Tohá se querella contra imprenta que trabajó para su campaña y descartó dejar vicepresidencia del PPD.
Hasta el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago llegó la diputada PPD Carolina Tohá para presentar una querella por el delito de uso malicioso de intrumento privado en contra de Heiner Aros, dueño de la imprenta Fe & Ser, que le prestó servicios de papelería durante su campaña electoral y que habría usado una factura con el nombre de la empresa "fantasma" Sociedad Comercial Trony.
La parlamentaria PPD aseguró que ha sido víctima de dos engaños por parte de Aros. "Mi campaña recibió de su parte una serie de folletos, que se usaron efectivamente en mi campaña y fueron pagados satisfactoriamente. Contra esos trabajos él me entregó una factura que ahora un año después resulta ser falsa y al momento de responder y dar explicaciones por esta factura, y aquí está el segundo engaño, niega estos trabajos y niega esos pagos que ha recibido. Yo no contraté en mi campaña ninguna empresa fantasma", aseguró la diputada.
Por otra lado, la parlamentaria declinó renunciar a su vicepresidencia en el PPD, luego que el martes ella misma dijera que lo estaba evaluando. "Yo voy a seguir en todas mis funciones, porque esta situación de manera clara y nítida es un engaño del que yo fue víctima", insistió Tohá.
La diputada agregó que los antecedentes del caso también fueron entregados al Servicio de Impuestos Internos (SII) para que este determine si hubo delito tributario en este caso. "El Servicio de Impuestos Internos tiene una labor muy importante que hacer y espero que lo haga de manera eficaz y rápida, porque esta factura es una factura timbrada e Impuestos Internos tiene que acreditar como fue a producirse, qué tipo de delitos hubo detrás. Alguien tuvo que haberse beneficiado con esta operación y ese alguien no fui yo", indicó.
Al mismo tiempo, afirmó que cuenta con ancetendentes "contundentes, que acreditan de manera fehaciente un pago de varios millones de pesos por los trabajos y además son trabajos que toda la ciudadanía conoció en mi campaña".
Por su parte, su abogado Juan Domingo Acosta indicó que la suma de la factura en cuestión es un poco menos de 5 millones de pesos y detalló que de comprobarse los delitos contemplados en esta querella, los responsables podrían cumplir una pena máxima de 5 años y un día de presidio.
El SII detectó en la rendición de cuentas de la parlamentaria el uso de una factura correspondiente a la empresa falsa Sociedad Comercial Trony, sin domicilio existente y sin contribuyente ubicable. El monto asciende a $ 4.804.832 , fechada el 7 de diciembre de 2005, por impresos de afiches y volantes.
Fuente "La Tercera"
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