Revise el escrito presentado por la Concertación

EN LO PRINCIPAL: Amplía denuncia.
PRIMER OTROSÍ: Acompaña documentos.
SEGUNDO OTROSÍ: Solicita se cite a declarar.

S. J. L. EN LO PENAL
(2º del Crimen de Santiago)


ALEJANDRO NAVARRO BRAIN, RICARDO NUÑEZ MUÑOZ, PEDRO MUÑOZ ABURTO, JAIME GAZMURI MUJICA, NELSON AVILA CONTRERAS, CARLOS OMINAMI PASCUAL y JAIME NARANJO ORTIZ, CAMILO ESCALONA, JUAN PABLO LETELIER, todos Senadores de la República, e IVAN PAREDES FIERRO, Diputado de la República, todos domiciliados para los efectos de esta demanda en el Congreso Nacional, Avenida Pedro Montt sin número, a US. respetuosamente decimos:

Que venimos en solicitar ampliación de la denuncia efectuada por los presidentes de la UDI y RN, Hernán y Carlos Larraín, más los senadores Alberto Espina (RN), Jovino Novoa (UDI) y los diputados Nicolás Monckeberg (RN), Marcelo Forni (UDI) y Gonzalo Uriarte (UDI), para interponer la denuncia, originada en las declaraciones de los dirigentes concertacionistas Edgardo Boeninger (DC), Jorge Schaulsohn (PPD) y Gonzalo Martner (PS), relativa a los delitos de malversación de caudales públicos y, eventualmente, de fraude fiscal y negociaciones incompatibles, en el uso de gastos reservados, por las consideraciones de hecho y de derecho que a continuación señalamos.


LOS HECHOS

Que a nuestro juicio, la investigación en el uso de gastos reservados que se ha solicitado a este tribunal no debe ser investigado sólo en el período de los Gobiernos de la Concertación, esto es desde 1990 a la fecha, sino que desde antes, a lo menos desde 1985, toda vez que existen antecedentes que obran en otras investigaciones judiciales y en los medios de comunicación que lo hacen pertinente y necesario.

Durante la Dictadura encabezada por el ex General Augusto Pinochet, recientemente fallecido, el uso de gastos reservados fue utilizado de manera arbitraria, tanto así que se ha investigado el hecho de que ellos fueran a parar a su propio bolsillo.

En Chile, los fondos reservados manejados por el Gobierno ascienden a poco más de 12 mil millones de pesos anuales. La cifra revela una baja sustancial desde el último año del régimen militar (en 1989 alcanzaron a 33 mil) y también una merma si se compara con la década recién pasada (entre 1990 y el 2000, el promedio de gastos reservados ascendió a 16 mil 322 millones anuales, es decir, poco más de 24 millones de dólares.

Diez días después del golpe de Estado, el 21 de septiembre de 1973, Pinochet sostuvo en una declaración jurada que tenía un patrimonio de casi 118 mil dólares. A meses de dejar el cargo, el 17 de octubre de 1989, en otra declaración jurada, fijó sus bienes en 458 mil dólares.

Desde septiembre de 1973 a marzo de 1990, Pinochet dispuso de millones de dólares anuales, por concepto de gastos reservados de la Presidencia. Este ítem se incrementó en 1988 y 1989, a raíz del plebiscito presidencial y la debacle del cambio de Gobierno, donde reinó la regla de "llevarse todo lo posible para la casa".

La revelación que muchos sospechaban, pero pocos se atrevieron a confirmar, provino del entorno más íntimo del general, de Marco Antonio Pinochet, su hijo, quien se apartó de la línea impuesta por los abogados defensores al interior de la dividida prole de la familia Pinochet Hiriart.

El hijo menor se desperfiló del discurso jurídico que privilegia las "donaciones privadas" al afirmar que era "muy posible que algo provenga de los fondos reservados, de viáticos y de gastos de representación que manejó mi padre. No hay que olvidarse, como les dije a los americanos, que él no fue sólo un general, fue un hombre que gobernó un país como Chile 17 años".

La ex ministra de Justicia y prima de Pinochet, Mónica Madariaga, apuntó en la misma dirección, al declarar que "tengo mi teoría sobre las platas: yo creo que son fondos que provienen única y exclusivamente de los gastos reservados de las instituciones que él dirigía y creo que él confundió el patrimonio público con el patrimonio privado. Él decía `estos fondos reservados que me dan a mí y que no tengo obligación de rendir cuenta...' y ahora con mayor razón ya que Impuestos Internos sacó una resolución que dice que los `sobrecitos' no son tributables, no son investigables".

El albacea de Pinochet, Oscar Aitken, se refirió a "la posibilidad de que estos montos pudiesen haber provenido de gastos reservados". Y fue más lejos, cuando especuló que Pinochet podría haber tomado para su uso personal el uno por ciento de los gastos reservados de que dispuso en sus casi 17 de gobierno, estimado el total en 500 millones de dólares.

De las declaraciones de tres personeros de su entorno íntimo, se puede deducir que parte de esta enorme cantidad de dinero haya ido a engrosar sus propias cuentas secretas. Más aún, frente a las declaraciones del hijo menor, quien aclaró que "en todo caso, se trataría de un problema ético y no de un delito".

El general ejerció el rango de comandante en Jefe del Ejército por 25 años. Anualmente se le asignaba a esta institución armada 3 millones de dólares por concepto de gastos reservados, sin estar obligado a rendir cuenta a la Contraloría. El Jefe máximo debía aprobar los egresos, lo que lo hace responsable de 75 millones de dólares recibidos por su institución.

Como es sabido, el denominado Caso Riggs, estalló el 14 de julio de 2004 por una investigación realizada por el Senado de Estados Unidos, en la búsqueda de eventual financiamiento a actividades terroristas en su territorio, esto tras el atentado el terrorista a las Torres Gemelas, en Nueva York.

Aunque el abogado defensor de Pinochet, Pablo Rodríguez, ha asegurado que el general (R) no tiene más que el producto de sus ahorrros y los respectivos intereses y que le contabilizan varias veces los mismos depósitos y egresos para multiplicarle casi por tres sus haberes, el primer ministro instructor del caso Riggs, Sergio Muñoz, se los calculó en más de 25 millones de dólares.

Y estableció que provenían del mal uso que le dio a gastos reservados que recibió mientras estuvo al mando de la nación, hasta 1990, y se desempeñó como Comandante en Jefe del Ejército, hasta 1998.

"Concretamente, a la fecha se tiene que de los dineros provenientes de gastos reservados destinados a la Casa Militar, se utilizaron para gastos propios de Pinochet y de su familia la cantidad de US$ 285.218, fondos por los cuales a lo menos podría configurarse el delito de malversación de caudales públicos", estableció Muñoz, logrando el desafuero del ex gobernante. Y por este motivo estaba pendiente que el actual instructor, ministro Carlos Cerda, resolviera su eventual procesamiento.

Muñoz también estableció que entre 1989 y 2002, Pinochet utilizó las cuentas abiertas en el Riggs de Miami a nombre de sus secretarios privados para transferir dineros provenientes de las cuentas que mantenía en el extranjero con fondos estatales y bajo seudónimos. El magistrado estimó el monto en US$1.935.490, señalando que "eran utilizados en su totalidad para solventar los gastos personales de Augusto Pinochet, para transferirlos a otras cuentas, o para ser utilizados por su familia y su secretaria Mónica Ananías".

La defensa de Pinochet ha insistido hasta el cansancio en que a génesis de los dineros de Pinochet está en los gastos reservados de los que se apropió mientras era Presidente, con el fin de proteger su incierto futuro con la llegada de la democracia en 1990.

El abogado de Marco Antonio Pinochet, Fernando Barros, quien también trabaja junto a la defensa del general(r), reveló que parte del dinero que Pinochet tiene en cuentas en el exterior fueron sacadas del ítem “gastos reservados” de la Presidencia durante la década de los 80.

La intención, dice el abogado en entrevista con el diario La Tercera, fue crear una "reserva de seguridad" frente al clima de peligro que enfrentaría tras dejar el poder.

"La defensa maneja el escenario de un total de dinero al año 2004 de US$11 millones fuera de Chile. De éstos, US$1,7 millones son ahorros propios; US$2,5 millones provienen de gastos reservados y US$1,8 son donaciones". El saldo, es decir los US$5 millones restantes, "vienen de intereses, dividendos y ganancias de capital entre 1965 y 2004", agregó.

La razón que esgrime Barros para apropiarse de al rededor de 2.5 millones de dólares de los gastos reservados de la Presidencia durante los años 80 sería el complejo escenario que se vivía en ese momento, donde se pensó que incluso el general(r) podría ser “expulsado del país”. “Sin querer justificarlo, el escenario político para Pinochet era muy complejo" y que éste podía incluso "ser expulsado del poder" o sufrir un nuevo atentado. Por lo mismo, dice, el ex uniformado tenía "ahorros de origen legítimo" que se mantuvieron como "un seguro para enfrentar las contingencias asociadas al rol político que él desempeñó".

En este sentido, el jurista define los fondos de Pinochet como "una reserva de seguridad" que, para cumplir su objetivo, debía tener un carácter reservado. Y añade que "era tal el peligro que el entorno llamado a protegerlo ve que (Pinochet) enfrenta a principios de los 80, que aparece como algo indispensable blindarlo".

La investigación del Ministro Muñoz va más allá, pues en las indagaciones por el Banco Riggs, se descubrió el nexo con la denominada Casa Militar. La Casa Militar era la organización interna del círculo más cerrado de Pinochet, cuando ocupaba La Moneda, y contaba con millones de dólares de presupuesto como gastos reservados para todo tipo de operaciones: desde el pago de informantes hasta el cuidado de jardines.

Esta especie de departamento de finanzas administrativo de La Moneda tuvo una cuenta bajo ese nombre en el Riggs Bank. En ella se depositaron millonarias sumas de dinero, que fueron trianguladas a distintos bancos donde Pinochet -gracias a su calidad de cliente VIP- usó variados “alias” para esconder su identidad.

La cuenta fue descubierta por las indagaciones, documentos, contactos y declaraciones que ha tomado Muñoz desde el inicio de la investigación. De hecho, el magistrado identificó a dos militares en retiro que fueron jefes de la Casa Militar por varios años. Se trata nada menos que de los generales (R) Jorge Ballerino y Guillermo Garín.

Estos hechos muestran que el uso ilegal de gastos reservados no se ha limitado a la época que abarca la denuncia que aquí ampliamos, sino desde mucho antes, lo que también abarca hechos constitutivos de los delitos de malversación de caudales públicos y, eventualmente, de fraude fiscal y negociaciones incompatibles.


EL DERECHO

Estos hechos claramente constituyen los mismos delitos a que esta denuncia accede, establecidos en el Código Penal, en los artículos 233 y ss., 239 y ss; y 240 y ss. del Código Penal.

El Artículo 233 dispone:

“El empleado público que, teniendo a su cargo caudales o efectos públicos o de particulares en depósito, consignación o secuestro, los substrajere o consintiere que otro los substraiga, será castigado:
1.º Con presidio menor en su grado medio y multa de cinco unidades tributarias mensuales, si la substracción excediere de una unidad tributaria mensual y no pasare de cuatro unidades tributarias mensuales.
2.º Con presidio menor en su grado máximo y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales, si excediere de cuatro unidades tributarias mensuales y no
pasare de cuarenta unidades tributarias mensuales.
3.º Con presidio mayor en sus grados mínimo a medio y multa de once a quince unidades tributarias mensuales, si excediere de cuarenta unidades tributarias mensuales.
En todos los casos, con la pena de inhabilitación absoluta temporal en su grado mínimo a inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos”.

El Artículo 239, señala “El empleado público que en las operaciones en que interviniere por razón de su cargo, defraudare o consintiere que se defraude al Estado, a las municipalidades o a los establecimientos públicos de instrucción o de beneficencia, sea originándoles pérdida o privándoles de un lucro legítimo, incurrirá en las penas de presidio menor en sus grados medio a máximo, inhabilitación especial perpetua para el cargo u oficio y multa del diez al cincuenta por ciento del perjuicio causado”.

Finalmente, el Artículo 240 establece que: "El empleado público que directa o indirectamente se interesara en cualquiera clase de contrato u operación en que deba intervenir por razón de su cargo, será castigado por las penas de reclusión menor en su grado medio, inhabilitación especial perpetua para el cargo u oficio y multa del 10 al 50 por ciento del valor del interés que hubiere tomado en cuenta".

Claramente, el ex General Pinochet no extrajo el mismo, de manera personal, los gastos reservados que se le endilgan desde su propio sector. Sus colaboradores, Ministros, Subsecretarios, y otros funcionarios, deben haber sido autores, cómplices y encubridores de estos delitos, hechos que también deben ser investigados.

Cabe además suponer que estos gastos reservados pudieron tener como destino otros fines que engrosar el patrimonio de Pinochet: finaciamiento de los partidos políticos afines, campañas electorales, u otros, y que es algo que esperamos que la investigación pueda establecer.

POR TANTO,

Ruego a US, que en atención a lo establecido en los artículos 82 y ss. del Código de Procedimiento Penal, tenga por interpuesta la ampliación de denuncia señalada, investigando desde el año 1985 los delitos de malversación de caudales públicos, de fraude fiscal y negociaciones incompatibles, en contra de quienes resulten responsables.

PRIMER OTROSI: Acompañamos a esta denuncia los ss. archivos de prensa que avalan los hechos denunciados aquí:

1. El Quid de las platas de Pinochet. El Periodista. Año 3, N°76, Viernes 03 de Diciembre de 2004.
2. Gastos reservados serían origen de fortuna de US$25 millones. El Mercurio, Lunes 11 de diciembre de 2006.
3. Ejército tiene la clave sobre origen de fortuna de Pinochet. La Nación, Lunes 18 de Abril de 2005
4. Defensa de M. A. Pinochet dice que parte de la fortuna del general(r) proviene de "gastos reservados". La Nación, Domingo 17 de Abril de 2005.
5. Garín y Ballerino en la mira de Muñoz. La Nación, Domingo 13 de Febrero de 2005.

POR TANTO,

Ruego a Us., tenerlos por acompañados.

SEGUNDO OTROSÍ: Solicito a Us. se cite a declarar a todos los ex ministros del Interior, de la Secretaría General de la Presidencia y de Gobierno, más sus respectivos Subsecretarios, y a todos quienes ocuparon los cargos de presidentes, secretarios generales o tesoreros de partidos que apoyaron el Gobierno Militar, durante el período que abarca esta ampliación de denuncia, sobre los hechos de la misma.

En especial, solicitamos la citación a declarar de las ss. personas:

1. Alberto Cardemil Herrera, Subsecretario del Interior
2. Carlos Bombal Otaegui, Asesor de la Presidencia, desde 1977
3. Jovino Novoa, ex Subsecretario de Gobierno entre 1979 a 1982
4. Sergio Fernández, Contralor General de la República en 1978, Ministro del Interior entre 1978- 1982 y 1987-1989
5. Francisco Javier Cuadra
6. Sergio Diez
7. Mónica Madariaga
8. Ricardo García Rodríguez, quien reemplazó a Sergio Onofre Jarpa en el ministerio del Interior en febrero de 1985.
9. Ambrosio Rodríguez, ex asesor jurídico del ministerio del Interior, y Procurador General de la República
10. Alfonso Rivas, coronel, ex subsecretario de gobierno para el plebiscito del 88.
11. Ricardo García Rodríguez, ex Ministro del Interior, 1985
12. Carlos Cáceres Contreras, ex Ministro del Interior, 1988
13. Gonzalo García Balmaceda, ex Subsecretario del Inmterior 1988
14. Alfonso Márquez de la Plata
15. Sergio Onofre Jarpa
16. Sergio de Castro
17. Hernán Buchi
18. César Benavides
19. Enrique Montero Marx
20. Ricardo García
21. Jaime del Valle

Asimismo, solicitamos los generales (R) Jorge Ballerino y Guillermo Garín, por los mismos hechos, en tanto declararon como imputados en la investigación sobre el origen de los dineros del Banco Riggs.

POR TANTO,

Ruego a Us. acceder a lo solicitado.