La súplica de los tesoreros de la Concertación

La Nación
24.12.2006

“Haciendo magia”. Sólo de ese modo los tesoreros de los partidos oficialistas, aseguran, logran mantener a flote cada mes la escuálida contabilidad interna de sus tiendas. Es que según Patricio Tapia (PS), Walter Oliva (DC) y Alejandro Bahamondes (PPD), los tres partidos políticos más grandes del conglomerado deben arreglárselas para sobrevivir; en el caso del PPD, con 15 millones de pesos mensuales, 20 la DC y 30 millones el PS.

La diferencia se produce por la forma de invertir el capital y por los bienes que conforman el patrimonio de cada cual.



PS, EL MÁS EMPRESARIAL

Aunque para los tres el dinero siempre hace falta para los gastos mensuales, Patricio Tapia, secretario de finanzas del PS, se siente bastante menos “apretado” que sus compañeros oficialistas. El PS dobla al PPD y supera por un tercio a la DC en promedio de ingresos, porque ha ideado un fondo de inversión a partir de la devolución de propiedades expropiadas durante la dictadura, que se produjo el año 2000. Con la venta de estos inmuebles logró juntar un capital de inversión que está administrado por una “comisión patrimonio”, compuesta por siete personas, entre ellas la esposa del ex ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre, Jessica Cuadros, y el que fuera subsecretario de Economía de Salvador Allende, Óscar Guillermo Garretón.

Es así como en el socialismo obtienen más de dos tercios de sus ingresos totales. El dinero está asegurado, ya que el Comité Central de la tienda le ordenó a la comisión patrimonio invertir en fondos de bajo riesgo: por esta vía el PS consigue 23 millones de pesos mensuales.

Los militantes contribuyen “disciplinadamente” con el resto, según asegura Tapia. Sin embargo, sus compañeros contables de la DC y PPD se quejan de la falta de rigurosidad de sus miembros al momento de entregar las cotizaciones.

El PS exige a sus militantes que son parlamentarios una cuota de 200 mil pesos mensuales, mientras en las otras colectividades se les pide una cuota normal, igual a la del resto. El PS no tiene muchas propiedades, aunque con el dinero recibido por sus inmuebles se compró la sede nacional, ubicada en la calle París, por 300 millones de pesos, más casi 200 millones invertidos en su remodelación.

Los dirigentes nacionales no son remunerados, y tampoco lo son en el PPD. En el caso de la DC, algunos sí reciben dinero.

El PS gasta el 50% de sus ingresos en gastos corrientes (luz, agua, teléfonos) y las remuneraciones a los funcionarios. El otro 50% está destinado a las actividades “políticas propias de la institución”, según explica Tapia, lo que implica jornadas, eventos temáticos, encuentros, congresos programáticos, pasajes para traslados.

Pero si actualmente las cuentas en el PS parecen holgadas, esto no siempre fue así. El presidente de la colectividad, Camilo Escalona, recordó que muchas veces en la década de los ’90 tuvieron cortados los teléfonos por impago. Mientras, el vicepresidente Ricardo Solari dijo a LND que la creación de la comisión patrimonio fue un gran acierto, y le recomendó a sus socios concertacionistas adoptar un modelo similar. “Recomiendo tener gente independiente y de buen nivel a cargo de estos temas”, sostuvo. Además, insistió en la necesidad de contar con financiamiento estatal para las colectividades políticas. Para Patricio Tapia, el PS está en una mejor situación económica que los demás partidos, pero sus ingresos son aún “insuficientes para cubrir las necesidades que las instancias del partido requieren”, advirtió.



LA DC, DUEÑA DE PROPIEDADES

La DC tenía el privilegio de ser el partido concertacionista con mayor ingreso, hasta la conformación de la comisión patrimonio en el PS.

Desde la vuelta de la democracia, la falange ha mantenido la misma cantidad de ingresos derivados de los más de 50 inmuebles que tiene a lo largo del país. Los balances anuales entregados por los partidos al servicio electoral entre 1988 y 2000 muestran capitales casi diez veces superiores a los del PS y el PPD, sus entonces “socios pobres”.

En 1990, la DC rindió cuentas por 160 millones, mientras el PS lo hizo por 20 y el PPD por apenas 4 millones. Al año siguiente, la DC rindió 240 millones, mientras el PS, 25, y el PPD, 31. El año 1994, la DC nuevamente alcanzó los 240 millones.

Según el balance que la falange presentó al Servel el año pasado, la DC recibió por concepto de arriendos 528.378.309 pesos, lo que le permitió incluso financiar parte de las campañas senatoriales y diputaciones del partido. La cifra no representó un gran porcentaje del dinero total que manejó la tienda, gracias a los aportes extraordinarios de la campaña: 2.100 millones de pesos.

La segunda forma de financiamiento es a través de la cotización obligatoria de sus militantes, que según el secretario nacional, Moisés Valenzuela, ”en la práctica termina siendo voluntaria”.

Los gastos de la DC se dividen en el arriendo de las sedes locales, aunque no deben pagar por la sede nacional, ubicada en Alameda 1460. El segundo desembolso son los sueldos de los funcionarios y también las actividades organizadas por la dirección nacional.

Según explica Walter Oliva, actualmente la DC logra ahorrar, pero poco en comparación con años anteriores, porque las cotizaciones de la militancia han bajado considerablemente. De hecho, para el tesorero de la DC, el dinero recaudado “no es suficiente", y "debiera haber un aporte del Estado” con el que se pudieran llevar a cabo los eventos propios de la colectividad.

“Ojalá podamos ir avanzando en la línea que se discutió en 2003”, sostuvo el dirigente. La ley aprobada en agosto del año 2003 sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, fija un tope a los dineros de campaña y además contempla la devolución de capital dependiendo del resultado de las elecciones. Mientras más votos tiene un partido, más recibe por parte del Estado.

Valenzuela explicó que su ideal de financiamiento consiste en aporte estatal completo. “En la mayoría de los países del mundo se establece una relación entre dinero y política para que el primero no sea influyente en las decisiones”, indicó. Es por eso, argumenta, que “el Estado debiera entregar una cantidad de dinero a cada partido tomando como referencia sus últimos resultados electorales, y prohibir otros ingresos”.

Respecto del uso de dineros de los gastos reservados para financiar la actividad concertacionista, Valenzuela lo desmintió tajantemente. “Nunca hemos recibido dineros del Estado. Mientras no haya una ley no podemos recibirlo”, aseguró.

Para el futuro, la DC ve con muy buenos ojos imitar el modelo socialista, e incluso su presidenta, Soledad Alvear, planteó la opción de vender la sede de Alameda 1460, adquirir otra más pequeña y el dinero sobrante invertirlo en fondos mutuos. “El modelo del PS me parece muy bueno. Ellos invierten la plata que recibieron y sólo gastan la rentabilidad que tienen sobre ella. Me parece súper sano y es un ejemplo a seguir. Las platas recibidas se nos fueron prácticamente todas en pagar deudas”, sostuvo Oliva.



EL SUEÑO DEL PPD:

MILITANTES ACCIONISTAS

El PPD siempre ha sido uno de los más pobres de los partidos de la Concertación. El 2005, según el balance del Servel, la colectividad recibió en cotizaciones de sus militantes 179 millones, lo que da un promedio mensual de 14. Pero se daba lujos como mantener una sede a pasos de La Moneda, en Morandé 115, cuyo arriendo costaba 3.370.000 pesos mensuales. Al asumir Sergio Bitar, éste decidió abandonar ese oasis minimalista y postmoderno legado por la administración de Víctor Barrueto.

A juicio de Alejandro Bahamondes, tesorero del partido, la decisión fue acertada, ya que la antigua sede “parecía más una oficina de AFP”. La actual casa matriz del PPD se ubica en la esquina de Santo Domingo con Almirante Barroso, y fue conseguida a través de un compromiso de compra y venta. Es así como el partido invirtió 20 millones por el plazo de un año para mejorar sus dependencias.

En el PPD los ingresos provienen exclusivamente de la cotización de sus militantes. La tienda no posee propiedades –vendió las que le quedaban para financiar la campaña 2005–, y una de las tareas que se han impuesto es adquirir el mismo inmueble antes de 2008. Otro de los sueños del PPD es crear un fondo de inversiones en el que –a diferencia del PS– los propios militantes participarían como accionistas. “Habrá que hacer una campaña extraordinaria, crear una inmobiliaria donde sean los accionistas quienes pongan dinero, como Colo Colo”, sostiene Bahamondes.

–No se los vaya a comprar Sebastián Piñera, igual que con Colo Colo.

–[Ríe]. No, no será el caso. Es la mejor solución para el PPD.

Estos anhelos se derivan de una contabilidad, según el propio Bahamondes, “absolutamente insuficiente para financiar todas las actividades del PPD. Es por eso que hay déficit, no hay escuelas de capacitación política ni seminarios”, dice apesadumbrado, recordando el bochornoso espectáculo del ex operador político del pasamontañas Andrés Farías. "Este niño debiera expulsarlo el tribunal supremo", sostuvo al respecto.

Para el tesorero PPD –que forma parte de los 102 personeros que podrían ser citados a declarar por la querella interpuesta por la Alianza–, el financiamiento debiera venir del Estado. “La salud de una democracia se mide por la salud de sus partidos. Si las colectividades son débiles, la democracia es débil. Es por eso que el Estado debiera aportar proporcionalmente a los partidos. Eso haría que la fiscalización fuera mucho más clara y que no hubiera misterio”, sostiene.

En el mismo sentido, los diputados “floristas” Esteban Valenzuela y Jorge Insunza llamaron al Gobierno a incluir dentro de las medidas pro transparencia el financiamiento permanente de los partidos políticos.

Con el objeto de ordenar y mantener las cuentas transparentes, el PPD creó una comisión revisora de cuentas, compuesta por Igor Garafulic, Ana María Piergentille y Robinson Riquelme. Ellos deben velar por que los ingresos de las cotizaciones concuerden con los gastos, que se dividen en las actividades, el pago de los funcionarios y los gastos de luz, agua y mejoras de la sede.

En respuesta a la denuncia de Schaulsohn sobre los dineros del Estado para pagar las cuentas de luz, Bahamondes aseguró haber revisado los balances de las administraciones anteriores, sin encontrar registros de esas platas.