El mercurio
14.01.2007
El Mercurio
14.01.2007
Cuatro medidas cautelares y que el Ministerio Público solicite lo antes posible el desafuero de los diputados PPD Rodrigo González y Laura Soto pedirán a la Corte de Apelaciones de Valparaíso para formalizarlos. Es parte de la presentación que harán el lunes los querellantes de RN en la investigación por desvíos de fondos de los Programas de Generación de Empleo (PGE) a campañas políticas.
Así lo confirmó el abogado Cristián Letelier, que representa en este proceso al senador RN Sergio Romero, tras el fallo del Tribunal Constitucional que desestimó los recursos de inaplicabilidad interpuestos por los parlamentarios y dio luz verde a la petición de desafuero.
Letelier dijo que las medidas que propondrán al fiscal regional para que este las pida al juzgado de garantía incluyen el arraigo para que no puedan salir del país, que firmen cada cierto tiempo en el Ministerio Público, que no se comuniquen con los involucrados en el caso y que no asistan al Congreso.
El abogado sostuvo que en contra de Soto y González hay antecedentes suficientes como para que la Corte los desafuere y dé lugar a la formación de causa, incluso para imputar al diputado PPD por San Felipe, Marco Antonio Núñez.
Respecto a los últimos casos de corrupción conocidos, dijo que obedecen "a la politización de la administración pública, y en esto quiero recordar a Jaime Guzmán, partidario de la despolitización. Lo que pasa es que cuando los partidos tienen parcelas en la administración pública, obviamente que ocurren cosas como estas. Un entrevistado dijo "yo soy y pienso PPD, y eso es porque la administración pública está politizada".
Desafío
Los diputados PPD Laura Soto y Rodrigo González emplazaron al Ministerio Público a "que mañana mismo pida el desafuero", luego que el Tribunal Constitucional desestimara el viernes los recursos interpuestos por ambos para impedir que el organismo formulara cargos en su contra, por el presunto desvío de fondos públicos a sus campañas. Al respecto, González dijo preferir que las investigaciones las realice "un tribunal más idóneo, competente y objetivo como la Corte de Apelaciones", solicitando su desafuero.
Según la interpretación de los parlamentarios a la resolución del TC, esta sería ampliamente favorable a ellos. "Lo que dice este fallo es que la Fiscalía no nos puede tocar ni con el pétalo de una rosa, y lo que ha hecho es sólo darnos hachazos", dijo Soto.
Los parlamentarios calificaron como una "persecución política" el modo en que el Ministerio Público interpretó el fallo del Tribunal Constitucional. Al respecto, Laura Soto dijo tener sospechas sobre la coacción de testigos y presiones por parte de la DC y senadores de la Alianza.
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