La disidencia exige a Bitar definición por formalización

La Nación
16.01.2007


Una veintena de dirigentes del PPD asistió ayer a la directiva ampliada extraordinaria, la primera cita oficial del partido tras la tumultuosa salida del senador Fernando Flores y el diputado Esteban Valenzuela. El presidente de la tienda, Sergio Bitar, llegó cargando un plan de contingencia para superar la crisis, en el cual incluyó una serie de medidas que buscan darle un nuevo impulso a su colectividad.

Sin embargo, los disidentes acudieron con otra lista en sus manos, en la que se incluía una seria pregunta: cómo procederá la mesa ante el inminente formalización contra los diputados Rodrigo González y Laura Soto, por el tema de los Programas de Generación de Empleo (PGE), y frente al senador Guido Girardi, que debería prestar declaraciones por el caso Publicam.

Luego que el Tribunal Constitucional (TC) decidiera que los diputados PPD podían ser formalizados sin previo desafuero, el escenario cambió drásticamente, por cuanto los dardos volverán a concentrarse en la tienda de Santo Domingo.

Fuentes de la disidencia aseguraron que durante la cita la mesa tenía que mostrar un plan claro respecto de las nuevas situaciones de crisis que están por venir, pues de lo contrario el sector nuevamente presionará para obtener cambios más drásticos.

En ese sentido, no descartaron solicitar que las elecciones internas se anticipen y-ahora- sin hacer las concesiones a las que estaban dispuestos antes de la expulsión de Jorge Schaulsohn, cuando pedían una sanción “más suave” para el ex timonel. En aquel momento eran proclives a formar una mesa donde permaneciera Bitar, acompañado de otros personeros que representaran a todas las tendencias. Actualmente, demandan una directiva que dé salidas claras a los problemas judiciales que deberán enfrentar tres de sus personeros emblemáticos y contar con un equipo negociador potente, que sea capaz de encarar las próximas municipales y a sus homólogos del PS, DC y PRSD.

Al ser consultado si su tendencia aceptaría la idea de la mesa bitarista, que propuso cederle más presencia en la directiva a cambio de normalizar los ánimos de la tienda, el diputado Patricio Hales fue tajante: “No acepto algo así. No por hacer un gesto agresivo, sino porque creo que hay que fortalecer los mecanismos democráticos y no tratar de buscar fórmulas por secretaría que nos impiden hacer el debate que debemos”. Agregó que “tenemos que discutir con claridad el conjunto de hechos que le está sucediendo a la Concertación”.

Hales afirmó que la crisis del partido empezó mucho antes del episodio de Schaulsohn, concretamente -señaló- comenzó “con el portazo de Álvaro Escobar”, ahora diputado sin partido.

Para algunos disidentes, la mesa bitarista ha cometido una serie de errores que se desencadenaron precisamente desde que Escobar abandonó las filas de la colectividad a mediados de 2006. Acusan que la falta de manejo de la dirección le ha hecho perder peso político a la tienda, que por cierto tiene el mayor número de diputados dentro de la Concertación (22 contando los independientes pro PPD), pero que ahora sin Escobar y Esteban Valenzuela quedaron por debajo de la DC. De ahí que también le otorguen mucha importancia a lo que suceda con Soto, González y Girardi.

A lo anterior se suma el episodio Schaulsohn no sólo en términos de la “mala imagen” que tiene el partido, sino porque si al ex timonel se le expulsó sólo por dichos, aun cuando fueran graves, por lógica la decisión de la mesa debería ser muy dura respecto de Soto, González y Girardi cuando sean formalizados, escenario que ya nadie pone en duda en el PPD.

A su llegada a la sede, Bitar anunció una serie de medidas para darle un nuevo empuje a la colectividad. “Hemos tomado decisiones como no ha hecho ningún otro partido, entre ellas poner límite al número de veces que puede ser reelegida una persona, de manera de tener más movimiento de gente”, anunció. Después detalló una serie de otras acciones: impulsar una ley del lobby “que sea transparente”, promover la necesidad de crear de una AFP del Banco del Estado, pedir al Gobierno que revise las exenciones tributarias como complemento a la reforma previsional y promover cambios legales que impidan que los dueños de empresa puedan usar información privilegiada.