Carta de Schaulshon a Tribunal Supremo

Santiago, 22 de diciembre de 2006

Señores
Miembros
Tribunal Supremo
Partido Por la Democracia
Presentes.-


Compañeros:
Respondo a la nota fechada el 12 del corriente en la cual se me solicita "informe por escrito acerca de los hechos que podrían explicar mis declaraciones", aparecidas en los medios de comunicación y que se refieren al tema de la falta de probidad durante los últimos años

En primer lugar, cabe señalar que ellos son públicos y notorios y obran en conocimiento de la opinión pública en general ya que han recibido profusa difusión y condena de la propia Presidenta Michelle Bachelet. De hecho, el gobierno, con la colaboración de Transparencia Internacional, ha preparado un paquete de 30 medidas anticorrupción justamente para combatir y corregir estos males. Del análisis detallado de dichas medidas se desprende inequívocamente que existe plena conciencia de que afrontamos un serio quebrantamiento de la probidad pública, junto a abusos de poder y recursos fiscales para fines políticos que es urgente combatir.

El país ha sido sacudido por graves denuncias sobre el desvío de dineros de instituciones públicas hacia fines distintos a los contemplados en la ley. Es así como en el caso de Chiledeportes hay varios funcionarios formalizados por los delitos de fraude y estafa al fisco y se encuentran detenidos; otros han sido expulsados de la institución, presentaron su renuncia o están siendo investigados por un fiscal con dedicación exclusiva. Entre ellos, algunos militantes de nuestro partido, por haber confeccionado un listado de asignaciones discrecionales cuyos beneficiarios serían parlamentarios, concejales y alcaldes PPD. De hecho, los implicados en el ya famoso "affair" del email, Farías y Morales, han sido objeto de sanciones por este mismo tribunal y el jefe de gabinete del ministro Secretario General de Gobierno debió dimitir.

Están, además, los casos del presunto uso indebido de dineros de los programas de empleo para pagar activistas de campañas políticas, que afectan a a lo menos cuatro diputados de nuestra colectividad (y de otras) dos de las cuales están bajo inminente formalización por el fiscal que investiga el caso. Ella no se ha materializado única y exclusivamente por sendos recursos pendientes ante el Tribunal Constitucional en el cual se sostiene que para formalizar a un parlamentario se requeriría el paso previo del desafuero. Sin embargo, son varios militantes, dirigentes y autoridades públicas PPD los que ya han sido formalizados por él. Ello incluye al secretario de un diputado PPD de la Novena Región que falsificó la firma y un timbre de un alcalde para poder presentar un proyecto a Chiledeportes.

Mención aparte merece el hecho que dos de los cuatro vicepresidentes electos en los últimos comicios internos enfrentan acciones judiciales por, entre otras cosas, haber incluido facturas falsas en su rendición de cuentas ante el Servel. Me refiero al senador Guido Girardi y a la diputada Carolina Tohá. En el caso del primero, su administrador de campaña ha confesado la compra de facturas y está formalizado por el delito de estafa al Fisco; y el Consejo de Defensa del Estado ha estimado necesario querellarse por otros delitos. Como resultado de todo ello, tres de los vicepresidentes están cuestionados y dos suspendidos del ejercicio de sus cargos. Pero hay más; es un hecho público y notorio que el fiscal indaga también el manejo de los dineros de campaña efectuado por el propio PPD y que en la contabilidad del partido habría facturas de dudosa procedencia, habiéndose citado ya a declarar a funcionarios administrativos, al ex tesorero y al actual; y que se han formulado acusaciones ante el fiscal en contra del alcalde PPD de Conchalí, Carlos Sotolichio, por pagar con fondos municipales a activistas de campaña del senador Girardi, y en contra del alcalde PPD de Lo Prado y presidente metropolitano del partido, Gonzalo Navarrete, por haber ofrecido empleo remunerado en su municipio a la militante PPD Nora Pérez a cambio de que ésta faltara a la verdad en relación con su rendición de cuentas. Todos estos antecedentes obran en poder del tribunal.

En el contexto de estos escándalos se abrió también un debate sobre la presencia masiva de los denominados "operadores" en puestos de la administración pública. Se trata de individuos que acceden a cargos de relevancia fruto del "padrinazgo" de caudillos al interior de los partidos, en compensación por apoyos recibidos en campañas internas o de elección popular y que han sido protagonistas de muchos de los hechos de corrupción. Para conjurar este mal, la Presidentea Bachelet incluyó entre sus propuestas el fortalecimiento de la Alta Dirección Pública, la ampliación de los concursos a casi todas las reparticiones fiscales y una acción en curso de identificación y eliminación de estos operadores de los distintos ministerios y reparticiones. Ello, sin perjuicio de una gran cantidad de personas que ocupan formalmente cargos en el Estado, pero sólo como medio de sustentar sus gastos de vida mientras se dedican por entero a la actividad político partidista.
Desgraciadamente los casos analizados no son únicos ni extraordinarios y han persistido pese a todos los esfuerzos de la Concertación por atacar el problema. En Chiledeportes, entonces Digeder, ya en 1992 se habían suscitado situaciones irregulares que dieron lugar a la formación de una Comisión Investigadora de la Cámara y a reformas legales, llegándose incluso a cambiar su nombre. Todos recordamos el caso del ügdesmalezamientoüh que afectó a la Refinería de Petróleos de Concón y que fuera denunciado por la entonces senadora PPD Laura Soto. También está el doloroso episodio de las indemnizaciones de Enap, las asesorías de Codelco, los sobresueldos y la saga de MOP-Gate, que consistió en el uso de medios ilegítimos e ilegales para alcanzar propósitos declarados como loables, tales como el mejoramiento de la infraestructura, y que derivó en el procesamiento, detención y condena de numerosos funcionarios públicos. Es difícil aquilatar el daño que ha significado para la probidad el que estas ilegalidades en vez de haber sido condenadas se hayan justificado. Con ello se envió la señal equivocada respecto de lo que se espera de los funcionarios públicos en materia de probidad y se avaló la doctrina de que el fin justifica los medios. Como dijo el ex ministro de Defensa del Presidente Frei, Edmundo Pérez Yoma en entrevista el sábado 16 de diciembre de 2006, los sobresueldos en concesiones tuvieron un efecto "muy nefasto porque permitió un relativismo. Fue un error y malo". La persistencia de hechos censurables llevó al ex ministro del Presidente Patricio Aylwin Edgardo Boeninger, en entrevista publicada en el diario El Mercurio el domingo 3 de diciembre, a hablar de "generalización de prácticas indebidas, corruptelas crecientemente difundidas en el Estado". Agrega que en la Concertación se pensó que así como el privado favorecía fundamentalmente a los partidos de derecha "no sería ilegítimo recibir financiamiento público a través de los recursos estatales para los programas sociales". Estos conceptos fueron refrendados el domingo recién pásado por el ex subsecretario del Presidente Eduardo Frei y del Presidente Ricardo Lagos y ex presidente del Partido Socialista, Gonzalo Martner, quien afirmó que los partidos de la Concertación se beneficiaron con fondos reservados y que el intervencionismo electoral existió.

Sobre esta materia debo consignar que me consta que efectivamente cuando asumí la presidencia del PPD en 1994 existía desde antes y continuó después un sistema de ayuda económica directa que en ese entonces recibían todos los partidos de la Concertación proveniente del Ejecutivo.

El tema de la corrupción no es nuevo entre nosotros; ya emergía con fuerza en la agenda pública a mediados de los noventa. Casos como los que afectaron a la Onemi, RPC, Digeder, Serplac III Región, Colectores de Esval, falsificaciones de Aduanas, fraude al fisco en Empremar, arriendos ilícitos en Emporchi, Indap, Sence, entre muchos otros, llevaron al Presidente Frei a constituir una Comisión Nacional de Etica Pública, la que me correspondió integrar en mi calidad de presidente de la Cámara de Diputados, y que propuso 40 medidas para combatirla. Sin embargo, al cabo de unos pocos años una nueva crisis derivó en el acuerdo Insulza-Longueira, cuyo propósito fue superar una difícil coyuntura política derivada del uso indebido de gastos reservados para inflar las remuneraciones de un conjunto de funcionarios públicos. Y, ahora, en el cuarto gobierno de la Concertación, la Presidenta Michelle Bachelet se ha visto obligada a repetir la historia, convocando, una vez más, a un grupo asesor y a proponer 30 medidas adicionales, entre las que llaman especialmente la atención las que combaten la intervención abusiva del Ejecutivo en los procesos electorales, un hecho que hasta hace muy pocas semanas nos negábamos a reconocer.

Es necesario, entonces, preguntarse ¿por qué, pese a las medidas adoptadas por los sucesivos gobiernos concertacionistas, que obviamente reconozco y valoro, no hemos podido derrotar este flagelo? Es indudable que corrupción siempre existirá, pero hay que estar vigilantes.

Ese es el origen de mis reflexiones. Nadie puede sentirse ofendido por ellas. Mantengo y reafirmo todos y cada uno de mis dichos. Estoy convencido de que hemos permitido el desarrollo de una cultura o ideología que mira con benevolencia el uso de los recursos públicos para fines políticos y que, para superar el problema, debemos derrotarla. Que con ello nuestro compromiso con la ética se ha visto disminuido y hoy estamos pagando las consecuencias. Como afirma el profesor Carlos Peña González, nada sacamos con hablar de corrupción si no somos capaces de ver la realidad y tomar nota de que se trata de una forma de conducta fuertemente arraigada en una tradición de Estado muy fuerte que ha estimulado el surgimiento de una cultura de la mendicidad hacia el Estado que es aprovechada por quienes viven de la política; estar largo tiempo en el poder genera ocasiones para la corrupción y para la captura del Estado por oligarquías y grupos que acaban aferrándose al poder a cualquier costo. Llega un momento en que quienes hacen política no saben hacer otra cosa y pedirles entonces que vivan fuera del Estado es como pedirle a un pez que viva fuera del agua, o de la pecera. El antídoto, sugiere Peña, es que hay que esmerarse en hacer circular y renovar las elites, cosa que entre nosotros no ocurre. La cultura a la que aludo impone como valor y obligación superior lealtad al grupo por sobre los principios; privilegiar a los amigos y parientes; seleccionar proyectos en función de intereses y no de mérito. En síntesis, el cultivo de la mediocridad en desmedro de la excelencia.

Me entristece la intolerancia y falta de espíritu democrático de que han hecho gala muchos de mis compañeros. Me preocupa la actitud corporativista y defensista, que niega, rechaza y descalifica; nuestra total incapacidad para contextualizar los fenómenos y la tendencia a atribuirlo todo a actos individuales de modo que nadie más que unos pocos deben asumir responsabilidad. Me desconciertan el uso reiterado de la teoría del "empate", las constantes referencias a la dictadura militar y sus latrocinios como forma de explicar y justificar nuestro propios errores, delitos y faltas; ese afán de reducirlo todo a una confrontación entre el bien y el mal, a dividir el mundo entre quienes "cierran filas" o "le hacen el juego a la derecha", porque ello, dicho sea de paso, está en el origen de la ideología de la corrupción.

Sin otro particular, les saluda afectuosamente,

Jorge Schaulsohn B.