VOTO POLITICO del XXVI Consejo Nacional

VOTO POLITICO del XXVI Consejo Nacional
PARTIDO POR LA DEMOCRACIA
SANTIAGO, 25 DE NOVIEMBRE 2006.


1. El Partido por la Democracia y la Concertación has sido sometidos en las últimas semanas a un duro cuestionamiento por parte de la opinión pública producto de situaciones que involucran a funcionarios en prácticas clientelísticas, envuelven un relajamiento de normas fundamentales en el quehacer político por parte de parlamentarios y se le imputan a otros hehos que pueden ser calificados de corrupción. Que todos estos problemas se puedan hacer extensivos a otros partidos no aminora nuestra responsabilidad, la que asumimos plenamente pidiendo excusas y dando garantías al país que tenemos la firme determinación de elevar nuestros estándares de exigencia ética a los militantes y dirigentes, especialmente aquellos que ocupan cargos públicos o de representación popular.

2. Estos cuestionamientos impactan el alma del PPD porque somos una organización que nació a la vida pública motivada por una muy profunda convicción ética y un compromiso profundo con la democracia, los derechos humanos, el estado de derecho y la defensa de los ciudadanos. Somos por esencia ajenos a las conductas sectarias, por ello nos repele el clientelismo y nos avergüenzan las denuncias que hemos conocido. Haremos todo lo necesario para corregir los errores cometidos y confiamos en la justicia para que cada situación sea aclarada y las responsabilidades individuales sancionadas conforme a derecho. Sin embargo, declaramos que se deben asumir las responsabilidades políticas y éticas porque la función pública exige a sus protagonistas estándares más exigentes de ética pública.

3. Debemos fortalecer la institucionalidad del partido. El Tribunal Supremo deberá elaborar una normativa clara y completa respecto de las medidas que adoptará cada vez que militantes se vean envueltos en acusaciones. Queremos que todo miembro de esta colectividad sea sometido a las mismas normas, independientemente de su rango o perfil público. Dicha normativa deberá establecer en qué circunstancias se suspende la militancia de una persona y cuando corresponde que se suspenda el desempeño de cargos directivos. Asimismo, el Consejo procederá a designar a los miembros de la Comisión de Ética, los que deberán cumplir una labor fundamental en el camino que hoy iniciamos para superar la actual situación y volver a sentir el orgullo de pertenecer a esta organización, que tanto ha contribuido a la democracia y al cambio cultural en el país. En este sentido, el Consejo mandata a la Comisión de Ética para elaborar un Código de Conductas para dirigentes, representantes ciudadanos y militantes que ponga a disposición de todas las instancias partidarias, especialmente del Tribunal Supremo. Este último deberá en breve plazo operar controles y sanciones para garantizar el cumplimiento del Código en el partido.

4. El Consejo reconoce que la crítica política entre compañeros y compañeras es una práctica válida y que no debe ser jamás censurada. No obstante, rechaza la difusión de descalificaciones a través de los medios que dañan al conjunto del PPD y ponen en tela de juicio la honestidad de sus militantes, afectando nuestro prestigio colectivo ganado en años de compromiso en la lucha por los derechos y libertades ciudadanas. No es aceptable que se desarrollen verdaderas campañas comunicacionales de hostigamiento en contra de militantes del partido.

La institucionalidad del partido debe ser respetada. Ningún militante puede colocarse sobre ella. Asimismo, la dirección política debe resguardar el ejercicio de los derechos de expresión y participación de todos los militantes, en particular de las minorías.

Emprendemos un camino difícil y de largo plazo. El Consejo valora las palabras de unidad y los reconocimientos de errores, pero advierte que ellas no bastan. Debemos emprender un nuevo rumbo consecuente de superación de los problemas que esta crisis ha develado. El PPD no recurrirá a reconciliaciones aparentes para maquillar sus problemas. Los enfrentaremos con decisión y hoy iniciamos un proceso que no daremos por cerrado sino hasta superarlo plenamente.

5. Agradecemos la presencia de la presidente Michelle Bachelet en nuestro Consejo Nacional. Sus palabras nos alientan y comprometen más aún con su gobierno y la Concertación. Apoyamos firmemente sus propuestas presentadas el día jueves 23 del presente. Ellas vienen no sólo a renovar los compromisos de modernización del Estado del año 2003, sino a profundizarlos. La probidad y la transparencia deben incorporarse como componentes esenciales de la democracia, del mismo modo como ha ocurrido con el respeto de los derechos humanos. Apoyaremos decididamente la materialización de dichas decisiones impulsando la agenda por la transparencia, la modernización del Estado y el mejoramiento de la calidad de la política, que permiten enfrentar los problemas institucionales que están a la base de los hechos conocidos. En particular el PPD concentrará sus energías en:

a. En el ámbito del Gobierno:

i. Impulsaremos con fuerza la designación por concurso público de los cargos de Alta Dirección Pública en el Estado. El 100% de los concursos debe estar realizado y nombrados los funcionarios de acuerdo a él en el curso del año 2007.
ii. Buscaremos que se ponga término o se regulen y limiten seriamente los fondos de asignación discrecional por parte de autoridades. Los fondos públicos con destino a las personas, organizaciones sociales o empresas deben ser concursables o sometidos a una evaluación independiente de la autoridad política o administrativa. Además, debe profundizarse la descentralización de la administración de dichos fondos.
iii. Promoveremos el fortalecimiento y modernización de la Contraloría General de la República, afirmando su independencia y profesionalismo. Pedimos al gobierno que acelere la designación del Contralor buscando, como corresponde en este caso, el necesario consenso con la oposición.
iv. Apoyamos el concepto de transparencia activa y la puesta en marcha de mecanismos de acceso a la información de los actos de gobierno, la que sólo podrá ser limitada no por calificación funcionaria, sino por ley.

b. En el ámbito del Parlamento y los Partidos Políticos

i. Limitaremos estatutariamente y propondremos por ley la limitación a la reelección en los cargos de representación popular.
ii. Impulsaremos la urgencia de la tramitación del proyecto de ley para regular el lobby, el tráfico de influencias y los conflictos de interés en que pudieran incurrir los miembros del ejecutivo y los representantes de la ciudadanía, implementando sanciones drásticas que incluyan la pérdida del cargo. Asimismo, estableceremos la incompatibilidad del ejercicio del lobby con el desempeño de cargos de responsabilidad al interior del partido.
iii. Reforma del sistema electoral. El sistema binominal que hoy nos rige limita inaceptablemente la representación de las minorías y concede a la negociación de las superestructuras partidarias un poder desproporcionado en la determinación de los representantes populares a expensas del veredicto ciudadano. Para modificar esta situación requerimos legislar sobre la inscripción automática, el derecho a sufragar de los compatriotas que residen en el exterior, la ampliación del número de candidatos que pueden postular a los cargos a llenar, la participación creciente de las mujeres y la adecuada inclusión de las corrientes de opinión minoritarias. Asimismo, deberán fortalecerse las normas que impidan una ingerencia o intervención indebida del gobierno y de empresas en los procesos electorales.
iv. Revisión de las normas que regulan el financiamiento público de las campañas electorales y de los partidos políticos, apuntando a
a. un fortalecimiento de la capacidad fiscalizadora por parte del Servicio Electoral, a través de la creación de una unidad de fiscalización.
b. el fortalecimiento de los partidos de modo que cuenten con los medios mínimos para un funcionamiento institucional adecuado, que incluya la administración profesional de los fondos para campañas políticas.
c. identificar, regular y sancionar cualquier tipo de prácticas adicionales que pudieran inducir una influencia indebida del dinero en la política. Propondremos que la ley regule el acceso equitativo a la publicidad radial y a medios escritos de todos los candidatos y con financiamiento público. De igual manera, debe regularse la campaña en la vía pública, determinando lugares limitados de propaganda. Además, las campañas deberán limitarse efectivamente a los tiempos definidos en la ley. La transgresión a estas normas deberá implicar la inhabilitación del candidato o la candidata. Proponemos, además, incorporar la sanción de pérdida del cargo, además de pecunarias y el establecimiento de inhabilidades para el candidato que infrinja gravemente las normas relativas al cohecho, financiamiento y rendición de cuentas de campaña. Finalmente, proponemos prohibir los aportes a campañas por parte de empresas, limitándolo sólo a personas naturales, poniendo fin al anonimato.