desarrollo municipal, [de lo que se trata es de] un directorio que se encargue del desarrollo urbanístico global de las ciudades, adicional, pero dirigida y presidida por el alcalde´´.
Con todo –expresa Galilea- ´´liderazgos tan innegables como los de Quinteros son muy poco delegables, por su propia naturaleza´´.
No obstante hay una clave: ´´es importante que su liderazgo Quinteros lo vaya transformando en ser capitán de un equipo´´.
CORPORACIONES DE DESARROLLO
Al margen de todo, el caballito de batalla de Sergio Galilea, desde hace unos 10 años, es la corporación de desarrollo, una instancia en que confluyen los municipios y el sector privado..
De partida aclara tener profundo respeto por instituciones como el Centro para el Progreso u otras; es gente que hace cosas con sus propios recursos, ´´suele recibir además la crítica mordaz de mucha gente, porque basta que te coloques en un escenario para que te empiecen a tirar huevos´´. Todas las entidades de la comunidad tienen valor porque en Puerto Montt hacer cosas es muy difícil; ´´hay mucho chaqueteo en Puerto Montt´´.
Estos grupos –dice- ´´son animadores en el buen sentido de la palabra del desarrollo local y del desarrollo de la ciudad. Cada una de ellas tiene que hacer un esfuerzo por construir propuestas por pensar más en la solucionática que en la problemática´´.
´´Sin embargo creo que es tiempo de crear corporaciones privadas de desarrollo´´, reitera.
Participación activa del sector privado y también del municipio, con financiamiento y riesgos compartidos, de lo contrario no tiene futuro; para pensar y actuar en el desarrollo de la ciudad, es la fórmula que propicia Galilea. Y tiene que ser una corporación porque necesita un capital: por ejemplo, el municipio podría poner de sus recursos 200 millones al año y los privados poner otros 200 millones. También debe tener un directorio y un gerente.
Las grandes ciudades del mundo –puntualiza Galilea- se han reciclado y han solucionado los grandes y complejos desafíos de la época precisamente por este tipo de corporaciones, ´´que juntan a las autoridades locales con el sector privado y se comparten todos los riesgos. Obliga a profesionalizar los equipos creando instituciones que van a persistir mucho más allá de las personas´´.
-¿Está preparada la mentalidad del puertomontino para eso?
-Bueno, para eso hay que plantearse tareas grandes para tener grandes resultados.
´´El desarrollo urbano tiene que ser público y privado´´ estima Sergio Galilea. ´´El desarrollo urbano es demasiado importante para dejárselo sólo al Estado y es demasiado importante para dejárselo sólo a los privados´´.
Pero hay un pero más: para llegar a este tipo de corporaciones se requieren modificaciones constitucionales porque los municipios no se pueden asociar con privados. Por eso que es tan importante que los poderes Ejecutivo y el Parlamento le brinden una mirada a este tipo de iniciativas.
GALILEA EL POLÍTICO
-Don Sergio, en Puerto Montt y la zona al parecer el PPD –su partido- no está bien...
-El PPD está mal a nivel nacional, creo que hay un tema complejo, está en convalecencia.
-¿En que está Sergio Galilea en lo político hoy día?
-Estoy dedicado a dirigir el proyecto de desarrollo urbano más desafiante que hay en el país, eso es, desde el punto de vista político y profesional, enorme. Pero siempre he pensado que el día tiene 24 horas y yo siempre he trabajado no menos de 14. Yo naturalmente me dedico a la política, escribo mucho, artículos de opinión, tengo opinión política sobre muchas cosas y esa opinión política la expreso en los lugares que me parece corresponden. No tengo ningún interés de liderazgo mediático, no soy un mediático, no me voy andar disfrazando de nada, pero tengo opinión y mi corazón naturalmente está en Puerto Montt. Yo pude ser parlamentario, me interesaba ser parlamentario y me interesa ser parlamentario porque creo que el Parlamento está subvaluado. Y creo que en el Parlamento es necesario que los parlamentarios hagan más cosas y no por un problema de que tienen escasas atribuciones, sino que también tienen que ir ganándose la prestancia para hacer propuestas como la que hemos conversado. Yo perfectamente pude haber sido parlamentario por Santiago, fui intendente de la Región Metropolitana, en esta vieja práctica de que uno si uno es buen intendente después va a ser parlamentario.
-Y se vino a Puerto Montt sabiendo que nadie es profeta en su tierra...
-Yo siempre he sido un partidario acérrimo de la descentralización; yo siempre he sido partidario que los parlamentarios expresen los intereses de los territorios de los que son representantes. Bueno, yo sigo pensando que lo habría hecho bien como parlamentario, habría sido muy bueno para Puerto Montt, habría sido bueno para Quinteros, pero no fue... porque no tuve apoderados en todas las mesas.
-Muchos socialistas lo tienen mente todavía por acá para la próxima elección de diputados.
-Si todo sigue como está... Yo no fui elegido diputado ´´por esas cosas de la vida, por esas cosas del fútbol...´´ por tres chauchas, y probablemente quizás esa gente que no puso esas tres chauchas esté hoy día dispuesta a poner más de tres chauchas para que esto resulte. Pero como uno no sabe lo que la vida le va [a deparar] ... esa decisión habrá que tomarla un poquito más adelante. Pero si la tuviera que tomar hoy día yo repetiría la experiencia con la seguridad que hoy día ganaríamos.
LA GUERRA POR LAS INTENDENCIAS
-Respecto al tema de las intendencias de las Regiones de Los Lagos y Los Ríos ya está en marcha una guerra sorda. La posibilidad de que acá sea PPD también se ha comentado en el corrillo político y ahí ha salido nuevamente su nombre...
-Yo tengo que agradecer mucho porque creo que mi nombre sale para muchas cosas. Hasta hace algunos días iba a ser ministro del medioambiente, de repente siempre voy a ser el subsecretario de desarrollo regional porque se supone que soy la persona que tiene más expertise en ese tema y los municipios probablemente estarían muy agradecidos de que yo desempeñara esos roles. He cumplido cuatro o cinco funciones gubernamentales de primer nivel, por tanto para más de alguien yo era comodín dentro del gobierno, podía ser A o B. El otro día en una entrevista que me hicieron mis amigos del canal del Senado dije que estaba dispuesto a ser subsecretario de deportes... porque me gusta mucho el deporte pero me gusta enfrentar problemas dificilísimos. Yo me hice cargo de este proyecto de Cerrillos porque el proyecto estaba en la nada y hemos reconstruido esto en un año, estamos en obra hoy día y créeme que en este país pasar de proyecto a obra es una cosa que suele demorarse tres a cuatro años. Nosotros estamos en obra, estamos licitando a privados. A mí me encanta la gestión y me encantan los temas desafiantes. Ahora naturalmente me interesa mi tierra y tengo opiniones sobre los temas. Tengo opinión fuerte sobre que hay que sacar el proyecto puente Chacao, hay que recuperarlo, pienso que hay que recuperar una impronta mucho más fuerte del punto de vista del desarrollo de esta región. Si algún día el desafío está abierto para que yo pueda desempeñar algún rol ahí, bien. Eso lo veremos en su oportunidad, pero yo no me candidateo; a lo único que me candidatée en la vida fue para ser parlamentario y si todo sigue como está me voy a volver a candidatear para ser diputado, porque estoy seguro que hoy día la cantidad de gente que me dice: ´´viejo si yo supiera lo que hubiera pasado...´´ yo con la mitad de esa gente no más ya no tendríamos problemas.
-Pero ¿cómo visualiza este tema de la lucha por el poder en las intendencias de la región?
-A mí me parece terrible. Me parece terrible que se piense que las intendencias o los puestos son cotos de caza de los partidos, de la gente, de los liderazgos. A mí personalmente me parece terrible que la gente utilice en el fondo un cargo público para exhibirse y después para usarlo para propósitos más propiamente personales. Yo fui intendente de Santiago y ese tiempo trabajaba como 16 horas al día, entonces nunca entendí cómo otros intendentes tuvieran tanto tiempo para ir hasta a los programas de farándula. Yo entiendo que la función pública es una función de trabajo y de una función de probidad a toda prueba. Me parece increíble que los diputados discutan hoy día sobre si los nombres de sus asesores pueden ser públicos o no ¡por favor!, los políticos tenemos que estar sometidos a una moral, una moral mucho más estricta que la legalidad. Se lo digo profundamente porque este es mi pensamiento político profundo, yo no creo que un político tiene que estar sometido sólo a la legalidad del Poder Judicial o del conjunto de las leyes, no comparto que a mí me midan sólo si soy político porque yo respeto las normas del tránsito, o porque yo no maté a nadie, o porque mañana surge una acusación y finalmente la Corte Suprema o la Corte de Apelaciones dijo A, B o C. No me estoy refiriendo a ningún caso en particular. Si yo soy político la gente tiene que saber todo de mí, tiene que saber cuál es mi declaración de impuestos de los últimos cinco años. Baste que apretes un botón y veas la declaración de impuestos de cualquier seremi que exista en cualquier lugar de la nación.
EL PIVOTE DE LA MACRO REGIÓN
-¿En todo caso cree usted que ha llegado el momento de tener un intendente PPD en Puerto Montt aún cuando lo sea usted?
-No se si ha llegado el momento. Yo pienso que más que PPD, lo que esta región necesita es un o una gran intendenta; y necesita a alguien que ojalá lidere esta región para que esta región sea el pivote de la macro región austral de Chile, con Aisén y con Magallanes. Esta región necesita un intendente como Quinteros.
Si alguna vez y al comienzo se habló de su persona como intendente de Bachelet, Galilea recuerda haberlo dicho a alguien: ´´Cómo voy a ser intendente de una región que voy a dividir´´.
Por esa razón y porque señala tener opinión, dice que mañana ´´soy intendente mi primer proyecto va a ser sacar de nuevo el puente sobre el canal de Chacao´´.
´´O sea –subraya-, yo no estoy para tener una pega. Si pega tengo y tengo muchísima pega. A mí interesa hacer cosas´´.
06.05.2007
No descarta estar disponible para lo que sea, pero no por una ´´pega´´. Habla con EL GONG del liderazgo de Rabindranath Quinteros y de los desafíos que esperan al alcalde de un Puerto Montt que se ha ´´santiaguinizado´´.
´´Terrible´´ le parece al ingeniero civil Sergio Galilea Ocón la batalla para la que algunos se están preparando en nuestra zona a propósito de la próxima y definitiva división regional, y en cuyo proceso deberá dirimirse el control de las dos intendencias que surgirán: una que seguirá en Puerto Montt y la otra que nacerá en Valdivia.
De si la nueva Región de Los Lagos seguirá siendo DC o le correspondería al PPD en virtud de que la nueva de Valdivia, se da por descontado, la tomaría la DC de Frei, le parece definitivamente una discusión fuera de lugar porque las intendencias ´´no son cotos de caza de los partidos´´.
Ni siquiera quiere participar del criterio que algún dirigente de la colectividad ha puesto en boga: que es el momento del PPD para tener una intendencia sureña. Más que un PPD, un DC, o del partido que sea, Galilea cree que lo que sí necesita la Región de Los Lagos es un gran intendente, o una gran intendenta, que lidere la región para que esta sea el pivote de la macro región austral que incluye también a Aisén y Magallanes.
Advierte que aún cuando siempre tiene a Puerto Montt en su corazón no se está candidateando a nada. Pero si se diera la eventualidad de hacerse cargo de esta intendencia lo primero que haría sería reponer el proyecto del puente sobre el canal de Chacao. Acérrimo opositor a la división regional dice que por esa razón no habría podido ser el intendente de ese proceso, como se lo dio por hecho al poco tiempo de su derrota en las urnas ante Patricio Vallespín.
No está para nada en busca de una ´´pega´´ , porque ´´pega´´ tiene bastante dirigiendo el proyecto inmobiliario de Cerrillos que lo absorbe gran parte del día –según explica-. Recuerda que durante la era de la Concertación ha ejercido cargos gubernamentales de relevancia nacional –subsecretario de Vivienda, intendente de la Región Metropolitana, director nacional de Vialidad, etc.- y que en lo medular se define como una persona que tiene opinión propia sobre los temas y que está por hacer cosas y no para exhibirse con vista a un proyecto personal electoral.
Con todo, tampoco descarta en absoluto la posibilidad de volver a repostularse a diputado por este distrito sobre todo ahora que han surgido voces –entre otros en el PS local- que están por apoyarlo en una eventual nueva campaña .
SANTIAGUINIZADO
De esta capital regional y recogiendo una reciente encuesta aplicada por Adimark por iniciativa de la Corporación de Desarrollo de Puerto Montt, Galilea habla que ya tiene todos los síntomas de ´´metropolitanización´´ y que la capital regional se ha ´´santiaguinizado´´.
Respecto de ese estudio, Galilea dice coincidir ´´con la conclusión de que Puerto Montt tiene hoy día un nivel de desarrollo, un nivel de actividad, un nivel de sotck de servicios en general; hay internalizado un concepto de progreso que es manifiesto, y que es manifiesto si se le compara con [otras] ciudades. Todo hace ver que Puerto Montt va a ser en 10 años más la ciudad más importante entre Concepción y Punta Arenas. O sea Puerto Montt va a superar a Temuco...´´
Adimark ´´también confirma una cosa que es obvia: el temor, la inseguridad es probablemente la manifestación de problema más verdadera. Y yo sostendría que eso se debe a que Puerto Montt se ha ido metropolitanizando; o sea Puerto Montt se ha ido santiaguinizando desde el punto de vista de su temática, y por tanto las temáticas metropolitanas, entre muchas de las cuales está el temor, ciertos grados significativos de delincuencia, etc., es una ´´manifestación´´ de este desarrollo´´.
EL FENÓMENO QUINTEROS
Que el alcalde Rabindranath Quinteros sea visto como el personaje más importante por el 53 por ciento de la ciudadanía, cuando los que lo siguen tienen 5 o 6 por ciento, en el análisis de Galilea refrenda precisamente la percepción que tiene la gente de que vive en una ciudad que progresa y que su alcalde personifica esa tendencia.
´´Rabindranath Quinteros es el personaje con mayúsculas de Puerto Montt y es probable que lo sea de la región. Las razones pueden ser diversas. Yo creo que hay un escaso perfilamiento de las figuras políticas parlamentarias, no lo digo por haber sido casi parlamentario, no lo digo con rencor. Lo digo como constatación´´.
-¿Es también un rasgo metropolitano tener un líder con esa adhesión?
-No. La gente tiene una gran identidad con quien expresa la idea de progreso. Porque todo lo malo que pudiera tener Puerto Montt, o de las manifestaciones metropolitanas, como la delincuencia, el temor, los problemas de caos urbano, claro son malos. Pero desde el punto de vista de la parte buena , la parte buena es el progreso. Y Rabindranath Quinteros expresa para la gente esa imagen de progreso. Expresa la imagen del que se atreve; expresa la imagen del realizador, del tipo que dice las cosas claramente, del que no rehuye los conflictos; o sea es un personaje raro, un personaje con identidad, con fuerza. Y la gente se siente muy identificada con ese liderazgo.
-¿Ese tipo de liderazgo no representa rasgos patriacarles de la antigua sociedad sureña?, porque hay una suerte de paternalismo en que se asoma la expresión: dejémosle los problemas a este hombre para que los resuelva...
-No...
-Eso no es un rasgo metropolitano que tengamos un líder del cual dependamos absolutamente...
-Hablaré de un símil, para tener una idea. Yo creo que Ravinet en la década del 90, con su modalidad, con su estilo, con su autoridad, con su innovación ejerció un liderazgo de progreso nítido en Santiago. Yo creo que el liderazgo de Quinteros se parece al liderazgo de Ravinet en el bien entendido de que este es el liderazgo de una ciudad que está desarrollándose de algún modo ´´mucho más fuerte que el promedio nacional´´. Es la idea, es la noción del progreso. Ravinet reconstituyó el centro de Santiago y lo reconstituyó en circunstancias difíciles. Yo creo que Quinteros es visto claramente como el constructor principal del progreso de Puerto Montt. Incluso creo que la ciudadanía le demanda a Rabindranath Quinteros que le solucione todos los problemas...
-Es que él está metido en todo.
-Bueno es que acá la gente está convencida que Rabín Quinteros es el Chapulín Colorado.
-El otro día en una emisora local una vecina exigía que por lo menos fuera a limpiar los excusados en un consultorio..
-Lo que pasa es que los liderazgos tan potentes, tan ciudadanos, tan transversales y tan unánimes, tienen naturalmente siempre los riesgos de que la gente transforme ese liderazgo en un mito. Y en el mito que va a resolver como el conjunto de todos y cada uno de los problemas y tiene también la dificultad que sólo se confía en él y se deja de confiar en otros personajes del ámbito público privado que debieran tener un rol, por lo menos, coadyuvante al proceso de desarrollo en Puerto Montt.
POSICIONAMIENTO NACIONAL
-¿Qué podría significar para Quinteros que asuma el liderazgo nacional de los municipios? ¿Es un repotenciamiento? Porque igual podría tocar techo en Puerto Montt.
-Conozco a Quinteros, su trayectoria, y lo he acompañado. El fue un gran intendente, nunca ha habido un intendente como Quinteros. Y no es por decir nada malo respecto a otra gente, lo que pasa es que él brilló con luces propias como intendente. Entonces se da acá el caso de un líder local que también es líder regional; lo que está en discusión es si Quinteros puede ser líder nacional...
-¿Qué cree usted?
-Está en una apuesta. Como presidente de la Asociación se hace cargo de un problema complejo porque los municipios viven problemas sumamente difíciles en todo el país. Y obviamente esto implica que Quinteros tiene que desarrollar dos cosas que ha hecho bien en general, que es relacionarse firme, fuerte y claramente con la autoridad central, lo ha hecho bien cuando era intendente, o siendo alcalde. Quinteros es un tipo que ha conseguido en el nivel central cosas que otros no conseguían en los niveles centrales. Y esto no es juego de favores, sino que es capacidad negociadora, presentación de proyectos inteligentes...
-¿Redes?
-Quinteros es lo menos redes que hay. Yo creo que Quinteros tiene un trabajo bastante solitario, es un líder con equipos relativamente menores, más que buenos amigos tiene relaciones que son potentes. No es que Quinteros llegue a Santiago y tiene siete u ocho embajadores, yo creo que no somos más de dos o tres los que ayudamos a Quinteros en el nivel central, antes, ayer y ahora. O sea las cosas las ha conseguido por pelea y no porque tiene buenos amigos.
-¿Un líder de la talla de él podría convertirse en caudillo, por efecto del envanecimiento?
-La ventaja característica más singular de Quinteros, y este es casi un análisis antropológico, es que ejerce su liderazgo siendo siempre el mismo. Quinteros es más o menos el mismo que yo conocí los años 90, 91 como intendente de la región en términos de estilo. Es lo menos creído que hay, es lo más llano y directo; incluso tiene todos los riesgos de ser una persona directa. Pero esos riesgos te vacunan del contacto ciudadano, él hace del contacto ciudadano una cuestión permanente; o sea, no se le suben los humos. Quinteros es por sobre todo un hombre sencillo, es directo, es peleador, va de frente, es un liderazgo raro, pero es un liderazgo notable.
UNA TAREA DIFÍCIL
Respecto de los desafíos que esperan a Rabindranath Quinteros cuando asuma la presidencia de la Asociación de Municipalidades de Chile, Galilea señala: ´´Yo pienso que él debiera dar dos o tres peleas nacionales a nivel municipal. Creo que el financiamiento municipal es un problema grave, se encuentra claramente focalizado en la educación municipalizada´´.
Aquí resurge una antigua idea de Sergio Galilea: las corporaciones municipales de desarrollo urbano. ´´Actualmente eso implicaría hacer modificaciones constitucionales y legales y me parece también que Quinteros podría liderar con mucha autoridad tareas de ese tipo´´.
Si se convierte en el padre de este tipo de instancias, entre otros desafíos, puede conducir eficazmente la Asociación –dice-; ´´eso no lo convierte en candidato a la Presidencia de la República, pero creo que él puede, siendo claramente de los mejores alcaldes de Chile, darle una conducción fuerte a esta Asociación´´.
-¿A juicio suyo, entonces, lo más aconsejable para Quinteros es que siguiera como alcalde, que no pensara en postularse a una diputación, ni menos al Senado?
-Otra cosa que la gente reconoce fuertemente, incluso hasta la clase política tiene que reconocer, es que Quinteros es alcalde por vocación. El tiene una clara vocación ejecutiva; también podría ser un gran parlamentario pero por su manera de ser, su ejercicio de liderazgo, siempre me he imaginado que en el Senado quizás Quinteros estaría nervioso., encontraría que los tiempos son demasiado lentos, lo que no quita que él tiene un mérito extraordinario: él pudo ser senador y no fue senador. Podría ser perfectamente diputado y él opta por ser alcalde, o sea el no se obnubila por ascender en la carrera política tradicional, porque él tiene una forma de liderazgo que es distinta y eso la gente lo valora.
´´El no ejerce además caudillismos que son complejos. Tenemos el caso de alcaldes muy populares, bastante importantes, que incluso eran más importantes que Quinteros; Pinto en Valparaíso, Velásquez en Coquimbo, Soria, que yo tendería a ubicarlos más en la categoría de caudillos locales, con respeto por ellos naturalmente. Soria trató siempre de ser senador; cuando no se pudiera, diputado, por el partido A, por el partido B, por el partido C; podría haber sido candidato a presidente de la república... termina apoyando a Piñera en la última elección. Son gente que ejerce fuerte liderazgo pero la ventaja es que siendo Quinteros un alcalde y un intendente audaz es un tipo presupuestariamente ordenado; o trabaja con dos o tres personas, yo creo que él es igual un muy buen administrador´´.
PROYECTA SOMBRAS INEVITABLES
-¿Con todas esas cualidades que tiene Quinteros, no está ensombreciendo a otros, frenando la emergencia de nuevos liderazgos para ampliar el capital de líderes locales?
-Bueno eso es innegable. Cuando tú tienes una estrella tan rutilante el resto queda más opacado.
-¿Y eso es bueno para la ciudad?
-No. O sea, para la ciudad sería estupendo que tuviéramos tres Quinteros por ejemplo. Si la ciudad tuviera un Quinteros de derecha sería mejor ciudad porque tendríamos una competencia de liderazgos importantes, pero la lucha electoral acá es entre Blanca Nieves y los siete enanitos...
´´Yo pienso que no hay nadie de derecha en Puerto Montt, ni de la Concertación, que siente que le puede competir a Quinteros –añade-. Quinteros puede no sacar el 68 por ciento, puede sacar 63 por ciento, pero está bien, un alcalde que es elegido con más del 60 por ciento de los votos o con más de las dos terceras partes de los votos es, por decirlo de alguna manera en un juego político abierto, casi ser elegido por unanimidad. Yo creo que él va a volver a ser candidato lo más probable, pero si él decidiera ser diputado sería diputado; y si él decidiera ser senador, sería senador´´.
-Dados los desafíos que tiene la ciudad ¿será conveniente depender de un solo líder?...
-No, tienes toda la razón. Yo pienso que es muy importante que el liderazgo de Quinteros también se vaya expresando en equipos profesionales más permanentes dedicados a ciertos temas. Por eso es que hay ciertos desarrollos institucionales que son muy importantes. Yo pienso que Quinteros va a tener que dedicar un tiempo importante a dirigir la Asociación de Municipios de Chile y eso va a significar, no digo descuidar porque es muy difícil que él lo haga, pero obviamente hay un tema que es vital que es el fortalecimiento del equipo municipal. Lucho Durán que es el administrador municipal, Perotti que trabaja en la cosa educacional municipal, etc., probablemente un afiatamiento del equipo de profesionales es también una condición muy indispensable para seguir funcionando. Y el hecho de que pudieran haber nuevas instituciones que favorezcan el desarrollo de los municipios lo va a hacer mejor. Lo que pasa es que los municipios son tan precarios que dependen mucho del liderazgo del alcalde, entonces creo que hay que ir hacia una construcción institucional municipal. Cuando yo hablo de que haya corporaciones de desarrollo municipal, [de lo que se trata es de] un directorio que se encargue del desarrollo urbanístico global de las ciudades, adicional, pero dirigida y presidida por el alcalde´´.
Con todo –expresa Galilea- ´´liderazgos tan innegables como los de Quinteros son muy poco delegables, por su propia naturaleza´´.
No obstante hay una clave: ´´es importante que su liderazgo Quinteros lo vaya transformando en ser capitán de un equipo´´.
CORPORACIONES DE DESARROLLO
Al margen de todo, el caballito de batalla de Sergio Galilea, desde hace unos 10 años, es la corporación de desarrollo, una instancia en que confluyen los municipios y el sector privado..
De partida aclara tener profundo respeto por instituciones como el Centro para el Progreso u otras; es gente que hace cosas con sus propios recursos, ´´suele recibir además la crítica mordaz de mucha gente, porque basta que te coloques en un escenario para que te empiecen a tirar huevos´´. Todas las entidades de la comunidad tienen valor porque en Puerto Montt hacer cosas es muy difícil; ´´hay mucho chaqueteo en Puerto Montt´´.
Estos grupos –dice- ´´son animadores en el buen sentido de la palabra del desarrollo local y del desarrollo de la ciudad. Cada una de ellas tiene que hacer un esfuerzo por construir propuestas por pensar más en la solucionática que en la problemática´´.
´´Sin embargo creo que es tiempo de crear corporaciones privadas de desarrollo´´, reitera.
Participación activa del sector privado y también del municipio, con financiamiento y riesgos compartidos, de lo contrario no tiene futuro; para pensar y actuar en el desarrollo de la ciudad, es la fórmula que propicia Galilea. Y tiene que ser una corporación porque necesita un capital: por ejemplo, el municipio podría poner de sus recursos 200 millones al año y los privados poner otros 200 millones. También debe tener un directorio y un gerente.
Las grandes ciudades del mundo –puntualiza Galilea- se han reciclado y han solucionado los grandes y complejos desafíos de la época precisamente por este tipo de corporaciones, ´´que juntan a las autoridades locales con el sector privado y se comparten todos los riesgos. Obliga a profesionalizar los equipos creando instituciones que van a persistir mucho más allá de las personas´´.
-¿Está preparada la mentalidad del puertomontino para eso?
-Bueno, para eso hay que plantearse tareas grandes para tener grandes resultados.
´´El desarrollo urbano tiene que ser público y privado´´ estima Sergio Galilea. ´´El desarrollo urbano es demasiado importante para dejárselo sólo al Estado y es demasiado importante para dejárselo sólo a los privados´´.
Pero hay un pero más: para llegar a este tipo de corporaciones se requieren modificaciones constitucionales porque los municipios no se pueden asociar con privados. Por eso que es tan importante que los poderes Ejecutivo y el Parlamento le brinden una mirada a este tipo de iniciativas.
GALILEA EL POLÍTICO
-Don Sergio, en Puerto Montt y la zona al parecer el PPD –su partido- no está bien...
-El PPD está mal a nivel nacional, creo que hay un tema complejo, está en convalecencia.
-¿En que está Sergio Galilea en lo político hoy día?
-Estoy dedicado a dirigir el proyecto de desarrollo urbano más desafiante que hay en el país, eso es, desde el punto de vista político y profesional, enorme. Pero siempre he pensado que el día tiene 24 horas y yo siempre he trabajado no menos de 14. Yo naturalmente me dedico a la política, escribo mucho, artículos de opinión, tengo opinión política sobre muchas cosas y esa opinión política la expreso en los lugares que me parece corresponden. No tengo ningún interés de liderazgo mediático, no soy un mediático, no me voy andar disfrazando de nada, pero tengo opinión y mi corazón naturalmente está en Puerto Montt. Yo pude ser parlamentario, me interesaba ser parlamentario y me interesa ser parlamentario porque creo que el Parlamento está subvaluado. Y creo que en el Parlamento es necesario que los parlamentarios hagan más cosas y no por un problema de que tienen escasas atribuciones, sino que también tienen que ir ganándose la prestancia para hacer propuestas como la que hemos conversado. Yo perfectamente pude haber sido parlamentario por Santiago, fui intendente de la Región Metropolitana, en esta vieja práctica de que uno si uno es buen intendente después va a ser parlamentario.
-Y se vino a Puerto Montt sabiendo que nadie es profeta en su tierra...
-Yo siempre he sido un partidario acérrimo de la descentralización; yo siempre he sido partidario que los parlamentarios expresen los intereses de los territorios de los que son representantes. Bueno, yo sigo pensando que lo habría hecho bien como parlamentario, habría sido muy bueno para Puerto Montt, habría sido bueno para Quinteros, pero no fue... porque no tuve apoderados en todas las mesas.
-Muchos socialistas lo tienen mente todavía por acá para la próxima elección de diputados.
-Si todo sigue como está... Yo no fui elegido diputado ´´por esas cosas de la vida, por esas cosas del fútbol...´´ por tres chauchas, y probablemente quizás esa gente que no puso esas tres chauchas esté hoy día dispuesta a poner más de tres chauchas para que esto resulte. Pero como uno no sabe lo que la vida le va [a deparar] ... esa decisión habrá que tomarla un poquito más adelante. Pero si la tuviera que tomar hoy día yo repetiría la experiencia con la seguridad que hoy día ganaríamos.
LA GUERRA POR LAS INTENDENCIAS
-Respecto al tema de las intendencias de las Regiones de Los Lagos y Los Ríos ya está en marcha una guerra sorda. La posibilidad de que acá sea PPD también se ha comentado en el corrillo político y ahí ha salido nuevamente su nombre...
-Yo tengo que agradecer mucho porque creo que mi nombre sale para muchas cosas. Hasta hace algunos días iba a ser ministro del medioambiente, de repente siempre voy a ser el subsecretario de desarrollo regional porque se supone que soy la persona que tiene más expertise en ese tema y los municipios probablemente estarían muy agradecidos de que yo desempeñara esos roles. He cumplido cuatro o cinco funciones gubernamentales de primer nivel, por tanto para más de alguien yo era comodín dentro del gobierno, podía ser A o B. El otro día en una entrevista que me hicieron mis amigos del canal del Senado dije que estaba dispuesto a ser subsecretario de deportes... porque me gusta mucho el deporte pero me gusta enfrentar problemas dificilísimos. Yo me hice cargo de este proyecto de Cerrillos porque el proyecto estaba en la nada y hemos reconstruido esto en un año, estamos en obra hoy día y créeme que en este país pasar de proyecto a obra es una cosa que suele demorarse tres a cuatro años. Nosotros estamos en obra, estamos licitando a privados. A mí me encanta la gestión y me encantan los temas desafiantes. Ahora naturalmente me interesa mi tierra y tengo opiniones sobre los temas. Tengo opinión fuerte sobre que hay que sacar el proyecto puente Chacao, hay que recuperarlo, pienso que hay que recuperar una impronta mucho más fuerte del punto de vista del desarrollo de esta región. Si algún día el desafío está abierto para que yo pueda desempeñar algún rol ahí, bien. Eso lo veremos en su oportunidad, pero yo no me candidateo; a lo único que me candidatée en la vida fue para ser parlamentario y si todo sigue como está me voy a volver a candidatear para ser diputado, porque estoy seguro que hoy día la cantidad de gente que me dice: ´´viejo si yo supiera lo que hubiera pasado...´´ yo con la mitad de esa gente no más ya no tendríamos problemas.
-Pero ¿cómo visualiza este tema de la lucha por el poder en las intendencias de la región?
-A mí me parece terrible. Me parece terrible que se piense que las intendencias o los puestos son cotos de caza de los partidos, de la gente, de los liderazgos. A mí personalmente me parece terrible que la gente utilice en el fondo un cargo público para exhibirse y después para usarlo para propósitos más propiamente personales. Yo fui intendente de Santiago y ese tiempo trabajaba como 16 horas al día, entonces nunca entendí cómo otros intendentes tuvieran tanto tiempo para ir hasta a los programas de farándula. Yo entiendo que la función pública es una función de trabajo y de una función de probidad a toda prueba. Me parece increíble que los diputados discutan hoy día sobre si los nombres de sus asesores pueden ser públicos o no ¡por favor!, los políticos tenemos que estar sometidos a una moral, una moral mucho más estricta que la legalidad. Se lo digo profundamente porque este es mi pensamiento político profundo, yo no creo que un político tiene que estar sometido sólo a la legalidad del Poder Judicial o del conjunto de las leyes, no comparto que a mí me midan sólo si soy político porque yo respeto las normas del tránsito, o porque yo no maté a nadie, o porque mañana surge una acusación y finalmente la Corte Suprema o la Corte de Apelaciones dijo A, B o C. No me estoy refiriendo a ningún caso en particular. Si yo soy político la gente tiene que saber todo de mí, tiene que saber cuál es mi declaración de impuestos de los últimos cinco años. Baste que apretes un botón y veas la declaración de impuestos de cualquier seremi que exista en cualquier lugar de la nación.
EL PIVOTE DE LA MACRO REGIÓN
-¿En todo caso cree usted que ha llegado el momento de tener un intendente PPD en Puerto Montt aún cuando lo sea usted?
-No se si ha llegado el momento. Yo pienso que más que PPD, lo que esta región necesita es un o una gran intendenta; y necesita a alguien que ojalá lidere esta región para que esta región sea el pivote de la macro región austral de Chile, con Aisén y con Magallanes. Esta región necesita un intendente como Quinteros.
Si alguna vez y al comienzo se habló de su persona como intendente de Bachelet, Galilea recuerda haberlo dicho a alguien: ´´Cómo voy a ser intendente de una región que voy a dividir´´.
Por esa razón y porque señala tener opinión, dice que mañana ´´soy intendente mi primer proyecto va a ser sacar de nuevo el puente sobre el canal de Chacao´´.
´´O sea –subraya-, yo no estoy para tener una pega. Si pega tengo y tengo muchísima pega. A mí interesa hacer cosas´´.
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