lunes, 16 de abril de 2007

“Quienes reciben subvención del Estado no deberían lucrar económicamente del sistema”

La Nación
10.04.2007

Para la diputada Carolina Tohá, ex presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara e integrante del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, la definición de objetivos es un tema central de la normativa propuesta.

“Cuando uno hace una norma decide lo que es correcto y lo que es útil y cuando estamos hablando de un sistema en que los que reciben subvención del Estado, lucran económicamente con eso, no parece aceptable. Y que de ahí salga una utilidad para privados, tampoco es útil. En el pasado lo fue, porque necesitábamos aumentar la cobertura, pero hoy no nos va a ayudar a mejorar la calidad que es lo que necesitamos”, recalcó la parlamentaria PPD y madre de dos niños.

En tal sentido, subrayó que “este es un proyecto que fija las líneas matrices, normas generales sobre cómo mejoramos la calidad de la educación en Chile y que el debate sobre algo tan importante se centre en el tema del lucro, es realmente penoso”.

“El corazón del proyecto consiste en subir la exigencia que la sociedad se da a sí misma para garantizar la educación. Hoy garantizamos educación, pero no calidad, el Estado no tiene herramientas para revertir esta situación de mala calidad. Si un colegio por reiteradas ocasiones no cumple normativas de construcción o laborales, puede terminar perdiendo el reconocimiento, pero si egresan de él estudiantes que no saben leer, no lo pierde. Ese es el tema”, insistió.

Carolina Tohá subrayó asimismo que esta iniciativa genera una responsabilidad en el Estado sobre esta materia y le da herramientas para hacer cumplir esas obligaciones. “Pasa a ser un deber del sostenedor, la búsqueda de la calidad y ello se expresa en que cada ciclo educativo tiene perfiles de egresos y además, para cada año académico, se fijan estándares y evaluaciones que si no se cumplen dará pie al término del reconocimiento.

La parlamentaria recordó también que el proyecto, que ingresó ayer a la Cámara, no resuelve todos los problemas, por lo cual “junto con esta nueva ley marco vienen otras iniciativas como la que crea la Superintendencia de Educación, la que reforma el financiamiento público y la referida a la institucionalidad que administra la educación pública”.

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